GFB, el arte de derrochar sin castigo

Los jueces, que se han pronunciado en distintos momentos y jurisdicciones sobre el caso (penal y civil), han hablado de «derroche de fondos públicos» y «desinterés en la gestión» por parte de los administradores públicos y privados. Pero ni el despilfarro ni el desinterés empresarial se castigan si no hay ánimo de enriquecimiento personal. Así que han dado carpetazo al proceso con castigos más simbólicos que ejemplarizantes.

Tras años de vicisitudes políticas y legales, al final de la historia, GFB, prácticamente liquidada, sólo recuperará 131.000 euros de los más de 45 millones invertidos por las arcas públicas regionales, una cantidad que tendrá que devolver el inversor privado, el costarricense Sebastián Tena. En su día los tribunales no vieron responsabilidades penales y, ahora, aunque han confirmado la culpabilidad del concurso de acreedores por la mala gestión de sus administradores, han minimizado tanto sus consecuencias que los responsables se van prácticamente de rositas.

El saldo de toda esa «negligencia» empresarial y despilfarro del dinero público se zanja con un exconsejero socialista (Miguel Ángel Pesquera) y los que fueran presidentes de la entidad, los costarricenses Sebastián Tena Pujol y Max Fischel, inhabilitados para administrar bienes ajenos. Y Tena Pujol, el representante del grupo sudamericano que se puso al frente del proyecto, sólo tendrá que devolver 131.222 euros por la contratación fraudulenta de personal, después de que la Audiencia le librara a él y a su grupo de indemnizar con 15,9 millones de euros por los perjuicios ocasionados a GFB con la venta de maquinaria y material.

Pero, ¿cómo se ha llegado a este desenlace? El proyecto de GFB nació en 2002, cuando los costarricenses decidieron instalarse en Cantabria a través de una sociedad denominada Suyesa. Desde aquella fecha, en la que el Gobierno de Martínez Sieso (PP) anunció esa posibilidad y ubicó la fábrica en Reinosa, el proyecto navegó por mares procelosos hasta naufragar en abril de 2009 en un concurso de acreedores y en la liquidación de la sociedad, vendida en subasta pública tres años después a la única empresa que pujó por ella, la alemana Fermacell.

Tras las elecciones autonómicas de 2003, el nuevo Ejecutivo de PRC-PSOE retomó el proyecto industrial que se daba por perdido. El 1 de enero de 2004, el presidente Miguel Ángel Revilla viajó hasta Costa Rica y firmó un convenio que suponía la entrada de Sodercán en la iniciativa empresarial con un 30% del capital (27 millones).

Entonces se cambió la ubicación de Campoo por la de Orejo, en Marina de Cudeyo. Ahí surgieron los primeros recelos del Partido Popular, que con el paso del tiempo se convirtieron en avisos, alertas y denuncias continuas en el Parlamento. En 2004, GFB compra a Pujol Martí maquinaria por valor de 8 millones de euros, y se gastó otros 6,5 millones en su puesta a punto. Además le compró material de fifroyeso por importe de tres millones de euros.

En 2005 comenzaron las obras para construir la planta. Pujol Martí prometió invertir 64 millones de euros y la creación de 140 puestos de trabajo directos, así que el proyecto fue declarado de interés regional. Pero la crisis en el sector de la construcción empezaba a planear sobre la economía nacional y el socio costarricente comenzó a incumplir sus compromisos, todo ello ante a la pasividad del gestor público. Los costarricenses dejaron de aportar liquidez al proyecto y las deudas a proveedores comienzan a acumularse. El agotamiento financiero era una realidad en julio de 2007, pero no es hasta abril de 2009 cuando GFB insta el concurso de acreedores, que los jueces califican de culpable aunque con mínimas consecuencias para el retorno de fondos.

En paralelo, la mayoría absoluta del PP en mayo de 2011 desencadena una doble ofensiva: primero se investiga en el Parlamento y después se va a los tribunales. Dos exconsejeros socialistas Miguel Ángel Pesquera y Ángel Agudo son imputados. Los jueces reprochan la mala gestión y despilfarro que hicieron de los fondos públicos, pero no ven un «ánimo de enriquecimiento personal y dan carpetazo al asunto. GFB ya es historia.