Un embargo a Marina de Santander afecta a 1.400 concesionarios del Puerto Deportivo de Raos

Cuatro de los afectados se percataron del problema el pasado viernes, cuando uno acudió al Registro de la Propiedad para una venta. Comprobaron que en los registros de sus viviendas y bienes pesaban una anotación de embargo fechada el 20 de abril de este año por la cantidad de 6.220.144 euros.

Los representantes de los afectados, que están estudiando constituirse en colectivo, han indicado que esta anotación de embargo a favor de la Agencia Tributaria "pone en situación de ruina" a casi un centenar de familias residentes y entre 1.360 y 1.380 personas, por una deuda adquirida por un tercero -Marina de Santander, S.A. -, que deja en una situación de "completa indefensión" a los propietarios.

Más grave es la situación de los residentes en dicho puerto, que, además de haberles "asignado" dicho embargo sin comunicación previa, pueden llegar a perder su casa "por deudas de un tercero y una decisión de la Administración" que consideran "totalmente arbitraria".

"No es comprensible que la Administración, la Autoridad Portuaria de Santander o el organismo correspondiente, haya realizado esta orden de embargo que afecta a cien familias y 1.400 personas mientras la concesionaria consta de un patrimonio importante en dicho puerto que la Administración podía haber embargado".

En este sentido, han afirmado que la concesionaria tiene casi un 30% de todos los amarres, naves y "multitud" de parcelas libres colindantes a los edificios residenciales, y han recordado que en ocasiones anteriores se han embargado bienes similares, como ocurrió con dos parcelas que actualmente pertenecen al Ayuntamiento de Camargo.

Una indefensión que "se agrava" ya que los afectados no han podido comunicarse con responsables políticos de ningún partido.

Según ha indicado uno de los afectados a Europa Press, se trata de una deuda por embargo que es solidaria y que "bloquea absolutamente a todo el puerto".

Según ha señalado, el problema se remonta a 2006, cuando al parecer Hacienda requirió el pago a la concesionaria y ésta recurrió, lo que dilató el proceso hasta este mes de abril, cuando se efectuó el embargo. Los propietarios se han dirigido a la Agencia Tributaria para abordar la situación pero les han remitido a Hacienda en Madrid.