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José María Gutiérrez
Sábado, 6 de mayo 2017, 19:34
"Los problemas políticos internos de los partidos no se solucionan en los tribunales". Esa fue la respuesta unánime que las direcciones regional y nacional del Partido Popular dieron viernes ante la demanda civil presentada el jueves en los juzgados de Santander por el ... sector afín a Ignacio Diego, en la que solicita, tal y como adelantó este viernes a este periódico, la anulación del Congreso del PP en Cantabria en el que fue elegida María José Sáenz de Buruaga como presidenta y la suspensión cautelar en sus funciones de la junta directiva resultante de las votaciones de los compromisarios por las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso. Una decisión que ahonda en la división del partido en la región y multiplica los efectos de un conflicto que, lejos de apaciguarse, se aviva cada día.
Génova fue tajante e indicó a los promotores del recurso que "los problemas políticos internos de los partidos se resuelven internamente", criticando su decisión de acudir a los tribunales. "No es el lugar para solucionar estos temas", insistió la dirección nacional del PP, que volvió a defender la legitimidad del resultado del congreso celebrado el 25 de marzo en el que Buruaga resultó elegida presidenta por tan sólo cuatro votos de diferencia frente al anterior líder regional y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego. "Buruaga es la presidenta del PP de Cantabria a todos los efectos", recalcó.
joaquín solanas
Joaquín Solanas, que en las últimas semanas se ha convertido en portavoz de los afines a Ignacio Diego, consideró ayer que han "agotado todas las vías internas, en Santander y Madrid, y no hemos recibido respuesta de ningún tipo a la reclamación que presentamos, ni a favor ni en contra ni nada. Sólo silencio. Si los órganos internos no toman partido, no investigan, no responden, sólo queda la vía judicial". Recomendó a la Ejecutiva regional que se deje de argumentaciones "vanas" y se centre en "lo trascendente".
El exdirector general de Cultura asegura que la intención de la demanda judicial es "aclarar de una vez las irregularidades que se han cometido y celebrar un Congreso Extraordinario limpio, transparente, justo, legal y democrático para tener un equipo directivo sin sombras de sospechas y dudas y volver así a ser un partido fuerte, unido y ejemplar como el que lideró Cantabria, incluso en las últimas elecciones".
Fuentes de Génova avanzaron que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido "podría estudiar" la próxima semana el escrito presentado en Madrid el pasado 11 de abril por un millar de afiliados y cargos populares próximos a Diego en el que exigían la apertura "inmediata" de una investigación en torno al pago irregular de cuotas, la no entrega de los censos y los problemas en el recuento de los votos, entre otras supuestas irregularidades que sustentan igualmente la demanda ahora interpuesta en los juzgados a través del abogado asturiano Manuel Estrada. La dirección nacional defendió que si el Comité no se ha reunido antes para estudiar el citado escrito es porque no se inscribe en uno de los supuestos que, según los Estatutos, requiere una "decisión urgente".
La respuesta de Génova llegó apenas un par de horas después de que la dirección regional del Partido Popular de Cantabria criticara, con los mismos argumentos, la decisión del sector crítico de acudir a los tribunales sin agotar antes las vías internas, una estrategia que, en su opinión, "tiene como único objetivo destruir al PP" y ante la que agotará "todos los recursos" para defender "el honor y la dignidad" de sus afiliados. A través de un comunicado, acusó a los promotores del recurso judicial de no haber formulado "en ningún momento" del proceso congresual "ni antes, ni durante, ni después" impugnación alguna con arreglo a los estatutos del partido. "Si tan evidentes son las irregularidades y tan seguros están de que se han cometido, lo habrían hecho ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías en los plazos establecidos reglamentariamente. Por lo tanto, no han agotado ninguna de las vías internas previstas en los Estatutos antes de recurrir a los tribunales".
Al PP cántabro también le resulta "sorprendente" que antes de formalizar la impugnación los afines de Diego no hayan esperado a conocer el pronunciamiento de los órganos nacionales del partido "sobre la petición de información" que solicitaron en el viaje a Madrid. Un viaje en el que, por cierto, no fueron recibidos en Génova por ningún miembro del partido y se vieron obligados a entregar la carta a un conserje.
La dirección regional tiene el convencimiento de que la decisión "sólo obedece a una estrategia perfectamente trazada de quienes se niegan a aceptar el resultado del 12 Congreso Regional tras haberlo perdido", una estrategia que considera "tiene como único objetivo destruir al Partido Popular". Así, destaca que la impugnación "ha estado precedida de un permanente cuestionamiento público del resultado del Congreso democrático y de la nueva dirección, con constantes desafíos a la misma, y de una campaña difamatoria contra la presidenta regional, contra los trabajadores de la sede y contra los afiliados".
Pago masivo de cuotas
"No hay ningún motivo para cuestionar el Congreso", insiste el Partido Popular de Cantabria. Ni siquiera el pago de cuotas de casi 500 afiliados desde la cuenta bancaria de un militante de Laredo. "Esos pagos tienen la misma validez que otros ingresos masivos hechos en otros municipios a través de las cuentas de la candidatura perdedora", justifica la dirección regional, que destaca que los estatutos del PP"permiten" los pagos por transferencia desde una misma cuenta. "Tan legal es abonar la cuota mediante ingreso en ventanilla como mediante transferencia bancaria; tan legal es realizar la transferencia desde una cuenta de Laredo como desde una de Castro Urdiales o Los Corrales".
La defensa no se quedó ahí. "Sobre este extremo ya se ha pronunciado la Asesoría Jurídica del partido a nivel nacional en otras situaciones, como en las elecciones a compromisarios de Nuevas Generaciones para el Congreso Nacional, donde el 40% de los electores lo fueron tras abonar la cuota mediante una transferencia bancaria realizada desde la misma cuenta. La Comisión Organizadora afirmó que eran votos válidos realizados por afiliados al corriente de pago", explica el comunicado enviado desde la sede del Sardinero. "Y en este mismo sentido se volvió a pronunciar la Asesoría Jurídica en respuesta a una consulta de la Comisión Organizadora del 12 Congreso Regional", incide.
Por ello, el Partido Popular asegura que "va a agotar" todas las vías que tiene a su alcance para defender "el honor y la dignidad" de todos sus afiliados y, especialmente, del de Laredo "inmerso en una campaña de difamación y al que se ha atribuido una discapacidad psíquica que no tiene".
El comunicado oficial concluye con una llamada a la paz y a la unión del partido... en el octavo y último punto del mismo: "La dirección regional del Partido Popular mantiene la mano tendida y su estrategia de reconciliación. Independientemente de a quien hayan aoyado en el Congreso, en el PP pueden y deben caber todos".
"Nos han empujado a ello"
Eduardo Van den Eynde, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional y uno de los más encendidos defensores de Ignacio Diego, criticó la actitud de Génova recomendando dilucidar los conflictos a través de los órganos internos del partido. "Suena a tomadura de pelo después de que nadie recibiera a la gente que llevó el escrito a Madrid y después de que no hayamos tenido ningún tipo de respuesta durante más de tres semanas. Y ahora nos dicen que el Comité Nacional de Derechos y Garantías va a tratar el tema la próxima semana, cuando ya ha finalizado el plazo para presentar una reclamación judicial", relata Van den Eynde, que fue uno de los mil militantes y cargos públicos del PP de Cantabria que firmaron ese escrito solicitando la investigación de las presuntas irregularidades del Congreso Regional.
La demanda se presentó el jueves, justo antes del vencimiento del plazo de 40 días para impugnar el proceso."El Comité se tenía que haber reunido antes de que finalizase el plazo, porque si no lo que está condicionando es que acudas a la vía judicial ante el silencio de los órganos internos, que lo que han hecho es meter el expediente en un cajón. Si no se presentaba el recurso, entonces sólo quedaba lo que dijera Génova, que probablemente no iba a decir nada y todo quedaría igual, sin resolver", manifiesta. Así, Van den Eynde subraya que se han visto "empujados" a acudir a la vía judicial. "Nosotros no hubiéramos querido esto, querríamos que se hubiera pronunciado primero el partido a través de sus órganos internos, pero lo que no pueden hacer es tomarnos el pelo", insiste.
El portavoz también criticó el comunicado de la dirección regional del PP "lleno de mentiras y medias verdades". "Que quieran hacer pasar por legal y normal que una persona pague 500 cuotas de afiliados de toda Cantabria para poder estar en el proceso electoral es tremendo", señala. Ante la justificación aportada de que lo "permiten" los estatutos, Van den Eynde responde que "es una interpretación totalmente torticera porque se quiera equiparar al hecho de que un presidente de una Junta Vecinal pueda hacer el adelanto del pago de las cuotas de aquellos que le manifiesten que quieren votar y luego se lo reintegren. Pero otra cosa muy diferente es que una persona que no tiene ningún cargo pague los cuotas de afiliados no sólo de su localidad, sino de muchos puntos. Es ilegal y muy poco ético".
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