Gobierno y Ciudadanos llegan a un acuerdo presupuestario que deshace la reforma fiscal

Ciudadanos vetó cualquier subida de impuestos o la creación de nuevos desde las primeras reuniones. Fue una de sus «condiciones indispensables» durante los encuentros que mantuvieron con los consejeros cántabros en las dos últimas semanas. Y, al final, el Gobierno ha tenido que ceder para poder conseguir el voto que le falta en la Cámara para aprobar las cuentas. El acuerdo con la formación naranja incluye, entre otras medidas, la supresión de los cambios en los tributos de Sucesiones y de Patrimonio. Una subida que el consejero de Economía describió, en su día, como «mínima, justa y equilibrada».

Si sumamos los incrementos previstos en los impuestos propios y los del Estado, el bipartito esperaba recaudar 64 millones más el año que viene. El impacto que tendrá ahora el frenazo a la subida fiscal aún no se ha concretado, así como tampoco sus consecuencias en el fondo para inversiones que tanto peleó el PRC con su socio socialista. Ayer mismo, el presidente cántabro, conocedor de la inminencia del acuerdo, allanaba el camino a esta renuncia de la reforma fiscal: «La subida prevista es poca cosa y afecta a muy poca gente. A mí no me gusta aumentar los impuestos y si hay que ceder en eso, habrá que ceder, supongo».

Hay que recordar que la subida fiscal contaba con el respaldo de los sindicatos, pero no con el de la patronal. El presidente de la CEOE, Lorenzo Vidal de la Peña, aseguró en su día que «restaría capacidad de inversión y que, por tanto, afectaría al empleo». «Cuando se merma la capacidad de invertir, las posibilidades no son las mismas. Eso es lo que se consigue con esta subida fiscal», se quejó en su momento.

Camino despejado

Una vez alcanzado este pacto con Ciudadanos, el bipartito tiene el camino despejado para dar luz verde al nuevo Presupuesto en el Consejo de Gobierno de la semana que viene y registrarlo inmediatamente en el Parlamento. Una vez allí pasará por varias fases en enero y podrá aprobarse en febrero, justo a tiempo para cumplir con el órdago que lanzó Miguel Ángel Revilla el pasado fin de semana: «Yo no gobierno sin Presupuesto. Ya vamos tarde, podemos esperar un mes, pero para febrero tiene que estar sí o sí».

Una de las medidas más políticas de la reforma fiscal era la recuperación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Como se puede leer en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto, se resucitaba el pago por herencias entre familiares directos: padres, hijos y cónyuges. Después de que el PP lo redujera hasta prácticamente eliminarlo hace cuatro años, tras un enconado debate parlamentario en el que tuvo que hacer valer su mayoría absoluta, el Gobierno pretendía «retocarlo», en palabras del propio Sota.

El bipartito quería que la bonificación del 99% en las sucesiones se mantuviese sólo para las cantidades menores de 60.000 euros. A partir de esa cifra, todo subiría. Pasaría del 99% al 95% hasta los 200.000 euros; se fijaría en el 90% hasta los 400.000, y en el 70% para toda cantidad superior. Con esta medida, el Gobierno esperaba recaudar 58 millones de euros, apenas 1,2 millones más que este año y las deducciones se reducirían en global un 8%. Pero con el acuerdo de Ciudadanos todas estas cuentas se quedarán en el cajón. El impuesto se mantendrá tal y como lo diseñó el PP en 2012 y se encuentra en la actualidad.

Patrimonio e IRPF

En el marco de esta subida fiscal, el impuesto sobre Patrimonio también crecía un 33% y el Gobierno preveía recaudar así 26,3 millones de euros. Se mantenía el mínimo exento, pero se diseñaría una nueva tabla para regular los tipos de gravamen «de manera progresiva que permita aumentar el esfuerzo fiscal a los contribuyentes que disponen de una mayor capacidad económica», según se lee en el borrador. Esto también quedará anulado.

Seguirá sin tocarse, como ya había confirmado el propio consejero, el tramo autonómico del IRPF. Desde la propia Agencia Tributaria, encargada de preparar la reforma fiscal, también eran reticentes a subir por segundo año consecutivo este tributo. Después del incremento en este curso a las nóminas superiores de 46.000 euros anuales, exigido por Podemos para dar su apoyo al Presupuesto, Cantabria ha escalado posiciones entre las comunidades con el IRPF más alto. Y, de hecho, es la autonomía donde más dinero tienen que pagar las rentas altas, las superiores a 160.000 euros.

Lo que sí estaba previsto era una reducción de las bonificaciones, que este año suponían un 1,4% de los ingresos y el que viene del 1,3%, sobre todo en las obras de mejoras de viviendas y gastos sanitarios. Y también estaba previsto poner en marcha otras para «ayudar en los numerosos gastos que soportan las personas con discapacidad y las familias y entidades en las que se apoyan», como se puede leer en el borrador.

Estos colectivos se beneficiarían de una deducción del 15% en el IRPF, del mismo modo que la disfrutan los donativos a fundaciones o a Cantabria Coopera, y se les incluiría en la deducción por cuidados de familiares. Todavía no está cerrado lo que pasará finalmente con estas bonificaciones y si se verán afectadas por el acuerdo con Ciudadanos.