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Enrique Munárriz
Jueves, 9 de marzo 2017, 07:06
El PP de Cantabria vivió ayer uno de los días más caóticos y esperpénticos en décadas. Las acusaciones de traición de las jornadas previas y las descalificaciones públicas en diferentes medios se transformaron, antes y después de las votaciones, en denuncias de irregularidades y anuncios ... de impugnaciones de diferentes mesas electorales, que ahora deberá resolver la organización del Congreso regional. Un conflicto del que no se descarta que termine en los tribunales de justicia. La tensión se plasmó este miércoles especialmente en Torrelavega, Camargo y Laredo.
Denuncia
La candidata María José Sáenz de Buruaga amaneció ayer con la noticia de que un exconcejal de Laredo, Ramón Arenas, que está suspendido de militancia por dos años, había denunciado el martes ante la Guardia Civil que se había suplantado la personalidad de un vecino de Laredo, M. L., para "crear una cuenta y pagar desde ella casi 10.000 euros en las cuotas de 491 afiliados" para que pudieran votar.
Un golpe en la línea de flotación de la candidatura de la secretaria general la misma jornada en la que 3.365 inscritos debían pronunciarse y que dio un giro de 180 grados esa misma mañana. La supuesta víctima del fraude, que un día antes había reconocido los hechos, se personó nuevamente ante la Guardia Civil para retractarse en sus declaraciones y denunciar que las hizo "coaccionado" por el propio denunciante, que incluso le llevó hasta las dependencias policiales y no le entregó la copia de la denuncia. En la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, M. L. asegura que Arenas "se había presentado en su domicilio diciéndole que si no manifestaba lo que él decía iba a tener problemas", reconoce que "los pagos los había realizado un amigo desde su cuenta del BancoSantander al que cedió las claves de acceso" y añade que siempre "había sido consciente" del pago.
Sáenz de Buruaga reaccionó de forma inmediata en una rueda de prensa y achacó la denuncia presentada por supuestas irregularidades a una campaña "perfectamente orquestada" por la candidatura de Ignacio Diego, al que acusó de "ensuciar" el proceso porque "sabe que no lo va a ganar".
Sáenz de Buruaga explicó que el pago conjunto de cuotas de afiliados por transferencia bancaria es un proceso "legal" y "muy normal". De hecho, apuntó que el PP regional ya había utilizado ese sistema para poner al día a los compromisarios de Nuevas Generaciones antes del Congreso Nacional y que desde la candidatura de Diego se habían hecho "transferencias masivas" en Arenas de Iguña, Los Corrales de Buelna o Castro Urdiales. "Nadie ha dicho nada al respecto. Unos y otros ingresos han sido validados por la comisión organizadora y a todas esas personas se las ha inscrito, como no podía ser de otro modo", sentenció visiblemente indignada.
"Lo que sé es que un señor llamado Ramón Arenas, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Laredo, que ha sido expulsado del Partido Popular de Cantabria y que trabaja en Laredo para la candidatura de Ignacio Diego, llevó el martes, bajo coacciones, a este militante a la Guardia Civil a interponer una denuncia en su nombre", remachó.
Arenas, por su parte, aseguró este miércoles que él va a seguir con la denuncia hasta las "últimas consecuencias" porque su pretensión es que la Fiscalía "investigue hasta las últimas consecuencias" y "dé con la persona o las personas" que están detrás de esos pagos por valor de casi 10.000 euros.
Sáenz de Buruaga criticó las "agresiones unilaterales de una candidatura a otra". "Agresiones personales e insultos que he sufrido yo y mi familia", recalcó, antes de referirse también a las "presiones" y "amenazas" a trabajadores del PP de Cantabria. "¡Basta ya! Se están sobrepasando todos los límites", advirtió antes de las votaciones, y censuró que también se estén revelando "datos privados y confidenciales que pertenecen al PP y a sus militantes".
Tanto la denuncia como las filtraciones ya están en manos de los servicios jurídicos del PP, según reconoció Sáenz de Buruaga, y de la comisión organizadora. La número dos del PP pidió al presidente del partido que "se comporte con más respeto" hacia el partido y hacia la gente que lo conforma. "Porque se empieza dando un portazo en Génova y se termina intentando dinamitar y llevarse por delante toda la organización. No es aceptable este planteamiento de o yo soy el presidente o rompo todo. De verdad que no necesitamos un Pedro Sánchez", concluyó.
NUmerosas incidencias
La jornada electoral, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, estuvo plagada de incidentes, hasta el punto de que a la hora del cierre de esta edición los equipos de ambos candidatos estudiaban la impugnación de los resultados en varias mesas.
El principal foco de conflicto durante la votación estuvo en Torrelavega. Según pudo saber este periódico, por la mañana había 160 afiliados con derecho a voto y por la tarde la cifra bajó hasta 114. La tensión en torno a las urnas entre representantes de las dos candidatos fue en aumento. Los responsables de las votaciones explicaron que muchos de los que estaban inscritos tenían que votar en las mesas de otros municipios. A tres de los afiliados que estaban por la mañana en el censo y al corriente de pago, según su propia versión, no les dejaron votar y estudiaban presentar una queja formal. En la capital del Besaya, los afines a la candidatura de Buruaga, liderados por el exalcalde Ildefonso Calderón, se agruparon en una cafetería cercana a la sede, mientras los seguidores de Diego acusaban a Calderón de cambiar el voto de los afiliados mayores que traían otra papeleta.
En Camargo se produjo también un incidente entre miembros de las dos candidaturas. El presidente de Nuevas Generaciones, Javier Fernández Soberón, que apoya a Ignacio Diego, llamó para solicitar que se cerrara la mesa en la que votaban los 12 inscritos de Nuevas Generaciones (que usan una urna distinta a la del resto de militantes), pero el exalcalde de Camargo y afín a Buruaga, Diego Movellán, se presentó en la sede e impidió que se cerrara la citada mesa, según explicó el propio Movellán a este periódico.
En Laredo se presentaron algunos afiliados con intención de votar, pero no aparecían en las listas. Desde la mesa correspondiente les instaron a contactar con la sede central de Santander para aclarar si había algún error o el problema es que no se habían inscrito previamente para poder votar.
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