Las familias cántabras podrán recibir hasta 1.500 euros para suministros básicos

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha presentado esta mañana, las ayudas incluidas en el Plan de Emergencia Social, dotado con 87 millones de euros para este año y el 2017. Cada ayuntamiento recibirá un mínimo de 6.000 euros que puede llegar hasta los 500.000, como es el caso de Santander, en función del total de población, del número de parados y que no reciben prestación y los perceptores de ayudas de emergencias y Renta Social Básica.

Las ayudas se destinarán a la adquisición de bienes y productos para atender las necesidades de alimentación, higiene personal y limpieza del hogar y para financiar el pago de suministros que garantizan una mínima condición de habitabilidad y salubridad en la vivienda, como el agua, la energía eléctrica y el gas. También se pueden dedicar a la compra de ropa, material escolar y medicamentos, entre otros ejemplos, pero nunca para abonar gastos de suministros no considerados básicos como telefonía o internet, pagar impuestos o afrontar deudas hipotecarias, con la Seguridad Social o créditos personales.

El reparto

La cuantía de las ayudas no podrá superar, por todos los conceptos, los 1.500 euros al año por unidad de convivencia y solo se podrán conceder a un integrante de la misma. Tienen un carácter finalista, debiendo destinarse únicamente a cubrir las necesidades para las que ha sido concedida; un carácter subsidiario y, en su caso, complementario a todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente.

Esta partida extraordinaria irá destinada a los servicios sociales de atención primaria, para que abonen de forma inmediata las peticiones de ayuda por parte de las personas que padecen pobreza energética y todas aquellas necesidades que no pueden atender por estar en una situación de vulnerabilidad, ha dicho la vicepresidenta. El Ejecutivo autonómico ha explicado además que está ya preparando los convenios con los ayuntamientos para hacerles llegar estos fondos y que los municipios den una respuesta más ágil. Al mismo tiempo está manteniendo conversaciones con las compañías eléctricas para llegar a acuerdos que garanticen que a ninguna familia cántabra se le corte la luz o el gas cuando se trate de la vivienda habitual, en el caso de impago por motivos ajenos a su voluntad y en particular por pobreza sobrevenida. Para ello, se extenderá el acuerdo a compañías suministradoras de gas con 41 consistorios.