«Aún nos queda un largo camino que recorrer en el apoyo a la discapacidad»

«Nos gustaría que, desde aquí, desde el Parlamento de Cantabria, trabajaran para que todas las personas seamos iguales ante la ley y no haya discriminación alguna», pedía Ana. «Necesitamos el compromiso de los gobiernos para que podamos tener los mismos derechos humanos y libertades que los demás niños y niñas», reivindicaba María. «Queremos un sistema educativo reglado, en el que podamos desarrollar nuestro talento», solicitaba Javier. «Que nos garanticen el derecho a vivir de forma independiente», reclamaba Paula. «Y que nos permitan disfrutar de todos los servicios sanitarios y dar nuestro consentimiento sobre los tratamientos que necesitamos»...

Personas con discapacidad, familiares, voluntarios y miembros de las organizaciones que integran Cermi Cantabria leyeron ayer los principales artículos que dan forma a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad ante las más de 300 personas que llenaban el patio del antiguo Hospital de San Rafael, entre ellas una nutrida representación del Gobierno regional encabezada por la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos y diputados de todos los partidos del arco parlamentario, que también se sumaron a este recordatorio de los derechos.

Reivindicaciones que reflejaron la realidad que sufre un colectivo integrado por más de 42.000 personas en Cantabria y que ayer alzó la voz en la jornada en que, como cada 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. «Pese a que han transcurrido diez años de su aprobación en la ONU y ocho de su ratificación en España, aún continúa vigente la necesaria adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención», criticó Mar Arruti, presidenta del Comité de Entidades representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (Cermi).

«Aunque en España la Convención ha tenido un impacto importante en las leyes específicas y en las que recogen la discapacidad de forma transversal, todas estas leyes no siempre han venido acompañadas de garantías suficientes. De hecho, muchas normas aprobadas carecen posteriormente de regulaciones reglamentarias y políticas públicas para hacer efectivos los derechos reconocidos», matizó Arruti, que también alertó sobre la alta tasa de desempleo que sufren las personas con discapacidad, «mucho mayor» que en otros ámbitos. «A pesar de los avances realizados en los últimos años, aún nos queda un largo camino por recorrer. Estamos muy lejos de que los derechos de la Convención sean una realidad en Cantabria», sentenció.

Arruti reivindicó un «impulso» a las políticas públicas destinadas a este colectivo, emplazó a los parlamentarios y los miembros del gobierno «a trabajar juntos para ello» y reclamó que los presupuestos de 2017 «estén orientados a su inclusión social». «Es muy duro no poder entrar en una cafetería o no poder subir a un tren porque quienes lo diseñan no piensan en nosotros», ejemplificó.

Vulneraciones

Muchas de esas carencias aparecen reflejadas en el primer informe sobre los derechos de las personas con discapacidad de Cantabria presentado ayer en el Parlamento, que recoge las situaciones de vulneración detectadas durante 2015, se analizan las causas y se promueven una veintena de acciones que ayuden a mejorar el entorno, porque «son muchas son las personas que se siguen enfrentando cada día con situaciones de vulneración de derechos». Entre las situaciones reprochadas se hallan el mal funcionamiento de las plataformas de acceso de los autobuses municipales, un caso de abuso económico, falta de accesibilidad en consultas médicas, sentencias judiciales en las que se priva del derecho al voto...

«Hoy nos llevamos muchos deberes», expresó Díaz Tezanos sobre las peticiones de Cermi, añadiendo que en algunos de ellos «ya estamos trabajando», en referencia al impulso de un nuevo marco normativo y a la revisión del copago en los servicios sociales. En cualquier caso, la vicepresidenta aceptó el reto de «responder legislativa y políticamente» a los desafíos que plantea la Convención.

También intervino Dolores Gorostiaga, presidenta del Parlamento, que destacó «la ilusión, empuje y voluntad decidida de esos familiares, entidades y amigos que, sin descanso, pelean contra las injusticias que sufren las personas con capacidades diferentes y no exigen al resto de la sociedad ni caridad ni lástima, sino respeto».