Costas regulará el sector de las escuelas de surf y pondrá límites a las tablas en el agua

Desde el Ministerio de Medio Ambiente (Costas) explican que el surf es una práctica que «se está incrementando». Que ha crecido la «intensidad» y, sobre todo, que ha recibido últimamente «las quejas suficientes de bañistas como para hacer necesaria la regulación del sector». Por eso, la Demarcación en Cantabria ya ha marcado su hoja de ruta para las escuelas de surf. Pretende elaborar un mapa de ocupación del litoral y ya ha empezado a contactar con los ayuntamientos. Delimitar. Entre otros aspectos, en qué playas, cuántas escuelas en cada playa y cuántas tablas puede haber a la vez en el agua. Eso y poner un canon por obtener «rendimiento del dominio público». Son algo más de 27 euros por tabla, por el número máximo de tablas que pueden estar practicando entre las olas a la vez en un momento dado. Todo ello supone entrar de lleno en un sector de moda, con unas sesenta empresas repartidas por la región. Entre las reacciones, matices a lo que tiene que ver con los euros y dudas respecto a que exista un «conflicto en las playas». Y también advertencias: «Esto es muy peligroso para las empresas».

«Toda actividad que implique peligrosidad o que tenga una intensidad importante requiere una autorización», empieza aclarando José Antonio Osorio, jefe de la Demarcación que, hasta ahora, simplemente «tomaba conocimiento de la actividad». Se daban por enterados. El cambio, según explica, viene por «las quejas». Recibidas en sus propias oficinas, en las de los ayuntamientos o en los servicios de socorrismo. Bañistas molestos por el incremento de escuelas y, con ellas, de tablas a la hora de darse un chapuzón. Osorio cuenta que esas protestas se han producido «aquí y en otros puntos de la Cornisa Cantábrica». Por eso regularán aquí y en otras provincias. Lo primero ha sido ponerse en contacto con los ayuntamientos costeros porque ellos pueden optar por regular directamente este sector, incluido entre los servicios de temporada veraniega. A los que quieran les pide que remitan su informe. Que hagan cálculos (cuántas playas, cuántas escuelas, cuántas tablas) y que tomen medidas. Y les pedirá que le paguen el canon, con ese mínimo de los 27 euros (una cifra que los consistorios podrían incrementar). Si alguno prefiere no meterse, la Demarcación se ocupará directamente de común acuerdo con cada municipio. Pondrá los límites y cobrará las tasas. «Tal vez el dato de los 27 euros sea lo más llamativo, pero consideramos que lo más relevante es el hecho de limitar cuánta gente puede estar realizando la actividad a la vez o aspectos como el número de profesores que debe haber por turno o si están al día en los seguros de responsabilidad civil».

El municipio del surf

Costas está esperando las respuestas desde los distintos ayuntamientos. Alguno ya ha solicitado asumir la regulación y otros lo que han pedido es que les amplíen las explicaciones antes de ponerse manos a la obra. En Santander, por ejemplo, afirman que aún no han recibido el comunicado y prefieren no pronunciarse sobre la medida. Algo que sí hace el alcalde de Ribamontán al Mar. Posiblemente, el territorio que más se ha volcado con el surf. «Nosotros dimos la tecla y acertamos. Entiendo que somos un referente a nivel nacional y no queremos morir de éxito si no cortamos esto. Por eso, estamos totalmente de acuerdo con la regulación», asegura Francisco Asón (PRC). «Es que lo hemos pedido nosotros», insiste además de matizar que en su caso está el área de influencia de Costas y el de la Junta del Puerto. «Tenemos escuelas con todo legal pero también hay gente que viene, incluso, de fuera y puede generar problemas porque se quejan los bañistas y porque hay que ser rigurosos con las zonas acotadas».

Ellos ya trabajan en una Ordenanza y han hablado con la Junta respecto a otorgar «concesiones de cuatro años». «Vamos a ver si se puede hacer así, y el tema del canon, lo miraremos. Lo estudiaremos y hablaremos con las escuelas. Un canon tiene que existir. Otra cosa es que sea tan elevado. Porque hay que regularlo, pero también da rabia que las Administraciones saquen dinero por todas partes. Que la prioridad sea regularlo, pero no obtener un beneficio. A nosotros, por ejemplo, nos corresponde la limpieza de las playas o los servicios de socorrismo, que nos cuestan mucho dinero, y no cobramos nada, no obtenemos ningún beneficio».

Al canon no entran desde la Federación Cántabra de Surf. «Nosotros dice podemos dar consejos sobre cómo deben ser las clases, la titulación de los profesores o la seguridad, pero en el asunto económico, que afecta a empresas, no estamos en disposición de entrar», apunta su residente, Óscar García. Sí que cuestiona la existencia de «un conflicto en las playas». «Yo no lo he notado. No tengo constancia del número de reclamaciones, pero sí de que los surferos ayudan y colaboran con los socorristas. Posiblemente ver a mucha gente a la vez bajando a las playas con las tablas del mismo color pueda llamar la atención... Pero en la mayoría de las playas si no está regulado el horario, el baño está regulado por balizas y la gente se puede bañar en la zona acotada. Puede que haya impacto visual. Pero conflicto, poco». Si acaso, algo achacable puntualmente a los que «van por su cuenta y han empezado hace poco a hacer surf». Pero no a escuelas y a deportistas de toda la vida. Él considera que «está bien que el sector se regule si está creciendo tanto si eso repercute en una mayor calidad de las clases, de la enseñanza, de materiales, de todo...».

«No se hace bien»

¿Y las escuelas? «Costas ha visto que hay un negocio y quiere participar. El surf, además de un deporte precioso, es un negocio. Por eso hay tantas, porque hay mucha demanda», adelanta Rubén Abelenda, de Berria Surf School, en Santoña. Él advierte: «Es peligroso. Esas limitaciones nos pueden perjudicar mucho o muchísimo. Es como limitar a una cafetería el número de cervezas que puede servir a una hora concreta en una terraza, que también utiliza espacio público». Perderán clientes. «Faena» para ellos y para los establecimientos con los que trabajan. Albergues, restaurantes, hoteles... «Tienen que ver que el nivel turístico que supone es muy importante, y no lo ven». Y pone los ejemplos de Portugal y Francia, con controles (seguros, licencias), pero sin limitaciones. «Está bien que el bañista sea la prioridad. Y, si es lo más importante, que acoten zonas grandes que estén bien vigiladas, señalizadas y que sean amplias. Es el modelo francés, el ideal. Pero aquí cada año la playa la gestiona una empresa diferente y no se hace bien». Habla de «saber convivir», de aprender. Y también de lo difícil que es «buscarse la vida» para salir adelante. «Vives de cuatro meses».