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Javier peñalva
Jueves, 11 de mayo 2017, 07:20
La familia de Daniel F. H. no tiene dudas: fueron las penosas condiciones laborales las que le abocaron al suicidio. Para los empresarios que le habían contratado, las motivaciones de su última decisión habría que buscarlas en otros ámbitos, no en el laboral. "Nunca ... me trasladó queja alguna respecto a que estaba sometido a un exceso de trabajo", manifestó uno de ellos. Sus palabras encontraron réplica en una hermana del fallecido. "Daniel ya no podía más y el último día llamó dos veces para decir que no aguantaba".
Los empresarios, dos hermanos de San Vicente de la Barquera, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 3 de San Sebastián como presuntos responsables de la muerte de este vecino de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) que el 23 de noviembre de 2012 detuvo su furgoneta en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. La víctima, de 41 años, salió del vehículo, se roció con gasolina y se prendió fuego. La Fiscalía les imputa un delito contra el derecho de los trabajadores y solicita para cada uno de ellos dos años de cárcel. El ministerio público considera que las abusivas condiciones laborales determinaron el fatal desenlace. En el proceso está también personada la familia del trabajador que pide dos años y seis meses y una indemnización de 110.000 euros.
Los acusados suscribieron en los años 2012 y 2013 tres contratos con la víctima como conductor de una furgoneta, con una jornada laboral de 40 horas semanales. La Fiscalía sostiene que la empresa, "abusando de la situación de carestía", aprovechándose del miedo que tenía a perder el trabajo y, además, "vulnerando lo dispuesto en el contrato laboral", le asignó una ruta diaria, de lunes a sábado, que comenzaba en Irún, continuaba en Beasain y Vitoria, y finalizaba en Benavente (Zamora). Y eso solo era la ida. A la vuelta debía realizar el mismo recorrido. De esta manera, el conductor salía cada día de su domicilio en Lasarte-Oria a las 18.00 horas para dirigirse a Irún y media hora después iniciaba su trabajo. Tras recorrer la ruta establecida, el fallecido llegaba de nuevo a su casa a las nueve y cuarto de la mañana del día siguiente.
920 kilómetros al día
La Fiscalía recuerda que el trabajador recorría unos 920 kilómetros diarios, conducía más de diez horas y ello sin tener en cuenta los tiempos de carga y descarga en cada población, "lo que aumentaba su jornada laboral aproximadamente a 12-14 horas" como trabajo efectivo. Las acusaciones pública y particular sostienen que con dichas jornadas los acusados abusaron de la situación del fallecido. Afirman que la jornada superaba "notablemente" las 40 horas semanales, de manera que infringieron no solo lo pactado en el contrato de trabajo, sino también lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías por Carretera de Cantabria.
Rocío era algo más que la hermana mayor de Daniel. Era como su segunda madre. Era la que mejor le conocía. En las últimas semanas mantuvo múltiples conversaciones. Por ello, conoce mejor que nadie las circunstancias que rodearon su muerte. "Llevaba tres semanas haciendo la ruta entre Irún y Benavente y la última vez que le vi había perdido mucho peso, estaba ojeroso, se le marcaban los pómulos... Estaba agotado. Después de doce horas al volante llegaba extenuado a casa y no podía dormir. Y así una jornada tras otra".
La familiar detalló que su hermano había solicitado varias veces a sus jefes una modificación de sus condiciones laborales, pero que no fueron atendidas. "Le dije que así como podía continuar, que llevaba en sus manos una máquina de matar y que por la carretera íbamos todos". Rocío negó de manera tajante que su hermano fuese un toxicómano como insinuaron los letrados de la defensa.
En la vista también declaró un chófer que había hecho la misma ruta y dijo que "era relajante".
Estas condiciones laborales le produjeron, según las acusaciones, un agotamiento físico y también dificultades para conciliar el sueño. Además, ante el empeoramiento de la situación, el fallecido llegó a perder 15 kilos. Dado su estado, el conductor se dirigió al Centro de Salud Mental, donde le recetaron diversos fármacos. Además, la doctora le recomendó darse de baja, "pero se negaba por la necesidad que tenía de trabajar", se indica en el escrito de acusación. Llegado a este extremo, el conductor solicitó a los acusados una adecuación de su jornada laboral conforme a lo dispuesto en su contrato de trabajo. La respuesta, según el fiscal, no dejaba lugar a dudas: sería despedido si no cumplía con su ruta. Estas circunstancias gravaron todavía más la situación. Y así, el 23 de noviembre de 2013, Daniel detuvo la furgoneta ante la entrada del casco urbano de Villalón de Campos, salió del vehículo, una Renault Master, se roció de gasolina y se dio fuego.
Los acusados negaron las imputaciones. Recordaron que su trabajo comenzaba a las siete y media de la tarde y finalizaba en torno a la misma hora de la mañana siguiente, si bien matizaron que las horas de conducción efectiva eran ocho y que las cuatro restantes las podía dedicar al descanso. Uno de ellos negó que Daniel le hubiese dicho que estuviese agotado. "No se quejó y tampoco lo hicieron otros que antes cubrieron la ruta", señaló.
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