Así combaten la corrupción Aragón, Baleares, Cataluña y Madrid

Sólo el paro preocupa más a los españoles que la corrupción. El barómetro del CIS revela que las prácticas ilegales de cargos públicos destapadas en los últimos años inquietan o cabrean a los ciudadanos más que los problemas económicos, los políticos en general y la sanidad. Por eso no es raro que los organismos anticorrupción autonómicos, como el que el Gobierno cántabro quiere implantar ahora, hayan aparecido por toda la geografía nacional con modelos muy distintos.

El caso más antiguo es el de Cataluña. La Oficina Antifraude, como se bautizó en 2008, opera como una institución independiente vinculada al Parlamento. Al frente se encuentra Daniel de Alfonso, un magistrado madrileño que anteriormente fue titular de la sala séptima de la Audiencia de Barcelona.

Mucho más recientes son las experiencias de Baleares, Aragón y Madrid. En las islas se aprobó hace sólo un mes un proyecto de ley para abrir una oficina de este tipo, cuyo objetivo es prevenir e investigar posibles casos de uso o de destino fraudulentos de fondos públicos o de cualquier aprovechamiento ilícito. Su ámbito de actuación llega hasta los ayuntamientos y la universidad pública.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también tendrá la suya propia. A partir de este verano, cualquier ciudadano de la capital podrá solicitar la apertura de una causa en este organismo municipal. Su director y sus cinco vocales se elegirán «en un proceso público y abierto» enmarcado en el propio pleno del Ayuntamiento, no podrán ostentar un cargo político y serán «personas de la sociedad civil con una trayectoria reconocida en la lucha contra la corrupción».

«No interferirá en las actuaciones judiciales, pero si propondrá a los tribunales que investigue a un sujeto cuando se sospeche de su conducta fraudulenta», explicó la propia Carmena.

En Aragón se encuentran en plenos trámites para crear su Agencia de Integridad y Ética Pública. Los funcionarios al servicio de este órgano que tengan atribuidas competencias inspectoras tendrán la condición de agente de la autoridad. Una medida que ha llevado al PP a oponerse con fuerza a la agencia.