Cantabria pierde 22 millones de Valdecilla por un retraso en la justificación de los gastos

El 7 de diciembre, el Gobierno central (PP) cerró el ejercicio económico de 2016 sin haber recibido por parte del Ejecutivo cántabro (PRC-PSOE) el certificado que justificara "adecuadamente" el gasto de 22 millones de euros en las obras del hospital Valdecilla, partida que estaba consignada en los Presupuestos Generales del Estado y que Cantabria dejó de percibir. El Ministerio de Hacienda comunicó ese día que no resultaba "posible" la concesión de la financiación "al no disponer de tiempo suficiente para concluir su tramitación al cierre del ejercicio presupuestario" y Cantabria se quedó así sin los 22 millones.

Esta es la versión que, apoyada en distinta documentación, aportó ayer la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para explicar por qué en los Presupuestos de 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy no ha consignado la prometida partida para Valdecilla -otros 22 millones- y por qué en la memoria que acompaña a los mismos se diga expresamente que "se elimina" la dotación para el hospital. "Porque el Gobierno de la nación no confía en que el de Cantabria pueda justificar en 2017 la inversión que no consiguió justificar en 2016; es una postura muy entendible", razonó Buruaga, que sacó a la luz pública la pérdida de los 22 millones adjudicados al hospital durante el pasado ejercicio por la "incapacidad" del Ejecutivo regional para justificar los gastos realizados por esa cuantía. "La Administración del Estado ha querido pagar, pero el Servicio Cántabro de Salud (SCS) no ha sabido o no ha podido justificar ante el Ministerio de Hacienda el importe de las obras realmente ejecutadas, que están a la vista de todos y que están perfectamente documentadas en la oferta presentada por la empresa adjudicataria del contrato de colaboración público-privada (CPP)", denunció la nueva líder del PP cántabro.

El Gobierno respondió a Buruaga a través de la Consejería de Sanidad, que negó que no haya "acreditado" la inversión de la partida presupuestaria aprobada para 2016 y que aseguró que "no hay excusa que pueda justificar que no exista asignación para Valdecilla en el presupuesto de 2017". Por ello, reclama al Estado una partida de al menos 44 millones de euros en los Presupuestos de este año para la financiación comprometida del hospital, los 22 del año pasado que no da por perdidos y los 22 de actual. "Se trata de un claro incumplimiento del compromiso político adquirido en su momento por Rajoy y asumido recientemente por la ministra de Sanidad -Dolors Montserrat- ante la consejera -María Luisa Real-, y en sus manos sigue estando cumplirlo. Bien traspasando inmediatamente los 22 millones que se adeudan de 2016 e incorporando una partida especifica por el mismo importe en los Presupuestos de 2017, o bien incluyendo en las cuentas de este año una partida única que incluya el montante total de ambos ejercicios", expresó el Ejecutivo regional a través de un comunicado, en el que subraya que "la ciudadanía de Cantabria no va a tolerar que este dinero no llegue a la comunidad".

Certificación fallida

En 2016, y a través de una enmienda presentada por el Grupo Popular, se consignó en los Presupuestos Generales del Estado un crédito de 22 millones para la financiación de Valdecilla que, al igual que los años anteriores, debía instrumentalizarse en forma de convenio.

El 16 de febrero, el Gobierno central solicita al cántabro la remisión del certificad que debe adjuntarse al convenio, con el fin de iniciar la tramitación del expediente para la concesión de la subvención de 22 millones. El 13 de julio, cinco meses después, el Ejecutivo regional remite dicho certificado, pero de forma "incorrecta" según el Ministerio de Hacienda, que le pide introducir una serie de correcciones. El 21 de septiembre el Estado recibe un nuevo certificado, igualmente incorrecto, que debe ser de nuevo corregido. Todo hasta que el 22 de octubre, después de varias rectificaciones, el Gobierno, a través del SCS, certifica gastos de inversiones en Valdecilla por importe de 22.111.518 euros.

Del importe total certificado, la Administración central consideró que "únicamente" se debía aceptar como obras debidamente justificadas un importe de 13,5 millones, los correspondientes a la ejecución de la fase tres de la construcción del nuevo hospital y a la adaptación del servicio de Urgencias. La cantidad restante, que asciende a 8,5 millones, no se admite como inversión financiable, dado que de la información aportada por el Gobierno de Cantabria "no podía aseverarse que se hubiera invertido ciertamente en obras". Esa cantidad es la que se destinó a la amortización de las obras del contrato de CPP.

A pesar de ello, el Ministerio decide tramitar el expediente por el importe total de 22 millones con posibilidad de reintegro si después no se justificaba adecuadamente. El 2 de diciembre solicita los informes de la Abogacía del Estado y, finalmente, el día 7, "como consecuencia de no disponer de tiempo suficiente para concluir su tramitación", decreta que "no es posible" conceder la subvención al haberse dictado ya el acuerdo de no disponibilidad y haberse cerrado el ejercicio presupuestario.

Lo sucedido durante el mes de diciembre es lo que niega Silvia Abascal, portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cantabria, que fue quien dio más detalles sobre el proceder del Gobierno en el caso. Según ella, los datos de Intervención General del Ejecutivo regional "desmienten" los aportados por Buruaga ya que "demuestran" que el 1 de diciembre de 2016 se remitió el correspondiente certificado de gastos de inversión por un importe de 22.111.508 euros al Servicio Cántabro de Salud y éste lo remitió el mismo día a la Administración central. "Es mentira que no se emitiera el certificado y, por tanto, las excusas que da el PP son también falsas", argumenta Abascal.

Pero la documentación oficial a la que ha tenido acceso a este periódico no concuerda con la versión defendida, a través de un comunicado, por la diputada del PSOE en el Parlamento de Cantabria. Si bien el Servicio Cántabro de Salud sí recibió el jueves 1 de diciembre el certificado de gastos de inversión en las infraestructuras de Valdecilla por parte de Intervención General, no lo remitió a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda hasta el lunes 5. Aunque el documento aparece firmado por el director gerente del SCS Julián Pérez el día 1, el sello oficial del propio organismo público que refleja su envío aparece con fecha del 5 de diciembre. El 6 es festivo y el 7 el Ministerio cerraba el ejercicio presupuestario.

Mientras, la Consejería de Sanidad no proporcionó fechas, pero sí aseguró que durante el pasado año exigió "reiteradamente" al Ministerio de Hacienda el pago de la cantidad presupuestada y que, tras "una comunicación intensa" para acordar los extremos económicos de la certificación que avalase el traspaso de los fondos, la misma fue remitida por el director del SCS -no dice cuándo- "sin que hasta la fecha se haya producido el ingreso de la cuantía certificada".

"Grave negligencia"

Sáenz de Buruaga culpó la pérdida de esos 22 millones de 2016 para Valdecilla tanto a la "parte socialista" del Gobierno de Cantabria, por la "negligencia grave" de la consejera del PSOE María Luisa Real y su equipo al no haber podido justificar las obras, "pese a que el Estado le dio hasta tres oportunidades", como a la "deficiente supervisión" del presidente, el regionalista Miguel Ángel Revilla, sobre las personas que ha nombrado consejeros. "Efectivamente, alguien puede estar engañando al señor Revilla, pero ese alguien no es Rajoy ni el PP", concluyó la presidenta del PP cántabro.