Los jueces anulan la norma de Cantabria que devolvió la tarjeta a los ‘sin papeles’

La Consejería de Sanidad, que hace un año defendía que esta medida entraba dentro de sus competencias, asegura que recurrirá la sentencia. Esta fue una de las primeras decisiones que adoptó Cantabria tras el cambio de color político en el Gobierno se aprobó el 7 de agosto de 2015. Lo mismo ocurrió en otras comunidades que pasaron a ser gobernadas por el PSOE, caso de Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón. La solución, diseñada para paliar los efectos de aquel decreto y «recuperar la asistencia sanitaria universal», fue la emisión de un documento casi idéntico a la tarjeta oficial del Sistema Nacional de Salud, que solo tenía validez en Cantabria, pero que abría el acceso de los extranjeros irregulares a la cartera básica de servicios y a la prestación farmacéutica. El único requisito para obtenerla era llevar más de tres meses empadronado en la región. A diferencia del plan de protección promovido previamente por la Consejería de Sáenz Buruaga(PP), la nueva norma no tenía en cuenta los recursos económicos del solicitante. La regulación beneficiaba también a otros colectivos excluidos de la asistencia sanitaria, como los desempleados sin prestación durante más de tres meses y los españoles residentes fuera del país más allá de ese mismo periodo de tiempo.

Ahora el tribunal echa por tierra la Orden cántabra al considerar que la Administración regional debe regular el derecho a la salud «respetando las bases y dentro de la coordinación de todo el Sistema Nacional de Salud competencia del Estado». Es decir, que una norma de rango inferior no puede contradecir el espíritu de una normativa estatal.

Ayer, tras conocer la sentencia, la Consejería envió en nota de prensa en la que defendió la oportunidad de esta Orden y mantuvo su posición a favor de la derogación del Real Decreto excluyente de 2012. La titular del departamento, María Luisa Real, subrayó la necesidad de impulsar una reforma de la Constitución Española para que el derecho a la asistencia sanitaria y la protección de la salud sea considerado un derecho fundamental. Real recordó que, desde que ocupa su cargo al frente de la Consejería de Sanidad, «hemos trabajado para que se reestablezca cuanto antes el acceso pleno a la asistencia sanitaria como derecho constitucional de ciudadanía y en igualdad de condiciones para todos», un derecho en el que, en palabras de la consejera, «está claro que el Gobierno del PP no cree».

La consejera destacó que éste fue el motivo que llevó al Gobierno de Cantabria a la elaboración y aprobación de la Orden SAN/38/2015, «a sabiendas de que es una medida paliativa que pretende solucionar temporalmente el problema creado por el Gobierno del Partido Popular». Según valoró, «esta norma ha resuelto en nuestra comunidad el grave problema creado por el Gobierno de Mariano Rajoy».