La Cámara de Comercio pone a la venta la sede para superar su colapso económico

Modesto Piñeiro, el presidente de la entidad cántabra y vicepresidente de la Cámara de España, matiza que están abiertos también a otras variantes que no sea la venta directa. «Podemos alquilarla al completo o una parte o venderla y quedarnos en ella de alquiler. Las opciones son variadas, pero la decisión de utilizar la sede como palanca para conseguir ingresos que nos permitan mantener la actividad está formalmente tomada». En caso de llegar una oferta en firme, la operación debe ser aprobada por el pleno de la entidad y, en ultima instancia, por el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Industria, que es el departamento que tutela la Cámara de Comercio.

De las seis plantas del histórico edificio de la esquina de la Plaza Porticada, de entre 223 a 461 metros cuadrados cada una, se utilizan en este momento tres más el salón de actos de modo ocasional. «Nos sobra con la mitad del espacio para dar todos los servicios, por lo que no habría problema en trasladarnos a otra ubicación», calcula Piñeiro.

El presidente reconoce el grave momento económico de la Cámara, que en los últimos años ha tenido que proceder también a un notable ajuste de personal (en octubre de 2010 eran 46 trabajadores y ahora son 22) y suspender algunos de sus servicios, entre ellos sus demandados estudios de coyuntura económica. «Solo damos lo que se puede cobrar. No podemos trabajar gratis», resume de modo gráfico.

¿La razón de esta situación? «No es un problema exclusivamente nuestro, es general a todas las cámaras y en algunas incluso mayor», sostiene Piñeiro. «La ley de Cámaras de 2014, que tantas expectativas creó y que estaba llamada a ser el instrumento para la consolidación y relanzamiento, se quedó a medio camino; nos siguió considerando corporaciones de derecho público colaboradoras de la administración pero nos hurtó la financiación el recurso cameral que se cobraba a las empresas (una cuota anual de entre 0 y 100 euros al año para un 82% de las compañías de la región que hacía posible nuestro funcionamiento».

En una reciente tribuna publicada en El Diario Montañés, Piñeiro ya lamentaba gráficamente la paradoja en la que están encerrados: «El Gobierno mantiene la obligatoriedad de prestar unos servicios públicos, para los que no se establece financiación pública alguna».

La crisis sacude a todas las cámaras de España. La de Barcelona ha acumulado un déficit de casi 13 millones de euros en tres años y otras están incluso peor, sin personal ni actividad alguna, en la práctica cerradas aunque oficialmente no pueden hacerlo en virtud de la ley.

Piñeiro censura que vistas las repercusiones que la situación ha tenido para el funcionamiento de las cámaras no se hayan tomado medidas para paliarlas. «El problema es la indefinición: Francia, Alemania e Italia tienen modelos públicos: la administración paga y establece con claridad los servicios que deben realizar las cámaras. El Reino Unido, por el contrario, mantiene un modelo totalmente privado, no por ello menos eficaz. Si en España se quiere cambiar el modelo que veníamos teniendo, pues no hay nada que objetar, pero lo que es inviable es la indefinición, no ser ni una cosa ni otra. Por eso muchos pensamos que esta ley ha nacido defectuosa y precisa una reforma en profundidad, pero eso no va a ser posible ahora, por lo que hay que articular medidas urgentes concretas para paliar la situación mientras tanto», sostiene.

El actual momento político «tenemos un gobierno en funciones mínimas», ironiza Piñeiro hace virtualmente imposible una solución a corto plazo. «Y las cámaras vivimos a corto plazo, de la caja que somos capaces de generar y de los programas públicos que logramos. Y tenemos vedado por decisión propia entrar en campos que pueden ser considerados competencia desleal para las empresas».

La gran esperanza de este año era el acceso a programas europeos, pero la situación de interinidad del Gobierno también lo ha impedido. «Los programas derivados de la Administración central (Plan Operativo Cameral FEDER /FSE) que se tenían que haber puesto en marcha en 2016, no han arrancado y la falta de esos ingresos la Cámara tenía presupuestados 300.000 euros en esta partida nos ha provocado una grave situación de tesorería».

La nueva ley nacional de cámaras establecía que las administraciones autónomas debían en el plazo de un año trasladar esa normativa y adaptarla a su realidad concreta mediante la promulgación de una normativa propia. Después de dos años, menos de la mitad de las autonomías han cumplido y Cantabria es una de las que aún no han hecho uso de esa prerrogativa. Sin ley regional de cámaras, la situación de las cámaras de Cantabria y Torrelavega es, si cabe, más confusa.

«La ley regional podría paliar el problema, clarificarlo y ayudar de alguna manera a salir », cree Piñeiro. «El Gobierno de Cantabria tiene el mandato de adaptar su normativa a la nueva ley y puede hacerlo de dos maneras: redactando una Ley de Cámaras o modificando la norma existente. Una ley nos podría proporcionar alguna garantía de funcionamiento de servicios de atención al público. No pedimos que se pague el 100% de los gastos de las cámaras (nosotros ya conseguimos recursos por otras vías), pero sí que se establezca una financiación estable para los programas y atenciones de servicio público que establece la ley», demanda Piñeiro.