El PP, en la oposición y a la defensiva

No es un fenómeno nuevo, precisamente. Al llegar al poder en la pasada legislatura (2011-2015), el PP empleó gran parte de su energía en el desgaste político de la coalición PRC/PSOE derrotada en las urnas. Obligado a aplicar recortes en lo más duro de la crisis económica, con el paro desbocado y muy pocos recursos, el Gobierno de Ignacio Diego se aplicó con fruición a la denuncia de la herencia recibida: encargó auditorías externas en las empresas públicas, clamó por las facturas ocultas en los cajones y por los cuadros desaparecidos, además de promover en el Parlamento y en los tribunales la investigación del manejo negligente o delictivo de dinero público en la fábrica de fibroyeso GFB, en Cantur o en el Racing, con objeto de ilustrar el despilfarro y las irregularidades que, a juicio de los populares, había caracterizado la gestión de regionalistas y socialistas en los ocho años anteriores (2003-2011).

En mayo pasado volvió a cambiar el Gobierno, pero ni la crisis cede, sino que por el contrario los indicadores económicos son los peores de España, y el presupuesto es más escaso que nunca. También se mantienen las costumbres políticas. Quienes antes objetaban al PP su fijación por el retrovisor y por dedicarse a hacer la oposición contra la oposición para camuflar sus propias incapacidades, caen ahora en las mismas tácticas.

El Parlamento aporta una prueba esencial. Además de la actividad legislativa más bien pobre la función fiscalizadora del Gobierno que le es propia es menos intensa que el control al que se ve sometida la oposición. En apenas diez meses de legislatura se han constituido tres comisiones de investigación con el PP como objetivo preferente y ninguna que apunte al Ejecutivo actual.

En primer lugar, la que debe indagar el destino de 18 los millones de dinero público destinados al fallido proyecto de Ecomasa/Nestor Martin por el Gobierno Diego. A continuación, la referida a la Ley del Suelo y los realojos, dirigida al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, embarcado en su propia guerra de múltiples frentes con sus adversarios en el Gobierno y en el Ayuntamiento.

Finalmente, la comisión de las obras de Valdecilla, cuya aprobación tuvo un cierto aire de vodevil de enredo. Los tres grandes partidos PP, PRC y PSOE habían pactado tumbar la comisión parlamentaria que pedían Podemos y Ciudadanos, ya que los tres compartían responsabilidades en los 16 años que se había demorado la rehabilitación del hospital.

Pero los socialistas, siempre más radicales en el rechazo al modelo público-privado que introdujo el PP en el nuevo Valdecilla, cambiaron de opinión en el último momento para votar sí. Los regionalistas, con un cabreo monumental, se olieron que los socios sólo querían quedar bien con la clientela electoral y les dejaban a ellos el trabajo sucio de unir su voto negativo al del PP, pero no quisieron pasar por el aro. Así que finalmente el PRC también cambió el voto y determinó que prosperase la comisión de Valdecilla.

El último episodio de la ofensiva es la auditoría que ha detectado irregularidades del anterior Gobierno popular en la gestión de la empresa pública Mare, que precisamente ha sido hasta ahora el más incisivo rasgo opositor del PP, con el propio Ignacio Diego a los mandos, por la recogida de residuos de Gipuzkoa en el vertedero de Meruelo. Si la auditoría fue impulsada de oficio por el interventor general nombrado en su día por el PP, también es cierto que el PSOE ha procurado la máxima repercusión mediática del informe.

La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos ha admitido que el caso Mare puede acabar en los tribunales, donde ya está el fiasco de Nestor Martin, a través de Sodercán. En el Gobierno auguran más auditorías reprobatorias de la gestión del PP. Otra de las grandes empresas públicas, Cantur, con la millonaria instalación de los cañones de nieve en Alto Campoo, paralizada por falta de licencia, es un objetivo probable.

El Gobierno, que acaba de sumar a la ofensiva contra el PP las revelaciones sobre Manos Limpias en el caso Racing, insiste circunspecto en que su acción no tiene intencionalidad política ni viene condicionada por las probables elecciones generales, sino que se ajusta al objetivo de la transparencia.

El PP, que ya ha abordado esta coyuntura política en su último comité ejecutivo, asegura que la coalición PRC/PSOE intenta, en tiempo preelectoral, desviar la atención de su propia inoperancia frente a la crisis y el paro, mediante la táctica de la tinta del calamar, según expresión de Ignacio Diego, y para eso vale cualquier maniobra, desde el acoso al adversario, los debates sobre el Mupac y el lábaro o la rebeldía contra Montoro hasta la campaña de Revilla contra los hombres del tiempo.