Ciudadanos pide "responsabilidades políticas" por el 'caso Sogiese'

Esta empresa, encargada de gestionar los fondos europeos Feder en el sudoeste europeo (Portugal, España y parte de Francia), sobrepagó con 90.000 euros a cinco de sus empleados por encima de lo permitido por la ley entre 2012 y 2015 e incumplió la normativa que obligaba a reducir un 5% su masa salarial, como constata el documento de la Intervención. Y, además, existen indicios de que recibió una «sobrefinanciación» del Ejecutivo regional en 2014.

En un contundente informe, que incluye una dura reprimenda tanto a la Dirección General de Economía como a Sogiese por su «inexistente» ayuda en la investigación, el funcionario acusa al Gobierno de «hacer caso omiso» a la Ley de Finanzas de Cantabria al no haber colaborado en el desarrollo del control financiero. Tanto su participación como la de la empresa «no ha sido satisfactoria» al no haber aportado la documentación solicitada al respecto.

La Intervención General resuelve que los cinco trabajadores tres de ellos directivos y a la entidad deben devolver los 90.000 euros «abonados indebidamente» a la Tesorería del Gobierno cántabro. Y esa cantidad se refiere sólo hasta diciembre de 2015. Por cada mes de 2016 que siga sobrepagando a sus empleados deberá devolver 2.073 euros a las arcas públicas regionales.

El consejero de Economía, Juan José Sota, apeló a las «peculiaridades» de esta empresa para explicar que no se haya adherido, como el resto de entidades públicas, a la normativa cántabra. El dirigente socialista aseguró que el 96,5% de su presupuesto está financiado por Fondos Feder europeos, mientras que la aportación del Ejecutivo autonómico se limita a un 3,5%. «Se trata de una discrepancia jurídica. Hay que dilucidar si estos sueldos pagados por Europa deben atenerse a la ley cántabra», señaló Sota.

Este fue el argumento utilizado por el organismo para rebatir el informe sobre el incumplimiento de las leyes autonómicas que regulan los salarios de los trabajadores públicos. Sin embargo, el interventor insistió en que al tratarse de una sociedad pública regional «debería haber acatado la ley».

La propia comisaria europea responsable del programa se ha interesado por el asunto, según el consejero, que ya ha dado el primer paso para «regularizarlo». Se ha enviado el informe de la Intervención a la empresa y a la Dirección General para que presenten alegaciones. A mediados de mayo, como máximo, su respuesta deberá estar en la mesa de Sota, que tratará el asunto en el Consejo de Gobierno, donde se «tomarán decisiones». «En todo caso, se trata de un error del anterior Gobierno. Esto nos ha venido dado», subrayó.

El portavoz de Ciudadanos fue especialmente duro con las explicaciones del consejero, al que acusó de haber mentido en la Cámara en otra ocasión. «Si nos ha vuelto a engañar con esto, espero que tenga la vergüenza de dejar su cargo. No entiendo que no se asuman responsabilidades en un caso tan palmario», aseveró Gómez.

Soledad del PP

Al margen del caso Sogiese, destacó la soledad del PP en las únicas tres votaciones que se produjeron en el Pleno. No sólo en sus dos iniciativas propias, sino también en la votación planteada por Podemos para fijar el precio de los alquileres sociales. Todos los grupos, excepto los populares, aprobaron que estas rentas no superen el 30% de los ingresos de una unidad familiar, siempre que los ingresos superen el salario mínimo interprofesional. En caso contrario, será sólo del 10%.

El PP no encontró ningún apoyo en su solicitud para que el Gobierno pague este año las ayudas pendientes a la vaca nodriza Podemos se abstuvo, el resto votó en contra ni para modificar las subvenciones a los ayuntamientos los otros cuatro grupos se negaron.