Un revés judicial que dura una década

Todo comenzó en 2001, cuando la asociación ecologista ARCA se personó en el Juzgado de Torrelavega para decir que Vuelta Ostrera era ilegal. Los ecologistas sostenían que para construir esa depuradora, perteneciente al sistema de saneamiento de los citados ríos, la Confederación Hidrográfica del Norte había rellenado ilegalmente 87.000 metros cuadrados de la marisma de Cortiguera, y que, además, lo había hecho con el consentimiento de la Consejería de Medio Ambiente.

ARCA apuntaba con el dedo el pedazo de suelo donde las máquinas hacían huecos para cimentar sin saber que, en realidad, lo que abrían eran agujeros donde enterrar los más de 25 millones de euros que iba a costar la obra. A pesar de la denuncia de los ecologistas, el proyecto siguió adelante, y lo que se presumía como una demanda inocua terminó generando un proceso judicial que ha llegado hasta nuestros días desde el momento en que la entonces fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín Nájera, pidió que se investigara la construcción de la depuradora de Suances haciendo caso a la denuncia y la documentación presentada por los ecologistas.

¿Qué estaba mal de todo el proceso? Según ARCA, la construcción no había sido sometida a evaluación de impacto ambiental y vulneraba «de forma manifiesta» la Ley de Costas que, según denunciaban, prohíbe la construcción de estas infraestructuras en la ribera del mar y en los primeros 20 metros de zonas protegidas. La Fiscalía hablaban de delito ecológico pero también de prevaricación, y mientras la investigación hurgaba en el suelo de Vuelta Ostrera, la depuradora hundía más y más adentro los cimientos en ese mismo suelo: un humedal. Así fue hasta noviembre de 2005, cuando un juez del Tribunal Supremo dictó una sentencia demoledora: Vuelta Ostrera se hundió antes de entrar siquiera en funcionamiento.

El tópico del 'revés judicial' se convirtió entonces en 'bola de partido' contra la estación depuradora. No era una infraestructura cualquiera, más bien era la perla de un proceso de saneamiento ansiado durante años por la cuenca del Saja Besaya, como hicieron ver las autoridades que apenas tres meses antes de la sentencia se hicieron la foto en la inauguración oficial. La estación podía tratar aguas residuales de unos 370.000 habitantes, y sobre ella basculaba el Plan Saja-Besaya, un proyecto de 145 millones de euros de inversión que incluyó la construcción de 82 kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un emisario submarino que enviaría los vertidos, ya tratados, a tres kilómetros de la costa. No importaban estas cifras, ni tampoco la idoneidad de su finalidad o lo necesario de su puesta en funcionamiento. Vuelta Ostrera era ilegal, y a pesar del debate que pudiera generar la premisa de que el fin justifica los medios, el auto judicial dio a la Administración un plazo de siete años para encontrar una solución al respecto.

Desde entonces, el argot deportivo se hizo recurrente ya que se trataba de la primera prórroga para este partido que de antemano Cantabria y el Ministerio de Medio Ambiente habían perdido antes del pitido inicial, el que llegó en 2007, un año después del batacazo judicial, cuando el agua empezó a salir limpia de Vuelta Ostrera. Desde entonces, la estación depura hasta 3.700 litros por segundo. ¿Y para qué? Para que el Tribunal Supremo diera en 2013 una segunda prórroga de otros siete años con la que alargar la letanía del desagüe. Solo hay que sumar para saber que en 2020 'Vuelta Ostrera 2' tendrá que funcionar a pleno rendimiento, como si a Santiago Nasar aquel día en que le iban a matar, no hubiera estado en el sitio equivocado.