Revilla se planta y desautoriza al PSOE en su posición sobre el Plan General de Santander

Cuando se entrevistó por primera vez en su despacho con la nueva alcaldesa de Santander, Miguel Ángel Revilla condensó en dos ideas su postura sobre la anulación en los tribunales del Plan General. La primera, que no se trataba sólo de un problema de la capital, sino que sus implicaciones económicas afectaban a toda la región. «Esto es un marrón que tenemos todos», fue su frase más explícita. Y la segunda, que veía con buenos ojos la solución aportada por el Consistorio: introducir unas normas transitorias en la Ley Presupuestaria para minimizar los efectos de la sentencia judicial. Eso sí, lo supeditó a que fuera legal y a hablarlo con sus socios socialistas, que desde el primer momento dejaron claras sus reticencias a la propuesta. Sólo tres semanas después, la ruptura en el bipartito es de tal calibre que el propio Revilla desautorizó ayer a la Consejería de su vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, a hablar en nombre de todo el Gobierno en este asunto, a pesar de contar con las competencias en esta materia.

El presidente cántabro se revolvió contra su socio tras conocer que el departamento de la líder socialista rechazó ayer el rescate propuesto por el Ayuntamiento y avalado por él mismo. Fue durante una reunión con el concejal de Urbanismo de Santander, César Díaz, cuando el director general Francisco González Buendía le anunció que la Ley de Acompañamiento del Presupuesto no incluirá finalmente un paquete de medidas para minimizar las consecuencias de la anulación del Plan de la capital.

La Consejería de Díaz Tezanos envió un comunicado, posteriormente, en el que rehúsa oficialmente a incluir dichas modificaciones de forma urgente e insta al Consistorio a esperar la tramitación de la futura Ley del Suelo, sin fecha todavía de aprobación, para hacerlo.

Esa decisión unilateral del departamento que dirige Díaz Tezanos causó un fuerte malestar en el ala regionalista del Ejecutivo el PRC votó a favor del Plan hace cuatro años y llevó a Revilla a reprender en público a su socio en Peña Herbosa. «La postura de esa Consejería es respetable, pero no es la del Gobierno», señaló tajante a este periódico el presidente cántabro, que insistió en que «el Gobierno no forma parte de esa decisión de Urbanismo», ya que todavía no ha debatido ni tratado en el Consejo la petición de auxilio del Ayuntamiento.

El líder regionalista comprometió su palabra a «hacer todo lo legalmente posible para compensar los daños y la inseguridad jurídica». «Que Santander tenga un plan anulado da una imagen muy mala si lo que pretendemos es que haya dinamismo empresarial y que venga gente a esta región», dijo en su momento, antes de conocer la decisión final de su vicepresidenta.

Ahora, a pesar de la firmeza de la resolución de Urbanismo, las palabras de Revilla dejan una puerta abierta a una posible revisión en los próximos días. Si el PRC consigue imponer su postura, habrá dos opciones para registrar esas normas transitorias. Una, antes de llevar al Parlamento este mes el Presupuesto. Y otra, a través de una enmienda parcial. De hecho, César Díaz anunció ayer que, a pesar de la negativa de la Consejería, el PP presentará esta propuesta en la Cámara próximamente.

Posturas enfrentadas

El PSOE no parece dispuesto a dar marcha atrás al considerar que la solución propuesta por el Ayuntamiento «no es la más adecuada y conveniente». Es más, la Consejería de la vicepresidenta dejó ayer muy claro que su postura «cuenta con el aval de los servicios jurídicos y ha sido refrendada por numerosos profesionales técnicos del urbanismo y promotores y constructores».

El director general de Urbanismo aseguró que legislar «a golpe de problemas concretos» nunca ha tenido buen resultado en Cantabria, como se ha demostrado en casos como Vuelta Ostrera y la ley contra el fracking. Según Buendía, una de la razones que han aconsejado realizar una nueva y completa Ley del Suelo es, precisamente, la complejidad introducida en el Urbanismo de Cantabria por las numerosas reformas puntuales y parciales introducidas en los últimos años.

«Por este motivo y por una mínima coherencia se debe rechazar una nueva modificación, máxime en el momento actual de elaboración de la ley», añadió, y explicó que, por coherencia, también habría que esperar la aclaración de sentencia solicitada al Tribunal Supremo.

En el Ayuntamiento de Santander no ha causado demasiado sorpresa, por esperada, la respuesta negativa del PSOE, pero confiaban en que la presión del PRC ayudara a desbloquear la situación. El concejal de Urbanismo calificó de «decepcionante la actitud, falta de voluntad política y de coherencia» de los socialistas, y aseguró que Urbanismo no ha aportado ni un sólo argumento para rechazar una propuesta que reconoce como «perfectamente legal, válida y viable».

Atar el apoyo

La teoría de César Díaz es que la Consejería intentará usar a Santander «como rehén» para poder aprobar su propia Ley del Suelo. Si el PSOE rechaza incluir las normas ahora y las emplaza a la futura normativa, se aseguraría el voto favorable del PP para sacarla adelante en el hemiciclo. «Fiar la solución a una nueva Ley del Suelo abre un panorama de muchísima incertidumbre porque aún le queda mucho recorrido por delante para su aprobación, si lo que se pretende es alcanzar un texto que goce del mayor consenso posible, mientras que la vía de la Ley de Acompañamiento ofrece la posibilidad de que esta solución entre en vigor de forma inmediata», recalcó Díaz.

Por eso, el concejal volvió a apelar a a «sensatez y la responsabilidad», porque «son los santanderinos, el tejido económico y productivo, y la ciudad de Santander los que necesitan que se eliminen inseguridades y que se alcancen soluciones urgentes».

Como si la decisión fuese ya definitiva, el director general de Urbanismo aconsejó al Ayuntamiento que vaya elaborando las normas transitorias, para que estén preparadas cuando se apruebe la nueva Ley del Suelo, y le aseguró que «siempre tendrá las puertas abiertas para apoyarle y asesorarle en la resolución de los problemas que en el ámbito de sus competencias les puedan surgir».

El concejal, por su parte, le respondió que ya ha empezado a trabajar en la redacción de unas normas urbanísticas confiando en que, finalmente, su propuesta acabe siendo aprobada y se pueda tramitar y aprobar «a la mayor brevedad posible».