Fadesa reclama 68 millones a Piélagos como responsable patrimonial del fiasco de El Cuco

La demanda de Fadesa ha "sorprendido" al Ayuntamiento, que aun así ha perfilado ya su línea de defensa: no admite responsabilidad patrimonial alguna en el fracaso urbanístico y, además, va a exigir al grupo empresarial el pago de los 3,7 millones de euros que ha costado derribar las edificaciones, en estructura, y los posteriores trabajos de restauración. La alcaldesa Verónica Samperio (PSOE) dice que "Fadesa engañó al Ayuntamiento porque lo construido no se ajustaba al proyecto de urbanización autorizado".

No obstante, reconoce que, si los tribunales atienden la reclamación de la constructora, "será la ruina para el Ayuntamiento, que terminaría siendo intervenido por el Estado".

La demanda judicial promovida por Martinsa-Fadesa ha puesto el reloj a cero y la cuenta atrás comienza a contar. El acuerdo extrajudicial todavía es posible, pero tiene que producirse antes de que haya pronunciamiento judicial por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, que es quien lleva el caso.

El delegado de la zona Norte de Martinsa-Fadesa, Carlos Trigo, aseguró a este periódico que se han visto abocados a recurrir a los tribunales por "la inoperancia municipal, que ha impedido formalizar un convenio en que las compensaciones fueran en especie, como proponíamos". Es decir, en aquel momento Fadesa hubiera aceptado la cesión de otros terrenos para edificar como contrapartida.

El portavoz empresarial dice que han intentado negociar "desde la época en que Jesús Ángel Pacheco y Enrique Torre eran alcaldes", ambos del PP, pero "el Ayuntamiento nunca hizo una propuesta formal, ni planteó un escenario de negociación. El actual equipo de gobierno ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros". Samperio confirma que no ha habido negociaciones, porque su postura jurídica es negar la responsabilidad patrimonial municipal.

El representante de Fadesa, con sede en La Coruña, mantuvo "cientos de reuniones" en Santander a tres bandas (Gobierno, Ayuntamiento y empresa) en la pasada legislatura del PP, siendo consejero de Urbanismo Javier Fernández, el "único que ha apoyado la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para todos". Pero era el Ayuntamiento quien tenía que plantear una alternativa que sirviera para enmarcar las negaciones, "a lo que la empresa estaba abierta como punto de partida", apostilla el directivo. Como muestra de esa voluntad de llegar a un acuerdo "consensuado y razonado", Fadesa "costeó la redacción del proyecto de regeneración que se está ejecutando ahora", y contrató a un técnico que puso a disposición de las administraciones regional y municipal. Aún así, se queja la constructora, el Ayuntamiento ha dado la callada por respuesta y Fadesa ha interpretado ese silencio como una negativa. "Hemos vivido tres cambios de legislatura, lo que es demoledor a efectos de intentar avanzar", lamenta Carlos Trigo, que defiende que se construyó "contando con todas las licencias y permisos" para, finalmente, ver truncadas sus expectativas de negocio.

Finalmente, Martinsa-Fadesa, el grupo empresarial que protagonizó en 2008 el mayor concurso de acreedores de la historia de España con una deuda de 7.000 millones de euros y que se encuentra en fase de liquidación, ha acudido a los tribunales para reclamar lo que considera suyo. El administrador concursal, que es quien dirige la empresa ahora, autorizó la judicialización del caso.

La demanda ha provocado la reacción municipal. Trigo asegura que hace dos semanas el Ayuntamiento le comunicó por escrito que había reabierto el expediente administrativo de responsabilidad patrimonial que tenía paralizado desde hace tres años.

El Ayuntamiento vive con inquietud la demanda, que "no esperábamos en este momento". Samperio reitera que el desastre urbanístico del Alto del Cuco es "responsabilidad" de la constructora, que presentó "un proyecto de construcción que no se ajustaba a lo que hizo". Por eso, los técnicos del Consistorio estaban estudiando la fórmula para reclamar los daños.

En julio comenzó el derribo de las 214 viviendas declaradas ilegales, después de que en 2007 los tribunales anularan el Plan Parcial y la licencia municipal dadas por el Ayuntamiento.