Educación revisa sus mecanismos de lucha contra el acoso escolar

La apertura del curso ha vuelto a activar las alarmas ante un mal que no tiene fronteras y ante el que cualquier esfuerzo e inversión parece poca: el acoso escolar o 'bullying'.

Cantabria puede presumir de ser una de las comunidades autónomas con menor incidencia: el pasado curso se constataron diez casos de acoso entre compañeros y se abrieron 103 expedientes disciplinarios a alumnos, cifras que apenas representan el 0,03% y el 0,1%, respectivamente, del número total de estudiantes de Primaria, Secundaria y FP que poblaron las aulas: 93.800.

Pero que haya un solo caso es suficiente razón para multiplicar los recursos para prevenirlo y evitarlo, más aún cuando los expertos consideran que se producen más incidentes que los que se hacen públicos. El miedo de la víctima ejerce de mordaza.

Este curso que acaba de comenzar, la Consejería de Educación trabaja en distintas líneas para blindarse contra el acoso que se produce en las aulas: por un lado, se pondrá en marcha un nuevo decreto de convivencia escolar -en estos momentos se perfilan los últimos detalles- que agilizará el protocolo de actuación cuando el centro detecte un caso de acoso, sea del tipo que sea; pondrá en marcha un protocolo específico en contra de la homofobia y la transfobia; y potenciará la lucha contra la violencia de género, ya que «hemos detectado un aumento de las actitudes machistas en las aulas que debemos corregir», advierte el consejero Ramón Ruiz.

«Con este nuevo protocolo buscamos dar más agilidad a las actuaciones que se realizan en los centros, que son excesivamente lentas porque son muy garantistas, y damos más capacidad a los servicios directivos y al Consejo Escolar para que actúe y tome medidas preventivas», resume el director general de Innovación y Centros Educativos, Alonso Gutiérrez.

Por otro parte, se potenciará el trabajo del Observatorio de la Convivencia Escolar, que ha estado «durmiente» durante los últimos años y se reactivó el pasado curso. En él están representados todos los sectores de la comunidad educativa -Administración, familias, directores de los centros, representantes de los ayuntamientos...-, que tienen la responsabilidad de poner en común todos los problemas sobre la convivencia que existe en la región, discutirlos y buscar las soluciones más consensuadas posibles.

Además, Educación realizará mano a mano con la Universidad de Cantabria un exhaustivo estudio sobre el clima y la convivencia escolar, que «nos puede arrojar datos que mejorar»; y ha vuelto a incorporar este curso la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el currículo de 3º de la ESO, porque «creemos que estos temas no se deben abordar sólo con protocolos de actuación, sino desde la prevención, la educación... Hay que fomentar al máximo entre los menores la eliminación de las conductas nocivas y el incremento de conductas sociales positivas».

Clima «sano»

Aunque el pasado curso se activaron 36 protocolos de posibles situaciones de acoso escolar, la Unidad de Convivencia únicamente constató la existencia real en una decena de casos, seis de los cuales se produjeron en Secundaria, tres en Primaria y uno en las aulas de Educación de Adultos. Las víctimas fueron cinco chicos y cinco chicas, por lo que no se puede establecer un perfil concreto de acosado.

Para que se produzca una situación de acoso deben cumplirse simultáneamente tres criterios: la intención de hacer daño, la reiteración de las conductas agresivas y la duración en el tiempo de una situación de abuso de poder entre agresores y víctimas.

Además, se abrieron 103 expedientes disciplinarios a alumnos por agresiones físicas, amenazas o coacciones (42 ocasiones); injurias y ofensas (22); daños graves a materiales e instalaciones del centro (17); y vejaciones o humillaciones (13), entre otros casos. Solo uno correspondió a un alumno de Primaria, siendo de nuevo Secundaria el nivel educativo donde se produjeron más incidentes, sobre todo en 2º y 3º de la ESO. «En cualquier caso se trata de una incidencia bastante pequeña», incide Mercedes Cruz, jefa de la Unidad de Convivencia Escolar.

«El clima es sano, es bueno, evidentemente hay situaciones muy importantes que hay que atajar, ojalá que no se produjera ni un caso, pero los números no son para escandalizarse ni para decir que tenemos un problema en este sentido», opina Ramón Ruiz. Alonso Gutiérrez apunta además que la nueva estructura del calendario escolar que ha entrado en vigor este curso -que contempla cinco bimestres lectivos separados por cuatro periodos vacacionales- «va a ayudar a mejorar el clima del aula, que se deteriora cuando los trimestres son muy largos y los alumnos acumulan cansancio, y va a permitir detectar mucho antes los casos de disfunciones, los problemas de disciplina que se producen, con lo cual se van a abordar con mayor prontitud».

Uno de los aspectos que más preocupa a la Administración educativa es el crecimiento de los casos de ciberacoso o 'ciberbullying' (un 8% de esos 36 protocolos abiertos el pasado curso fueron de este tipo), donde la detección es mucho más compleja porque el problema se inicia fuera de los centros educativos, aunque luego se pueda trasladar a ellos. A esto se une el anonimato que permiten internet y las nuevas tecnologías y una protección jurídica y legal de la privacidad que impide acceder a la información o lo dificulta enormemente. «Son casos mucho más complicados de detectar y de parar», advierte Gutiérrez, que asume que, en virtud de esta problemática, seguramente se desconoce la existencia de más casos. Un informe realizado por la ONG Save the Children indica que un 7,1% de los estudiantes de Secundaria de la región dice que, durante 2015, fue víctima de insultos y humillaciones a través del móvil, las redes sociales o el correo electrónico; y un 4,6% recibió amenazas a través de estos medios.

Los casos de 'ciberbullying' se plantearon también de forma mayoritaria en Secundaria e incluso en Bachillerato y ciclos formativos de FP.

El procedimiento

En Cantabria, 56 colegios de Educación Infantil y Primaria, dos centros de Educación Especial y todos los institutos de Secundaria tienen unidades o departamentos de orientación contra el acoso. Junto a los tutores, son «las piezas fundamentales» a la hora de recoger las primeras sensaciones que puede tener un alumno al estar siendo acosado. Existe igualmente una figura que es el profesor técnico de servicios a la comunidad, que es el encargado de relacionarse con las familias.

En la primera fase del procedimiento a seguir ante supuestas situaciones de acoso, se tantea la posible situación para evitar actitudes alarmistas y se recaba información de la situación, con «máxima confidencialidad». Al mismo tiempo, la dirección del centro podrá establecer medidas preventivas de protección a la presunta víctima y de vigilancia en aquellos lugares donde pueda producirse el supuesto acoso. Después, se analizan y contrastan las informaciones para consolidar la existencia de indicios, el tipo y gravedad de los hechos denunciados, y se procede a entrevistar al alumno presuntamente acosado, sus padres o tutores, observadores no participantes y el presunto agresor o agresores y sus respectivos progenitores.

Si se confirma la situación de acoso, se informa a las familias, al servicio de Inspección Educativa y a la Unidad de Convivencia Escolar y, asimismo, se pone en conocimiento del tutor y profesores de los estudiantes implicados para evitar crear alarmas y trasladar una información veraz.

Cuando la situación se resuelve en el centro, se aplican de forma inmediata contra el agresor las medidas disciplinarias contempladas en el reglamento de régimen interno.

Pero cuando las situaciones conflictivas trascienden de los recursos y competencias del sistema educativo, o cuando los órganos competentes del centro sienten que no pueden abordar el problema, en función de la situación se pone en conocimiento de Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de Menores y Servicios Sociales. En estos casos, la Fiscalía será la responsable de dirigir la investigación para conocer mejor las circunstancias del suceso y tomar la decisión acerca de la necesidad de abrir o no expediente y de la judicialización del mismo. Aquí es donde el sistema español presenta uno de sus 'agujeros', ya que los acosadores que tienen menos de 14 años se encuentran por debajo de la edad penal y no son imputables, por lo que la Fiscalía está obligada a archivar sus casos.

Alonso Gutiérrez defiende que en los casos no graves, «la corrección deber ser primero educativa, siempre. Es lo que puede permitir un cambio en la actitud del acosador». Detalla que en los centros, a través de los departamentos de orientación, se hace mucha mediación y hay un complejo listado de actividades (tutorías individualizadas, talleres de habilidades sociales, objetivos graduales de mejora...) que inciden sobre la solución educativa de los problemas de convivencia. «Luego, ya los casos más graves trascienden del centro y terminan en manos de la Fiscalía de Menores», concluye.