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Gonzalo Sellers
Domingo, 15 de mayo 2016, 08:00
Con dos meses de retraso, el Gobierno de Cantabria recibirá la próxima semana los 78 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es decir, el dinero que el Estado le presta a un interés mínimo el 0% el año pasado y un 0,8% para pagar a sus proveedores y cubrir los vencimientos de los créditos bancarios. Una inyección clave para la región, que está abonando sus facturas en 33,9 días, según los datos facilitados por la Consejería de Economía, aunque la Ley dibuja la frontera en los 30 días.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenía retenido el dinero de todas las comunidades a la espera de que se resolviera la rebelión de algunas de ellas por los rigurosos objetivos de déficit. Un golpe fallido que se saldó con un año extra para cumplir con el objetivo de estabilidad financiera.
Aunque quedan otras tres pagas este año, el grifo volverá a cerrarse hasta que las comunidades no se comprometan por escrito a restringir su gasto farmacéutico. El Ministerio de Hacienda, el de Sanidad y Farmaindustria han firmado un protocolo para que el desembolso de las regiones en medicamentos no supere una determinada tasa. Y los laboratorios se comprometieron a devolver dinero al Estado si el gasto superaba este tope marcado.
El incremento del gasto farmacéutico especialmente el de tipo hospitalario se ha acentuado en los último años. No en vano, ha llegado a incrementarse en un 25,8% respecto a 2014. Dicha evolución se debe en una gran parte al alto coste de la nueva generación de antivíricos contra la hepatitis C.
Ahora sólo falta que las comunidades autónomas se incorporen a ese convenio. Ninguna lo ha hecho todavía, pero deberán firmarlo si quieren cobrar el segundo plazo del FLA. «Todas lo vamos a hacer», reveló el consejero de Economía, Juan José Sota.
El consejero de Economía teme, además, que ante un escenario de incumplimiento del déficit, el Gobierno no liberaría el Fondo de Liquidez Autonómico, que es «la llave con la que te cierran todo» y es «vital para el funcionamiento de la comunidad autónoma». «Nos están estrujando al máximo, el nivel de control es de pérdida absoluta de autonomía», denunció Sota, que denunció la presión de Hacienda para firmar el acuerdo con Farmaindustria.
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