Cantabria pide ayuda al Gobierno central para afrontar el coste de los derribos

Sin embargo, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha comunicado por escrito a la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, que el coste inicial de la operación (64.611.050 euros) es "una cantidad inasumible por nuestra Comunidad, teniendo en cuenta las limitaciones del escenario de estabilidad presupuestaria". Cantabria no pide directamente, pero comunica bien claro a la Administración central que las arcas regionales, por sí mismas, no van a poder pagar. El Gobierno cántabro ya llevaba tiempo haciendo gestiones para lograr que Moncloa le permita acudir a un crédito extraordinario, toda vez que la cantidad que se ha de desembolsar también es extraordinaria.

En una breve carta enviada a la vicepresidenta también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Sota recuerda que en diciembre se entrevistaron en el despacho del presidente Miguel Ángel Revilla, "donde te informé del problema económico grave que se le puede plantear a Cantabria por la indemnización a los propietarios de viviendas con sentencia de derribo, en el caso de que las casas no puedan ser objeto de legalización y haya de procederse a la ejecución del derribo, un problema que se arrastra desde hace años".

El consejero adjunta con la misiva un resumen económico de las indemnizaciones al tiempo que le advierte de que los cálculos se han realizado "sin incluir el coste material de los derribos, ya que en la actualidad no se tienen datos" sobre lo que supondrían las operaciones a realizar. Sólo hacer desaparecer las 214 viviendas que llegaron a ponerse en pie en el Alto del Cuco (en Piélagos) costó algo más de un millón de euros el verano pasado. Y eso a pesar de que los pisos no estaban terminados.

El titular de Economía del Gobierno cántabro hace hincapié, con ese aviso, en el hecho de que los 64,6 millones de euros es la cifra a enfrentar sólo por el perjuicio material causado a los propietarios de las viviendas en Argoños, Escalante, Arnuero y Piélagos, los cuatro municipios que están sufriendo el problema.

Expedientes

En el esquema que Sota le ha enviado a Sáenz de Santamaría le explica que las cifras se extraen de los informes periciales de los que dispone la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social (dirigida por Eva Díaz Tezanos) que, a su vez, los ha sacado de los expedientes tramitados en 2015 para determinar las compensaciones a los propietarios. "La indemnización es el coste de reposición de las viviendas, esto es, el coste estimado de las obras de construcción y urbanización de unas casas de análogas condiciones a las que han de ser objeto de demolición, incluyendo la construcción, licencias y todos los gastos asociados" hasta la finalización del proceso con la inscripción en el registro de la propiedad de las viviendas a nombre de sus titulares, especifica.

El consejero plantea un segundo aviso: en el importe estimado no se incluye el valor del suelo, porque se considera que las nuevas viviendas se construirían en el mismo suelo que las que han de ser demolidas. "De no ser así, obviamente habría de valorarse también el suelo, por lo que el coste final resultante aumentaría de forma sustancial". Sota explica que sólo el caso de Arnuero escapa a esta lógica, ya que en este término municipal el Ayuntamiento ha anunciado que aportará por sus propios medios la parcela en la que se levantaán las nuevas construcciones.

Cantabria ha informado al Gobierno central de que arreglar el desaguisado de las viviendas que no se ajustaban a la ley costará en Argoños más de 28 millones de euros. En este municipio, hay expedientes de urbanizaciones que son de exclusiva responsabilidad del Gobierno regional y otros en que la comparte con el Ayuntamiento. En Escalante, la responsabilidad es solidaria entre las dos administraciones y la cuantía de la indemnización asciende a 3,6 millones.

En Arnuero, también se comparte el compromiso de compensar, en este caso por más de 11,6 millones de euros, mientras que en el de Piélagos (responsabilidad solidaria) el compromiso se eleva hasta los 20,4 millones. En todos los supuestos habría que sumar el IVA.

Como es conocido, en diciembre la Asociación de Maltratados por las Administración (AMA) entregó una propuesta al Ejecutivo con la que aspiraba a solucionar el problema esta legislatura. En ella reclamó una partida presupuestaria de 100 millones de euros en los próximos tres años para saldar el conflicto, bien mediante el pago de indemnizaciones o la sustitución de viviendas en que la demolición sea inevitable. La asociación lleva tiempo exigiendo la mayor celeridad en los trámites que les atañen, como por ejemplo, en la aprobación de los planes de urbanismo que, en algunos casos, podrían salvar de la piqueta a viviendas que ahora mismo están condenadas a caer. En la actualidad, el de Escalante es el plan más avanzado.

Sin embargo, a lo largo de las dos décadas en las que se prolonga ya el problema muy doloroso para las familias que lo han sufrido no ha sido precisamente rapidez lo que se ha encontrado la asociación. Por un lado, por las propias leyes. Por otro, porque los afectados han tenido que vérselas con gobiernos regionales de distinto signo político, los que se han ido sucediendo a lo largo de los años.

En total, Cantabria tiene que dar respuesta a 621 con sentencias de demolición, a las que hay que sumar las más de 200 que no llegaron a terminarse de construir en el Alto del Cuco (en Piélagos) y que ya fueron derribadas.