Los acusados del escrache a Ignacio Diego afirman que son víctimas de un "montaje político y judicial"

Así lo han anunciado en una rueda de prensa celebrada en el exterior del Interfacultativo de la UC, en la que han participado varios cientos de personas, y en el que los jóvenes de #preguntarnoesdelito han criticado la falta de apoyo público tanto de la Universidad como del Gobierno de Cantabria y de los partidos.

Dos años después de que el Juzgado nº 4 de Santander pusiera fin a la instrucción del caso, la Audiencia ha desestimado el recurso de los nueve jóvenes y ha confirmado que el procedimiento debe seguir por apreciar indicios de delito. El siguiente paso es que la Fiscalía formule escrito de acusación, algo que esperan ocurra en el plazo de "una semana".

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha denunciado que el día que Diego acudió a participar en el acto 'Tengo una pregunta para usted', estos jóvenes se encontraron con las puertas de la universidad "cerradas de forma selectiva", "se quedaron exigiendo su derecho a la libertad de expresión y sufrieron agresiones de la escolta" del presidente.

José Luis de la Mata, de la FAPA, ha afirmado que los delitos de la imputación inicial pueden acarrear penas de hasta 12 años el más grave y hasta 44 años en total, y ha destacado que desde que ocurrieron los hechos hace ya tres años, los jóvenes de #preguntarnoesdelito han seguido "sumando apoyos y demostrando con imágenes" que son víctimas de un "montaje político y judicial", en el que a su entender subyace un "ataque a la libertad de expresión".

En la misma línea, el profesor de la UC Luis Alberto Fernández, ha afirmado que este caso es "paradigmático" de la "estrategia de criminalización basada en el miedo para frenar la protesta social" pero ha destacado que a la vez ha conseguido "abrir muchos ojos".

En representación de las asociaciones de estudiantes, Yolanda Ceballos ha dicho que la UC todavía no ha explicado "por qué se prestó a vetar el acceso" a los jóvenes que asistieron al acto para protestar por los recortes, y ha criticado el "privilegio" que se otorga al testimonio policial respecto al resto.

Los imputados creen en la "absolución total" y han afirmado que no van a "asumir ninguna sentencia" condenatoria, ni siquiera por una falta. "Desde el primer céntimo que quieran que paguemos, no lo vamos a aceptar", han dicho.

Sin respaldo de la UC

A preguntas de los medios de comunicación, han dicho que no se sienten respaldados por la UC, que "en ningún momento se ha pronunciado" de forma "pública y oficial ni para mostrar su apoyo ni para denunciar este atropello". "Ya va siendo hora de que la universidad se pronuncie", ha dicho uno de los imputados, quien ha puntualizado que han recibido numerosas manifestaciones de apoyo a título individual de la comunidad universitaria.

Lo mismo han dicho del Gobierno, en el que a pesar de que han "cambiado los actores, la actitud es la misma", y no se ha producido una "condena pública y expresa", sino que su actitud es de "no me quiero pillar los dedos", lamentan. También han explicado que estuvieron en conversaciones con distintas fuerzas políticas y todavía están esperando de ellas "una respuesta firme y contundente".

Uno de los abogados de los imputados ha explicado que este procedimiento penal se inició a raíz de la denuncia que presentaron los escoltas de Diego, que "no está retirada", y ha añadido que el expresidente "se ratificó" en lo relatado en ella durante su declaración. Pese a que ni el Gobierno ni Diego son parte en este proceso, y sólo la Fiscalía puede ejercer la acusación, el letrado ha dicho que "sería muy importante que hicieran un apartamiento formal".

Además del 'parón' en las aulas, el viernes a partir de las 11.00 horas se celebrará un foro de debate y reflexión sobre la enseñanza pública en la sala de grados del Interfacultativo.