La Audiencia zanja el fracaso de GFB con responsabilidades simbólicas

El tribunal mantiene la calificación de culpable del concurso voluntario de acreedores presentado por la empresa hace ya siete años, y también la responsabilidad del exconsejero de Industria Miguel Ángel Pesquera, designado a propuesta del PSOE, y de los socios costarricenses del Gobierno, Sebastián Tena y Max Fischel, que presidieron la empresa y el consejo de administración, como máximos responsables del fracaso empresarial. Por ello, les inhabilita durante dos años para administrar bienes ajenos o representar a cualquier persona.

Sin embargo, únicamente condena a Tena a pagar los daños y perjuicios causados, que el tribunal limita a la contratación de 35 trabajadores cuando el proyecto estaba agotado, y cuya cuantía es de 131.222 euros. Con esta decisión la Audiencia vacía prácticamente de contenido la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que había condenado a Tena y a su empresa Euroamérica al pago de 12,8 millones de euros por los perjuicios causados a GFB con la compra de maquinaria.

La operación, la más costosa, se realizó en 2004, al día siguiente de la constitución de GFB, y en ella se acordó comprar al socio costarricense (Grupo Pujol Martí) una maquinaria por la que la fábrica de Orejo pagó 8 millones de euros, además de los gastos posteriores para adaptarla a las necesidades. El Juzgado de lo Mercantil vinculó esta adquisición al fiasco empresarial y consideró negligente la actuación del Consejo de Administración, pero la Audiencia dice ahora que «difícilmente» se puede considerar que esa operación y las consecuencias derivadas de ella causaron la insolvencia de GFB, ya que fue ésta «muy posterior» a la compraventa de la maquinaria. El tribunal subraya en este sentido que en 2007 ya se puso de manifiesto el agotamiento financiero del proyecto, pero fue en marzo del año siguiente cuando una auditoría advirtió a GFB de que ese déficit financiero era insalvable puesto ascendía a más de 15 millones y se habían agotado las posibilidades de financiación.

La sentencia de instancia incluyó también entre los daños a indemnizar la compra de 600.000 metros cúbicos de paneles de fibroyeso a la empresa costarricense, que GFBno llegó a vender y por los que pagó tres millones de euros, un «precio excesivo», según el Juzgado de lo Mercantil, que condenó a Tena y a Euroamérica a devolver esa cantidad. Sin embargo, el tribunal aplica el mismo criterio. Sostiene que la compraventa de esa materia prima se produjo en 2006, una fecha «alejada» de la declaración de insolvencia. Así las cosas, la Audiencia únicamente considera indemnizable la contratación de 35 trabajadores por 131.222 euros, cuando la empresa tenía ya un déficit superior a los quince millones, ya que «generó un pasivo injustificado». El Mercantil condenó a Sodercán y a Euroamérica a pagar solidariamente por estos daños, pero la Audiencia ha absuelto a la empresa pública y a las costarricenses, por lo que revoca las condenas y las deja fuera del caso.