La Policía investiga a operarios del vertedero de Meruelo por vender joyas halladas en la basura

Los agentes cifran en 18.000 euros el dinero obtenido con estas transacciones en los dos últimos años, aunque las indagaciones están todavía en fase incipiente.

El pasado viernes veintiún trabajadores de la planta acudieron a la Jefatura Superior de Policía de Santander para prestar declaración en torno a estos hechos, lo que ha causado conmoción en la empresa.

El director general de TIR Cantabria, Joaquín Pérez Viota, subrayó a este periódico que la empresa ignoraba la práctica atribuida a los trabajadores. «El protocolo que hay que seguir cuando se encuentran objetos de valor es el que marca la ley, que es muy taxativa», subraya el directivo, que explica que los operarios están obligados a entregarlos a la empresa y ésta a la autoridad competente.

La empresa tuvo conocimiento de la investigación cuando hace unos días recibió una circular de la Policía Judicial con un listado de 21 trabajadores a los que se citaba a declarar en las dependencias de La Albericia en torno a la venta de joyas supuestamente procedentes del vertedero de Meruelo.

Los agentes acompañaban la instrucción de una encomienda sobre el procedimiento que debía seguirse con las joyas encontradas en la planta. «La Policía nos ha dicho que tenemos que entregarles una relación de lo que encontremos y depositar los objetos en el Ayuntamiento de Meruelo, que es quien tiene la potestad de disponer de una oficina de objetos perdidos», señala Pérez Viota.

Las investigaciones policiales tienen su origen en los controles preventivos que la Policía Judicial realiza en los establecimientos de compraventa de oro, ya que buena parte de las joyas de procedencia ilícita se colocan en estos locales. Estas casas de empeño están obligadas a llevar un registro de cada transacción, en la que consta la identificación de las piezas y lote y el DNI de la persona que formaliza la venta.

La alarma surgió cuando los agentes del Grupo II de la Brigada Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, el responsable de estas indagaciones, observaron que en un establecimiento de Maliaño las mismas personas realizaban de manera periódica operaciones de venta de alhajas. Los agentes tiraron de la punta del ovillo y tomaron declaración a uno de los sospechosos que fue incapaz de dar una versión verosímil acerca de la cantidad de piezas de oro colocadas en el comercio.

Los agentes sólo tuvieron que seguir el hilo que les condujo hasta la planta de transformación de residuos del vertedero de Meruelo. El vendedor bajo sospecha era trabajador de TIR Cantabria, lo que indujo a la Policía Judicial a cotejar los datos personales de otros vendedores habituales, que resultó que eran compañeros de tareas.

Con estos mimbres, el pasado día 11 los agentes despacharon un oficio a la empresa con la relación de los 21 trabajadores que debían personarse en las dependencias policiales «para poder determinar si las operaciones de venta tienen su origen en su actividad laboral». La Policía trataba de clarificar cada una de las transacciones y sobre todo la procedencia de las joyas. La masiva comparecencia se produjo el pasado viernes, lo que obligó a la empresa a reajustar los horarios de trabajo ese día.

Fuentes próximas a la investigación cifran en unos 18.000 euros la cuantía total de las operaciones de venta de joyas, que podrían haber comenzado a realizarse en el año 2015, coincidiendo con la inauguración de dos nuevas líneas de tratamiento en la planta de Meruelo. Una de ellas separa el vidrio del material orgánico, y en algunas partes de este proceso se produce una acumulación de elementos más pesados, que permite aflorar las joyas y otros metales que van envueltos entre las basuras.

El director general de TIR Cantabria relata que en alguna ocasión han aparecido hasta armas, que se han entregado en el cuartel de la Guardia Civil de Noja, o documentos de distinto valor, que pasan a disposición también a la Benemérita. Pero «nunca» se había producido una situación como esta, en la que los operarios están bajo sospecha por quedarse las alhajas u objetos de valor. Según ha podido saber este periódico, las indagaciones policiales continúan al menos sobre 16 de los 21 empleados, entre los que se encuentra el presidente del comité de empresa, con quien este periódico ha intentado contactar a lo largo de los dos últimos días sin éxito.

Pérez Viota asegura que la empresa, que ha hablado del asunto con los representantes de los trabajadores, no adoptará ninguna medida interna hasta que tenga conocimiento exacto de los hechos. «Cuando sepamos lo que hay, se estudiará», zanjó el director general.

De momento, las investigaciones permanecen en sede policial, por lo que no se ha producido intervención judicial. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que el alcance penal del asunto «no está claro jurídicamente» y, en cualquier caso, se trataría de conductas de penalidad leve, lo que antes de la reforma del Código Penal de 2015 se calificaba como falta, castigadas con penas de multa. Recientemente el Juzgado Penal número 3 de Santander ha condenado a 225 euros de multa a dos buscadores de oro como autores de un delito leve de apropiación indebida por vender las joyas que encontraban en los arenales (ver información anexa).