Un afiliado del PP financió a Manos Limpias para ejercer la acusación en el 'caso Racing'

Según ha podido saber este periódico, fue un militante del PP, delegado del sindicato en Cantabria, quien encargó a ese letrado la acción popular, y quien pagó en parte la fianza exigida por el juez para permitir a Manos Limpias estar en el proceso contra Agudo y Marcano. La designación del abogado no se hizo de manera azarosa. Se encomendó al mismo despacho donde trabaja el abogado Juan Van den Eynde León, hijo del diputado popular Eduardo Van den Eynde, miembro activo de la comisión parlamentaria impulsada por el PP en la pasada legislatura para investigar las supuestas irregularidades de la sociedad pública Cantur.

Precisamente fueron estas indagaciones en sede parlamentaria las que sirvieron para llevar la operación de compraventa del Racing, celebrada por el Gobierno de PRC-PSOE en enero de 2011, ante la Fiscalía y de ahí al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Pero el Ejecutivo de Ignacio Diego no quería dejar las acusaciones únicamente en manos del fiscal. Por eso, en diciembre de 2013, presentó una querella criminal a través de la propia Cantur contra los anteriores gestores del Ejecutivo y otros acusados. De hecho, el abogado de la sociedad pública, Javier Noriega, mantuvo en toda la instrucción una actitud muy beligerante contra los exconsejeros, a los que no dio tregua, y a los que atribuyó un rosario delitos: malversación de caudales públicos, fraude y delito societario.

Aun así, cuando la causa llevaba ya un año en los tribunales, Manos Limpias entró en el caso ejerciendo la acción popular. Su abogado Francisco Díez Iglesias ha reconocido, a preguntas de este periódico, que fue contratado para llevar el caso por Luis Calle Ibáñez, un promotor inmobiliario de Santoña, miembro del sindicato de funcionarios y afiliado al PP, en tanto que la procuradora era la misma que intervenía en Cantur.

Pero la presencia de Manos Limpias en el proceso no fue gratuita. La juez instructora, Paz Hidalgo, que en su día fue designada magistrada autonómica de la Sala de lo Civil y Penal a propuesta del PP, exigió al sindicato una fianza de 6.000 euros. El abogado de Manos Limpias, que ha sido la única cara visible del sindicato en esta causa, dijo que la organización no tenía dinero y se abrió una cuenta bancaria para reunir esos fondos. Días después y en la misma fecha (24 de noviembre de 2014), en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales se hicieron tres ingresos, de 2.000 euros cada uno, para afianzar la presencia de Manos Limpias en el caso Racing. Uno de esos ingresos lo hizo el militante del PP, Luis Calle Ibáñez, otro lo realizó Natalia Dziarko y el último José Jaime Pérez Pardo, agente inmobiliario.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, contactar con Calle Ibáñez y Pérez Pardo. El primero se encontraba hospitalizado y el segundo de viaje fuera de España, según informó un familiar. Sí lo hizo con la mujer, que en una breve conversación telefónica aseguro estar «en el extranjero» y negó cualquier vinculación con Manos Limpias. «No tengo nada que ver con Manos Limpias», explicó.

El escándalo que salpica ahora a Manos Limpias, con su líder Miguel Bernad en prisión bajo la acusación de formar una organización criminal junto a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), presidida por el abogado Luis Pineda, también en la cárcel, abre un futuro incierto a su intervención en el caso Racing.

Fuentes próximas a los imputados han negado que el sindicato haya ejercido algún tipo de extorsión económica hacia ellos, aunque coinciden en que el «chantaje ha sido político». El letrado Díez Iglesias tenía previsto reunirse ayer mismo con Calle Ibáñez para pedirle explicaciones sobre las supuestas extorsiones y corruptelas atribuidas al sindicato, y valorar su retirada del caso. Un encuentro que tendrá que esperar dado el ingreso hospitalario del militante del PP. El abogado apeló a la «prudencia» antes de tomar una decisión, si bien avanzó que «probablemente renuncie» porque no quiere ver su nombre vinculado a ninguna práctica de extorsión.