AMA: "El fracaso de instituciones es que tras 20 años sigamos movilizándonos"

AMA ha organizado en Santoña un acto de apoyo a la protección legal del tercero de buena fe, tras los últimos autos que están generando "preocupación e incertidumbre" entre los afectados por las sentencias de derribo. Al acto ha asistido el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, los directores generales de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Ángel Palacio y Francisco González, y el exconsejero de Medio Ambiente y candidato al Senado por el PP, Javier Fernández. También han estado las cabezas de lista de los populares y de los socialistas al Congreso por Cantabria, Ana Madrazo y Puerto Gallego, y alcaldes de los municipios afectados.

Este encuentro se ha organizado para analizar el trabajo realizado en la defensa de la seguridad jurídica en materia de urbanismo y de personas "desprotegidas" debido a "lagunas en la legislación" autonómica. Este acto se ha impulsado para apoyar a los afectados por derribos, terceros de buena fe, y se hará en otros puntos de España para concienciar a los poderes públicos de la necesidad de proteger "a miles de familias ante situaciones totalmente injustas producidas por una legislación inadecuada".

"Para nuestro colectivo es preocupante que aquellos que durante 20 años no han podido, o no han sido capaces, de reparar el daño causado, pongan dificultades y obstáculos a las instituciones y personas que llevamos años trabajando para un solución", ha advertido en declaraciones a Efe el presidente de AMA, Antonio Vilela.

AMA, asociación que agrupa a gran parte de los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria, cree que hay "que seguir legislando" para que no se "dañe" a los terceros de buena fe, que no son "culpables de nada". Por eso, Vilela ha pedido colaboración a las instituciones. "No queremos el enfrentamiento con las instituciones, sino un acercamiento para buscar entre todos soluciones", ha asegurado.

Pero también ha señalado que a los afectados les "duele" la postura de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que estudia los procedimientos de derribos y podría elevar al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Ese apartado recoge que no se puede proceder a la demolición y a la reposición de la legalidad urbanística si previamente no se han presentado las garantías suficientes para responder del pago de indemnizaciones a terceros de buena fe.

Vilela ha lamentado que esta Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Cantabria haya sido "tan beligerante" hacia los afectados por las sentencias de derribo.

Y ha subrayado que de las 17 salas de lo contencioso que hay en España, la cántabra es la que "pone más dificultades" a los terceros de buena fe. "No lo entendemos", ha manifestado.