La Fiscalía pide declarar culpable el concurso de Ecomasa e inhabilitar a los gestores

En el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso este periódico, se solicita al juez incapacitar ocho años a Andrés de León, cinco a Manuel Jesús Lavín y dos años a Antonio Hernández para actividades de comercio, formar parte de un órgano directivo de una sociedad y para administrar bienes ajenos. También declara cómplices a dos mercantiles que participaron del accionariado (Ecomasa de Inversiones II S.L. y Comercial e Industrial NM Chile S.L.).

La compañía, abierta en 2012, también está siendo investigada en el Parlamento con el objetivo de conocer el destino de los 18 millones de euros de fondos públicos aportados por el Instituto Cántabro de Finanzas (doce millones) y Sodercán (seis millones), mientras que Lavín y De León solo aportaron un total de 226.000 euros. Las ayudas a la firma fueron decididas por el Gobierno del Partido Popular, que presidía Ignacio Diego.

El fiscal señala en su informe que Ecomasa concedió importantes préstamos a otras empresas del grupo de Lavín y De León, a pesar de que el compromiso de financiación con el Gobierno de Cantabria se limitaba a Nestor Martin. Por ejemplo, los antiguos gestores dieron un crédito de medio millón de euros a Comercial Chile, que no pertenecía al Grupo Ecomasa, a sabiendas de que «generaba o agravaba una situación de insolvencia». Además, el documento menciona que Ecomasa presentó autoliquidaciones tributarias «ficticias» en 2014 y 2015.

Por todo ello, además de la inhabilitación de los empresarios, la Fiscalía pide indemnizaciones por tres vías distintas. La primera, de 39.668 euros, de forma personal y exclusiva, para De León. La segunda, de 500.000 euros para Lavín y De León «en unión de cómplice» con Comercial en Industrial Chile de 500.000 euros. Y una última para ambos empresarios y Ecomasa de Inversiones «por el importe del crédito que salió fraudulentamente de la masa activa, compensado por bienes sobrevalorados, al comprarse la marca Sommtfire o las participaciones en Chimeneas Barcelona», que se estima en alrededor de 1,8 millones de euros.

Pérdidas

El Juzgado Mercantil de Santander ya recibió en noviembre del año pasado el informe del administrador concursal en el que desgrana las actuaciones de los dos empresarios y como, desde la creación de Ecomasa-EWI, entre 2012 y junio de 2015, ésta recibe «cuantiosas» ayudas públicas desde organismos del Gobierno de Cantabria y dinero de la empresa TEKA, correspondiente a las indemnizaciones de los trabajadores que iba a recolocar en su fábrica. En total, según el administrador, 21 millones de euros.

Pero el administrador, como recuerda ahora la Fiscalía, indica que la empresa de estufas concedió «importantes» préstamos financieros a otras firmas ajenas a Ecomasa, con un importe total de 5,7 millones de euros, de los cuales solo se han recobrado 873.122 euros.

En el documento remitido al juzgado se reseñan los resultados negativos de 2013, 2014 y 2015, que supusieron unas pérdidas de 6,9 millones; la fallida operación Wanders, que costó 3,5 millones; los préstamos a empresas del grupo por importe de 3,9; y la financiación a otras empresas vinculadas por un total de 1,1 millones.

Todo ello suma 15,4 millones de euros de pérdidas «no recuperables» porque, según detalla el administrador, el grupo está quebrado salvo Chimeneas de Barcelona, que se vendió dentro de la liquidación concursal por 250.000 euros.

Juicio

Ahora, una vez recibidos los informes del Ministerio Fiscal y de la Administración Concursal, el magistrado Carlos Martínez de Marigorta ha ordenado informar a los empresarios y a las empresas señaladas como cómplices, para que se presenten con su abogado para alegar lo que estimen. El siguiente paso será señalar una fecha para el juicio.

El mismo tribunal fue protagonista hace un mes, cuando rechazó las demandas presentadas por los trabajadores de Ecomasa contra Sodercán. Los empleados solicitaban que se declarase la responsabilidad solidaria de la empresa pública en el pago de sus indemnizaciones.

Esa sentencia se sumó a las resoluciones desestimatorias dictadas en el último mes por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y previamente por el Juzgado de lo Social número 4. A finales de noviembre, los 47 empleados de la factoría de estufas de Maliaño presentaron a título individual incidente concursal en materia laboral ante el Juzgado de lo Mercantil solicitando que se declarase la improcedencia de sus despidos y se condenase solidariamente a la administración concursal, Sodercán y el Fogasa al abono de las indemnizaciones.

El juzgado admitió a trámite el incidente pero no llegó a señalar vista al considerar «inútil, innecesaria e impertinente» la prueba propuesta, y dictó la sentencia «sin más trámites», por tratarse de una «cosa juzgada» y por «falta de jurisdicción».

En el fallo, el magistrado señala que el Juzgado de lo Mercantil no es competente para declarar la existencia de un grupo laboral de empresas, «lo que dicho sea de paso, ni se solicita expresamente ni se justifica que Sodercán tuviera la condición de empresario», ni para condenar solidariamente al pago de un crédito a un tercero distinto al concursado.

El proceso penal que arrancó con la demanda por estafa, apropiación indebida y fraude presentada por los trabajadores contra los gestores de la sociedad sigue, mientras tanto, su propio camino. El gobierno regional, a través de la empresa Sodercán, también decidió personarse como acusación tras conocer el resultado de la auditoría forense encargada por la propia empresa pública.