Tezanos ofrece a Igual "voluntad" pero no compromisos con el Plan General de Santander

Este viernes hizo 17 días que el Ayuntamiento de Santander anunció públicamente que pediría al Gobierno de Cantabria ayuda para que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2017 introduzcan una disposición transitoria con la que dar solución a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Pero la petición expresa no se la llevó Gema Igual, alcaldesa de Santander, hasta este viernes a su destinataria, la vicepresidenta del Gobierno cántabro, Eva Díaz Tezanos, quien evitó adquirir compromisos al tiempo que declaró su «voluntad de analizarla» y trabajar conjuntamente con el Consistorio para «dar soluciones» a los santanderinos porque es «fundamental mejorar la vida de la gente».

«¿Dará tiempo a incluir la modificación legislativa que pide el Consistorio?», le preguntaron. «Es muy prematuro y no me puedo manifestar», contestó. «El equipo de Urbanismo se pone con ello desde ya», añadió. Un equipo cuyo responsable, el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, indicó hace dos semanas que «nunca una reforma» de la Ley del Suelo por la vía de la Ley de Acompañamiento le «ha venido bien a Cantabria». El alto cargo se mostró a favor de no recurrir «a medidas improvisadas porque éstas (hasta 15 en los últimos años) han conducido al urbanismo de la región en el pasado a una situación de inseguridad».

Con estos antecedentes, Díaz Tezanos e Igual se entrevistaron por vez primera e hicieron un repaso de todas las cuestiones que tienen pendientes Gobierno y Ayuntamiento, que son numerosas. La principal, la que más le urge al municipio, es dar una solución a su urbanismo, sobre el que se ha tratado en «contactos informales», en los que ha estado involucrada el ala regionalista del Gobierno, cuyo líder (Miguel Ángel Revilla) declaró hace una semana su «total disposición» a encontrar una salida a lo que calificó «un marrón para todos».

La propuesta de cambio legislativo ha sido elaborada por un equipo de técnicos municipales con el primer teniente de alcalde, César Díaz, a la cabeza y, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, se acordó que personal de su Consejería y del Ayuntamiento se reúnan la próxima semana para empezar a examinar las posibilidades de arreglo. Aunque la alcaldesa y César Díaz tienen prisa. Gema Igual señaló que coge «como algo esperanzador» la respuesta de Díaz Tezanos de que quiere solucionar problemas a los ciudadanos, aunque advirtió: «De reunión en reunión perdemos tiempo».

A sus ojos, no cabe otro camino para enfrentarse a las consecuencias del Plan General anulado que «el camino corto, por la inversión privada que está pendiente de asentarse en la ciudad y por la seguridad jurídica al marco urbanístico» de la capital, en donde ya se está aplicando actualmente el plan urbanístico de hace casi 20 años.

Aclaración de sentencia

La vicepresidenta señaló, por otro lado, que los servicios jurídicos van a pedir una aclaración a la sentencia del Tribunal Supremo, que echó abajo el PGOU de Santander por ser nulo el Bitrasvase del Ebro. «Parecía de sentido común que una vez que se legalice el Bitrasvase estaría solventado el Plan general», sugirió, antes de apuntar que «hay distintas opiniones de arquitectos y urbanistas». Esta postura dubitativa sobre el alcance de la sentencia del Supremo choca con la de César Díaz, edil de Urbanismo, que ha mantenido desde el primer día que Santander tendrá que redactar «desde cero» un nuevo proyecto y quien asegura que todos los esclarecimientos están hechos.

Miguel Ángel Revilla señaló hace una semana que había pedido un informe a los servicios jurídicos del Gobierno y que, aunque todavía no lo tenía, los asesores le aseguraban que la demanda del Ayuntamiento es «perfectamente legal».

Peticiones culturales

A Gema Igual, además, le quedan aún varios encuentros por delante con consejeros socialistas del Gobierno para ir anudando los cabos sueltos que quedan en varios proyectos que considera prioritarios. A la máxima autoridad local le inquietan en especial los que están pendientes en Cultura y así se lo trasladó a la vicepresidenta. El Ayuntamiento quiere avanzar en la llegada a Cantabria de la sede asociada del Museo Reina Sofía por lo que pidió que el responsable de Cultura Ramón Ruiz le haga las puntualizaciones que tenga que plantear sobre el proyecto, para seguir adelante.

También le pidió conocer los plazos que se barajan para la construcción de la nueva sede del Mupac (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria), así como la cantidad que se consignará en los próximos presupuestos para empezar con él. Y le recordó que está a la espera de respuesta a la petición para que el Gobierno destine 75.000 euros adicionales para la Fundación Santander Creativa, otra de las cuestiones que urgen al PP municipal, ya que está a punto de convocarse el encuentro del Patronato en el que se debe aprobar el plan de actuación para 2017.

Hubo una reclamación municipal más, en materia de empleo: el Gobierno forma parte del Pacto por el Empleo de Santander desde que se constituyó (aunque era el Ejecutivo de Ignacio Diego) y el Ayuntamiento aspira a que este nuevo gabinete aporte 140.000 euros a la iniciativa, la misma cantidad con la que contribuyen las arcas locales. Igual defendió que el Pacto está dando resultados y que la capital registra a estas alturas menor número de desempleados que en marzo de 2015, fecha en la que arrancó oficialmente.

Depósito de agua de Cueto

Por otra parte, durante el encuentro que duró más de una hora Díaz Tezanos anunció a la alcaldesa dos actuaciones que están próximas en materia de Medio Ambiente. Una es la ejecución de un nuevo depósito de agua en Cueto (con capacidad para entre 7.000 y 9.000 metros cúbicos), en el que el Ejecutivo invertirá 2,3 millones de euros y que es la «obra más importante» del Plan de Abastecimiento en Santander. Esta actuación se iniciará en cuanto el Ayuntamiento ceda la terrenos necesarios, lo que se hará «inmediatamente».

La otra es la intención del Gobierno de proceder en «breves días» a transferir al Ayuntamiento la conexión de Santander a la Autovía del Agua, una obra en la que los gobiernos central y regional han invertido más de tres millones de euros.