Montoro recrudece el control del gasto en Cantabria y adelanta el cierre presupuestario

La medida está concebida para evitar por todos los medios que el gasto suba en las siete comunidades con riesgo de sobrepasar el déficit. Y, por eso, el Gobierno regional quedará atado de pies y manos para realizar cualquier inversión no prevista. Desde este mismo mes, el Ejecutivo no podrá aprobar nuevas adjudicaciones, ni licitaciones, ni conceder subvenciones que no estén registradas en las cuentas de 2016.

Esta decisión de Montoro no ha cogido por sorpresa a todos. El ministro ya aplicó primero la misma medicina en el Gobierno central este verano. Tras librarse de la multa de 2.000 millones de euros por un déficit excesivo, pero con Bruselas convertida en un ojo de Sauron que vigila sin descanso a España, el ministro decidió anticipar cuatro meses el cierre presupuestario nacional, una medida extraordinaria que, según sus cálculos, permitirá ahorrar cerca de 1.000 millones de euros. En resumen, se gasta lo mínimo esencial y recogido en la ley, pero de ningún modo se puede aprobar un nuevo desembolso. Y una vez aplicado en Madrid, ahora le toca el turno a las comunidades.

Fue el pasado viernes cuando la carta de Hacienda llegó al Gobierno cántabro. El mismo modelo que a las otras seis autonomías en tela de juicio: Aragón, Extremadura, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Según explicó a este periódico el consejero de Economía, Juan José Sota, en la misiva se piden ajustes por «la existencia de posibles riesgos y desviaciones en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria del presente ejercicio».

Hacienda advierte en la carta de que los principales riesgos se encuentran en la evolución de los impuestos indirectos de gestión propia y en materia de tasas que, en realidad, son una pequeña parte de los recursos de estos territorios. También alerta sobre la «evolución registrada en materia de gastos de personal, así como en relación con gasto corriente en bienes y servicios». Aunque en el caso de Cantabria, como señaló el propio Sota, ese no es el principal problema porque «está controlado».

Más gasto de lo previsto

Desde la Consejería de Economía se muestran convencidos de que podrán cumplir con el objetivo de déficit del 0,7%, pero reconocen que se revelarán desfases en algunas partidas de gasto de Sanidad y Educación en el informe que ya está encargado y que se tratará en uno de los próximos consejos de gobierno. «Será complicado cumplir los objetivos marcados en esas áreas», reconoció el propio Sota.

En el capitulo sanitario, el exceso llegará en el gasto farmacéutico, hospitalario y de recetas. Algo previsible si nos atenemos a los datos que se han ido aportando en los últimos meses. Ya el año pasado, Cantabria lideró en julio el incremento del gasto farmacéutico en toda España, como también volvió a ocurrir en septiembre. Si exceptuamos el periodo 2010-2013, en el que la llegada al mercado de los medicamentos genéricos permitió una caída constante de este desembolso, ya es una tradición de la comunidad aumentar este gasto ejercicio tras ejercicio.

En el Presupuesto de este año había previstos 129 millones para compras de Farmacia del Servicio Cántabro de Salud. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, entre enero y junio se gastaron 68 millones a través de la receta oficial del Sistema Nacional de Salud. Si la progresión es la misma en la segunda mitad del año, se superará la previsión en 7 millones de euros. Para Sota, este tipo de gastos son «complicados de controlar» frente a otros que sí se han restringido con la reducción de camas y la reducción de sustituciones, por ejemplo.

La otra preocupación de Economía está en Educación, donde se ha disparado el desembolso en gastos de personal lo previsto eran 265 millones y todavía se desconoce en cuánto se superará debido al desdoblamiento de clases provocado por la entrada en vigor de la Lomce y sus consecuencias también en los conciertos.

El consejero también recordó que han debido hacer frente a importantes gastos imprevistos, como los 18 millones de la paga extraordinaria a los funcionarios o los 24 millones de la Hepatitis C, que también repercutirán en el resultado final.