Cantabria mantiene su apuesta por una reválida de Primaria sin examen final

Ruiz considera que «lo importante es la finalidad de la evaluación, que es comprobar si el alumnado de sexto de Primaria ha conseguido los niveles de competencia exigibles en tres ámbitos comunicación lingüística, matemáticas y ciencia y tecnología, como marca el decreto. Y eso es lo que vamos a hacer en Cantabria: evaluar individualmente a todos los alumnos y hacer un informe individual para cada centro, para cada familia y para cada alumno, a través de la validación de una comisión externa», detalló el consejero, que se mostró visiblemente «decepcionado» con la actitud del ministro.

«Si el Ministerio quiere saber los progresos de los alumnos, qué mejor que los profesores que han estado con ellos toda la etapa, a lo largo de seis años, haciendo evaluación continua, y no mediante personal externo a los centros. Contamos con el acuerdo de las familias, los sindicatos docentes y la FAPA», aseguró Ramón Ruiz sobre la fórmula que han consesuado de forma colectiva las ocho comunidades autónomas en las que el PSOE tiene responsabilidad en educación: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana.

«Esta es la forma de sortear la Lomce sin ser insumisos, pero siendo conscientes de que esto es un desastre», declaró al respecto Mayte Pérez. La consejera de Educación de Aragón aseguró que, con este sistema, las autonomías «cumplen la ley», apelando al artículo 144 de la Lomce, que «dice que la evaluación debe ser individualizada». Misma teoría que ha venido defendiendo Ramón Ruiz durante las últimas semanas, convencido de que se podía evitar realizar el examen de sexto de Primaria sin saltarse la ley.

Las comunidades gobernadas por el PP Galicia, Castilla y León, Madrid y La Rioja han realizado ya esta semana estas pruebas externas de sexto de Primaria, al igual que Ceuta y Melilla. Las dos primeras, incluso, las han realizado con profesores de los centros y no externos, incumpliendo así la propia normativa de la Lomce. Cataluña las realizó el 4 y el 5 de mayo con su propio sistema, lo mismo que han anunciado Navarra y Canarias, mientras que el País Vasco anunció que no haría ninguna evaluación este curso.

Por tanto, doce de las diecisiete comunidades autónomas han optado por una readaptación de la reválida, pese a las amenazas que ayer realizó Méndez de Vigo. «No creo que la ley se pueda coger a la carta», aseveró el ministro. «No me gustaría que hubiera unas comunidades que la hagan correctamente y otras que no, porque eso afecta al diagnóstico del sistema educativo», añadió. «El cumplimiento de la ley no tiene atajos y la Inspección educativa vigilará que las comunidades cumplen con la Lomce», concluyó. Por tanto, el culebrón escribirá más capítulos en las próximas semanas.

Discrepancia total

Tampoco hubo acuerdo en los otros puntos principales que se debatieron en la Conferencia Sectorial, ya que el ministro desoyó la petición de las doce comunidades opositoras, que le solicitaron retirar los proyectos de Reales Decretos de las reválidas de la ESO y del Bachillerato, ya que entrarían en vigor el curso que viene y «hay tiempo suficiente» para el consenso.

La discrepancia entre ambas partes se extendió también a los itinerarios formativos de 4º de Secundaria y a la FP Básica y al reparto de los dineros para la aplicación de la Lomce, fondos de cooperación y programas de compensación y FP Básica, que para Cantabria supondrán unos 9 millones de euros. Ruiz lamentó «la falta de diálogo e imposición» mostradas por el ministro de Educación en funciones y recordó que «las doce comunidades autónomas discrepantes representan el 75% del alumnado del Estado; comunidades de un amplio espectro político, no solamente del Partido Socialista».