El fiscal pide un año de cárcel para uno de los acusados del escrache a Ignacio Diego

El Juzgado ha decretado la apertura de juicio oral para siete de los nueve jóvenes que habían sido imputados.

Y, en un auto al que ha tenido acceso Efe y que tiene fecha del 8 de febrero, no se incluye la calificación más grave que se había apuntado para tres de los jóvenes investigados durante la instrucción: la de atentado agravado.

El Juzgado instructor y la Audiencia entendieron en su momento que había indicios suficientes de conductas delictivas en nueve jóvenes que estuvieron en la protesta contra Diego.

Sin embargo, según se recoge en el auto de apertura de juicio oral del Juzgado, la Fiscalía acusa a siete de esos nueve jóvenes y deja fuera del procedimiento a otros dos.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos ocurridos en esa protesta contra Diego son constitutivos de supuestos delitos de coacciones y de daños, y de faltas contra el orden público.

La Fiscalía atribuye a los siete jóvenes un supuesto delito de coacciones, por los que el Juzgado les abre juicio oral.

Además, para tres de ellos también se decreta la apertura de juicio oral por una presunta falta contra el orden público (falta de respeto y consideración a la autoridad), por unos insultos a Ignacio Diego.

Por las supuestas coacciones el Ministerio Fiscal pide para cada acusado una pena de multa de 4.200 euros, y por la falta contra el orden público, otra multa de 200 euros.

Pero uno de los jóvenes tiene también una petición de pena de un año de cárcel y una multa de 3.600 euros por un supuesto delito de daños.

En el auto, el juez instructor señala que "solo puede mostrar su conformidad" sobre que la Fiscalía no acuse por el delito de atentado agravado, que se atribuía a tres de los investigados.

Y ello porque "no cabe duda de que el visionado del vídeo aportado por la defensa constata la inexistencia de ese hecho". "Es decir, en ninguno de los vídeos aportados consta no ya que hubiera sido acometido el presidente, sino que siquiera hubiera tiempo material para hacerlo", abunda el auto.

Los hechos sucedieron en 2014, con motivo de una visita del entonces presidente regional, Ignacio Diego, a un encuentro con estudiantes en la Universidad de Cantabria.

Según se recoge en el auto, hay indicios de "planificación previa" de los hechos y de coordinación por los jóvenes, cuya finalidad, según el juez, era "impedir por la fuerza que el presidente abandonara el lugar".

Para ello, a su juicio, "con un perfecto reparto de papeles", unos "cercan el coche" y otros "colocan una pancarta" sobre él.

Al joven acusado del supuesto delito de daños le achaca haber dado patadas al coche del presidente, y se le solicita que preste una fianza de 981,39 euros para asegurar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la causa.

En el auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso, también se determina que el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa son los juzgados de lo Penal de Santander.

Y se da traslado de las actuaciones para que las defensas presenten sus escritos.