Marcano, un superviviente que ha superado cinco procesos judiciales

Su particular viacrucis judicial comenzó con la denuncia presentada por la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) por un asunto relacionado con su gestión al frente de la Alcaldía de Torrelavega hace ya la friolera de trece años: la compra de los terrenos de La Carmencita, donde el PP quiso edificar un centro de emprendimiento. Tanto tiempo transcurrido fue el mejor argumento para que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) archivara el caso en 2014. Sin entrar en el fondo del asunto, los jueces dijeron que la supuesta falsedad de la que fue acusado había prescrito.

La Justicia también acalló las acusaciones de prevaricación al político regionalista por la gestión de la cueva de El Soplao, un proyecto que se gestó bajo su égida como consejero de Cultura. La embestida judicial vino de la mano de un técnico de minas, que acusó al regionalista de haber adjudicado a dedo a la empresa SIEC el contrato de las obras y gestión del complejo urbanístico. López Marcano aguantó dos años de investigación judicial, sentencias y recursos para finalmente ver cómo el TSJC le exculpaba de forma definitiva de la supuesta prevaricación. Las obras fueron adjudicadas efectivamente sin concurrencia ni publicidad, pero los jueces lo justificaron por la urgencia en que la cueva abriera al público. Otra vez salvado.

Ese mismo tribunal, el competente para los aforados, tampoco vio nada raro en los permisos concedidos por el exconsejero de Cultura para instalar un molino de viento en Campoo de Enmedio. Las asociaciones ecologistas Arca y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria le acusaron de prevaricación por haber autorizado una instalación que podría haber dañado restos arqueológicos importantes. El juez, sin embargo, negó la mayor y archivó el caso en junio de 2013 porque "el proyecto no afecta a los intereses arqueológicos en la zona". López Marcano permaneció año y medio bajo sospecha pero, nuevamente, salió airoso.

Ninguno de estos asuntos le sentó en el banquillo porque los tribunales cortaron los procesos en la fase previa. El gran susto, el que le colocó frente a la justicia, llegó después, este sí de la mano del PP. La comisión parlamentaria abierta por los populares en torno a la empresa pública Cantur desencadenó una avalancha de asuntos en los tribunales, que pusieron en el punto de mira a dos consejeros, López Marcano y el socialista Ángel Agudo. El llamado caso de los gorilas le llevó a juicio acusado de nuevo de prevaricación en la tramitación y construcción del recinto ubicado en Cabárceno. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que confirmó la absolución del regionalista a tan solo seis meses de las autonómicas de mayo de 2015, lo que dio oxígeno al regionalista para concurrir sin cargas a esos comicios. Pero López Marcano todavía permanecía imputado en otra de las derivadas de la investigación popular en Cantur: la compraventa del Racing al empresario indio Alí Syed. El último eslabón de su calvario judicial se cerró ayer, cuando la Audiencia dio carpetazo a la venta de las acciones del club, una nueva victoria del regionalista frente a otro fracaso del PP en la cruzada judicial que emprendió cuando llegó al poder en mayo de 2011 para desacreditar a sus adversarios políticos.

Agudo, en el 'caso GFB'

En el episodio judicial del Racing, Marcano compartió imputación con el exconsejero de Economía, Ángel Agudo. El actual presidente del PSOE de Cantabria ya había pasado por otro martirio judicial cuando en 2012 fue acusado por el Ejecutivo del PP del fiasco de la fábrica de fibroyeso de Orejo, GFB, y de haber causado al erario público un quebranto económico de decenas de millones. La querella fue fruto de otra comisión de investigación creada en el Parlamento a propuesta del PP para dirimir las posibles responsabilidades políticas del Gobierno bipartito en ese fracaso empresarial. Agudo no llegó a sentarse en el banquillo porque la Audiencia dio carpetazo definitivo al caso al no observar irregularidades penales, aunque propinó un buen tirón de orejas al socialista al concluir que hubo una gestión "irresponsable" de los fondos públicos.