La Consejería de Díaz Tezanos incumple la ley al no publicar sus contratos menores

Todas las consejería del Gobierno de Cantabria publican cada tres meses en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el listado de sus contratos menores. También lo hacen en el Portal de Transparencia, donde desde esta semana se pueden consultar todos los documentos firmados hasta el pasado mes de junio. Sólo falta la información de una consejería. El departamento que dirige la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos lleva toda la legislatura, desde hace más de un año, sin divulgar en ningún sitio la relación de los contratos firmados en las áreas de Medio Ambiente, Universidad, Innovación, Política Social y Urbanismo. Una ausencia que se puede comprobar tanto en el BOC como en el Portal de Transparencia del Gobierno y que confirmaron fuentes del propio departamento que dirige Tezanos, según las cuales no se ha podido enviar al BOC la información de estos contratos "por falta de personal". Pero la Consejería, oficialmente, no respondió ayer a esta cuestión.

Se consideran contratos menores a todos los que supongan un importe inferior a 50.000 euros en el caso de obras y 18.000 en el resto IVA excluido en ambos casos. Pero el dinero no es la única diferencia que los separa de los mayores. Éstos se caracterizan porque se pueden adjudicar directamente sin necesidad de convocar un concurso público. La ley sólo exige aprobar el gasto e incorporar la factura, por lo que todas las administraciones los usan como herramientas para agilizar la gestión diaria sin pasar por la rigidez de los procedimientos que controlan las adjudicaciones de mayores cuantías.

La última publicación de contratos menores de la Consejería de Tezanos data del segundo trimestre de 2015, es decir, antes de las elecciones y durante el mandato del PP, cuando entonces estaba al frente de ella Javier Fernández, aunque con menos competencias que las asimiladas por Tezanos.

Los que sí han cumplido puntualmente con la obligación de publicar los contratos son sus dos organismos autónomos dependientes: el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) y el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). Como también lo han hecho el resto de entes públicos (Emcan, SCS, Icane, ACAT...) al margen de los listados presentados por sus respectivas consejerías.

Al no divulgar esos contratos, la Consejería de Eva Díaz Tezanos ha incumplido durante un año dos leyes distintas. La primera, la de Régimen Jurídico de la comunidad autónoma. En su artículo 146 establece que "los contratos menores serán publicados en el Boletín Oficial de Cantabria con una periodicidad trimestral". La segunda normativa es nacional, la de Transparencia. A falta de que el Gobierno regional apruebe a lo largo de este año su propia ley en este ámbito, el Estado aprobó hace tres años la que rige en el ámbito nacional. En su octavo artículo señala que deben darse a conocer y publicar en los portales de transparencia "todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato".

La ley nacional matiza que, en el caso de los contratos menores, "su publicación podrá realizarse trimestralmente", en lugar de uno por uno de manera inmediata.