El Parlamento rechaza paralizar la subasta y venta de la residencia de La Pereda

La diputada de Podemos Verónica Ordóñez, además de recordar que socialistas y regionalistas se mostraron en contra de la venta del edificio cuando estaban en la oposición, ha criticado al Ejecutivo por sacar a subasta la Pereda durante este verano "con nocturnidad y alevosía" y ha augurado que, tras haber quedado desierta, si se vuelve a subastar "no va a pujar nadie y acabará malvendiéndose".

Además, ha hecho hincapié en que si se ha llegado a una situación en la que es preciso subastar el edificio eso se debe a que el consejero de Economía, Juan José Sota, es incapaz de generar políticas económicas eficientes para Cantabria y "sigue tocando el violín mientras el barco se hunde".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha justificado su abstención apuntando que aunque el edificio probablemente se acabe "malvendiendo", con una subasta que parte de 6,5 millones de euros para una parcela de 9.000 metros cuadrados en El Sardinero, más oneroso para Cantabria sería recuperar un edificio al que se destinó "más del doble sólo para reformar la mitad".

Gómez también ha destacado que la falta de uso de las instalaciones ha ocasionado un deterioro que aún encarecería más su hipotética reapertura.

Tanto la portavoz socialista Silvia Abascal, como la diputada regionalista Rosa Valdés, han hecho hincapié en que el PGOU de Santander determina que a la parcela objeto de la subasta sólo se le puede dar un uso para sanidad asistencial y no residencial, ante lo cual Ordóñez ha enfatizado que su grupo reclama que el edificio sea público y "no convenios con empresas privadas".

Valdés ha reconocido que la subasta "no es la mejor solución", aunque sí es "la menos perjudicial" para unas instalaciones que, a su juicio, está "muy depreciada" por la gestión que hizo de ella el gobierno del PP.

La popular Cristina Mazas, además de señalar que la ley de Patrimonio de Cantrabria no permitiría paralizar la subasta sin que se haya producido un "hecho relevante" que justifique esa decisión, ha reiterado que La Pereda no reúne los requisitos básicos que se precisan para desarrollar la actividad que venía prestando.

También ha subrayado que si el Gobierno decidiera habilitar el edificio para mantener su uso "se gastarían unos 15 millones de euros para albergar a unas 90 personas", mientras que construir un nuevo edificio para 160 usuarios costaría cuatro.

Proyectos para los gitanos

Por otra parte, el Pleno ha aprobado una iniciativa planteada por Ciudadanos, con una enmienda transacional del grupo socialista, para que durante la actual legislatura se impulse a través de la Fundación Marqués de Valdecilla proyectos para la población gitana.

Con el voto a favor de todos los grupos, salvo el de Podemos que se ha abstenido, salió adelante esta moción en la que se trata de dotar de recursos suficientes al programa transectorial para la población gitana que actualmente desarrolla la Plataforma Romanés.