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Gonzalo Sellers
Viernes, 12 de mayo 2017, 12:08
El Comité Ejecutivo del Partido Popular ha acordado la destitución de Eduardo Van den Eynde como portavoz parlamentario y que sea la presidenta de los populares, María José Sáenz de Buruaga, la que asuma ese papel"para avanzar en la nueva estrategia política acordada ... por la dirección". Sin embargo, el diputado no reconoce la autoridad de la dirección regional para obligarle a abandonar el puesto: "No tienen competencia para hacerlo, como mucho pueden proponerlo. Al portavoz solo lo puede elegir la mayoría del Grupo Parlamentario Popular. No me doy por destituido", ha declarado a este periódico.
Es la respuesta del diputado al conocer el contenido de un comunicado en el que el PP informa que la decisión fue aprobada en el Comité Ejecutivo por 43 votos a favor, tres en contra y una abstención, y que supone "el relevo como portavoz del diputado Eduardo Van den Eynde". La decisión, indica la nota, se produce en aplicación de los estatutos del Partido Popular, que establecen que "corresponde al Comité Ejecutivo definir la estrategia general y sus pronunciamientos políticos y programáticos, establecer las líneas maestras de la acción política de los grupos institucionales y nombrar y cesar a los portavoces".
en el comité ejecutivo
En el mismo comunicado se expone que el grupo parlamentario es uno de los "pilares fundamentales" de la estrategia política del Partido Popular "al que corresponde definir a los órganos de dirección del partido y no al revés", ha explicado la secretaria general, María José González Revuelta, quien ha subrayado que un grupo de diputados "no puede bloquear" la acción política acordada por los órganos de dirección "y mucho menos decidirla".
El acuerdo del Comité Ejecutivo se produce "para desbloquear" la situación del grupo parlamentario popular y hacer efectiva la reorganización y reestructuración aprobada en una reunión celebrada el 29 de marzo con el objetivo de "avanzar en la nueva estrategia y visibilizar la nueva etapa política" abierta en el XII Congreso Regional.
Destacan que este acuerdo es "vinculante y de obligado cumplimiento" para todos los diputados en el Parlamento de Cantabria elegidos en las lista electoral del Partido Popular, ya que prevalece sobre el reglamento del grupo, que establece que las decisiones deben adoptarse por mayoría.
Y se ha tomado otra decisión de calado: el Comité Ejecutivo del Partido Popular también ha acordado instar al presidente del Comité de Derechos y Garantías regional a abrir un expediente informativo sobre las actuaciones de determinados afiliados que dañan la imagen del partido.
El PP informa que este acuerdo no supone "en ningún caso" la apertura inmediata de expedientes disciplinarios, sino que se da traslado al Comité de Garantías para que determine si esas actuaciones tienen una "repercusión pública negativa para el nombre y la imagen del Partido Popular de Cantabria, dirigentes y afiliados".
Los estatutos del Partido tipifican como infracción muy grave "toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del partido".
Recogen como infracción grave "propagar por cualquier medio noticias que desprestigien al partido y descalifiquen a cualquiera de sus órganos de gobierno o representación, además de cualquier manifestación pública oral o escrita que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado".
El expediente informativo no se va a abrir, por lo tanto, por verter opiniones, puntualiza el PP, un derecho que el Comité Ejecutivo "respeta al máximo", y tampoco por ejercer el derecho a recurrir en los tribunales.
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