Génova desestima la reclamación de los 'dieguistas' por presentarla fuera de plazo

Según el Reglamento Marco de Congresos al que hace mención el PP en el comunicado emitido ayer, cualquier impugnación del resultado se debe presentar en las 48 horas siguientes a la votación. En este caso, entre el 26 y 27 del pasado mes de marzo. Pero los afines al expresidente lo hicieron el 11 de abril, dos semanas después del congreso en el que Buruaga ganó a Ignacio Diego por sólo cuatro votos de los compromisarios.

El Comité de Garantías también desestimó las reclamaciones a los resultados de Sevilla y de La Coruña, pero por una razón distinta a la cántabra. En esos dos casos, devolvió las denuncias a las ejecutivas autonómicos, ya que son ellos, en primera instancia, los que deben resolver las demandas de los congresos locales y provinciales. En el caso de Cantabria no es así, ya que el órgano inmediatamente superior es el nacional. En caso contrario hubiese tenido que dirimir la denuncia contra ella misma la dirección recién elegida y con un comité de garantías todavía sin nombrar en ese plazo de 48 horas.

Los dieguistas, según la versión de Génova, presentaron la reclamación en el sitio adecuado, pero demasiado tarde, a pesar del golpe de efecto que se buscaba con el viaje a Madrid de medio centenar de alcaldes, concejales y cargos del partido para entregar la denuncia en mano. Tampoco ellos esperaban demasiado de la dirección nacional, después de no haber sido recibidos en la sede y de los tres mensajes de apoyo a Buruaga lanzados por Génova. Uno en plena campaña de las primarias, otro tras salir elegida y un tercero cuando se empezó a hablar de la posibilidad de acudir a los tribunales para anular todo el proceso.

Primeros pasos

Buruaga tiene claro que estos militantes "no han agotado en tiempo y forma ninguna de las vías internas previstas en los estatutos, que marcn las reglas de juego democrático y unos procedimientos aprobados y aceptadas por todos los afiliados". Pero la presidenta del PP va más allá y denuncia que todas estas maniobras "obedecen a una estrategia, perfectamente definida antes incluso del congreso, y orquestada por quienes se niegan a aceptar el resultado tras haberlo perdido". Una táctica que, según la dirigente popular, sólo tiene como objetivo "destruir al PP".

Mientras que los críticos no entraron a valorar ayer la decisión de Génova, desde la dirección regional volvieron a insistir en la "mano tendida y la apuesta por pasar página y mirar al futuro frente a quienes han optado por la estrategia de judicializar la situación interna del PP".

Pero la carta entregada en la sede nacional del Partido Popular era sólo un primer paso. El sector crítico dio el segundo paso la semana pasada con la presentación de una demanda civil en los Juzgados de Santander. En ella solicitan, por un lado, la anulación del congreso por esas presuntas irregularidades y, por otro, la suspensión cautelar en sus funciones de la junta directiva que resultó de las votaciones de los compromisarios. Esa puerta sigue abierta y será la jueza Eva Aja Lavín, del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander la encargada de llevar el caso.

La denuncia se presentó a través de un abogado asturiano y no se descarta acudir más adelante también a la vía penal. Hay, de hecho, un sector más visceral dentro del grupo que reclama dar cuanto antes este paso. Ni la fecha ni la elección del abogado son casuales. Todo estaba en la hoja de ruta. El letrado elegido es Manuel Estrada, que representó a unos exconcejales del PP que consiguieron tumbar el congreso en el que el PP de Gijón eligió a su presidente por unas irregularidades en el censo del partido. Con él ya se contactó antes de acudir a Génova con la carta para la dirección nacional del partido.

Por su lado, Buruaga abordará los avances del proceso de reconciliación durante el Comité Ejecutivo que se celebrará mañana, jueves. Un plan que incluía, entre otras cosas, la reforma del grupo parlamentario. Pero los cambios no se han producido, ni siquiera en la portavocía, donde la presidenta quiere relevar a Eduardo Van den Eynde, uno de los diputados más críticos con su candidatura durante la campaña. Buruaga tiene previsto informar de las reuniones que ha mantenido con alcaldes y presidentes de juntas locales para intentar minimizar la división interna que existe.