«Hacienda pidió datos que no existen para evitar pagar Valdecilla»

La consejera, que llegó al hemiciclo cargada con documentación oficial para sostener su relato, explicó que Cristóbal Montoro sólo estaba dispuesto a aceptar certificaciones de obra previas al Contrato Público Privado y que no hubiesen sido justificadas previamente, una serie de recibos pendientes de la ejecución de las obras de la Fase III realizadas por la UTE Obrascon -formada por Huarte, Lain, Ascán y FCC- entre 2011 y 2013 y que solo sumaban 13,6 millones frente a los 22 comprometidos. Una postura que el bipartito PRC-PSOE «no podía aceptar porque suponía dejar de ingresar nueve millones», dijo.

Después de «intensas negociaciones», según Real, finalmente Hacienda aceptó incluir como coste efectivo el 7,57% de los pagos que el Servicio Cántabro de Salud hace anualmente a la empresa adjudicataria del Contrato Público Privado, Smart Hospital.

En cualquier caso, la consejera afirmó que de mantenerse el criterio actual de Hacienda a partir de este año sólo se van a poder justificar tres o cuatro millones de euros por ejercicio, lo que impediría cobrar todo el montante hasta dentro de seis años. Y hasta el 2052 si hablamos de los otros 100 millones extra que costó la obra y que Mariano Rajoy también se comprometió a pagar en su última visita a Santander. Además, Real no entiende que no se acepte el sistema diseñado por el PP para justificar los fondos, pero en cambio sí «computa como déficit para Cantabria en 2014 y 2015 por importe de 100 millones».

«Imposible responder»

«Claramente se trata de una decisión política de no pagar. Se piden datos que no existen y facturas emitidas que no se pueden aportar», aseguró la consejera, que aportó un escrito de la empresa Smart Hospital en el que también reconoce que «no es posible responder» a las preguntas realizadas por Hacienda.

El PSOE presentará una moción en el Parlamento de Cantabria y registrará una enmienda en el Congreso por importe de 44 millones para Valdecilla, «blindando la partida de cualquier intento del Ministerio de negarse a aceptar las certificaciones», anunció el portavoz de Sanidad del PSOE, Víctor Casal.

Para Buruaga la realidad es muy distinta a la dibujada por Real. Mientras que el Gobierno regional del PP presentó en enero de 2015 la documentación precisa para percibir 28 millones de euros para Valdecilla, el de PRC-PSOE, en 2016, no lo hizo de forma «correcta» hasta diciembre, «sin tiempo suficiente» para que se estudiara la documentación.

La presidenta del PP instó a la consejera a negociar con el Gobierno central para adaptar el convenio de Valdecilla a «la nueva realidad financiera del contrato público privado», porque «gobernar es buscar alternativas y dar soluciones a los problemas». Al mismo tiempo, replicó al Gobierno que «hace falta valor» para cuestionar el compromiso del PP con Valdecilla cuando los sucesivos gobiernos de este signo han invertido 263 millones «frente a los cero euros aportados por todos los gobiernos socialistas a lo largo de su historia».

La consejera, por su lado, explicó que no existe ninguna orden ni documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que fije el 7 de diciembre -dos días antes se presentaron las últimas justificaciones de cobro- como cierre del ejercicio presupuestario, por lo que se preguntó «de dónde ha sacado esa fecha la diputada del PP». Y acusó a Buruaga de «engañar y ser desleal» con Cantabria y Valdecilla por «actuar como vocera del Ministerio» en lugar de defender los intereses de los cántabros, algo «impropio» de una diputada que «aspira a tener otras encomiendas más importantes».