El Gobierno saca a concurso la mina de zinc sólo cuatro días después de aprobar la ley

Los dos permisos de investigación a los que pueden optar las empresas desde hoy caducarán dentro de un año. Antes de que acabe ese tiempo, las compañías adjudicatarias deberán presentar los resultados y solicitar un nuevo permiso, esta vez de explotación, acompañado por un estudio de impacto ambiental muy estricto que, además, fue endurecido el pasado lunes en el Parlamento. Es decir, en un plazo de dos o tres años deberían estar en marcha las excavaciones para construir la mina a 500 metros de profundidad.

La complejidad del concurso lo hace muy distinto a los que habitualmente convoca el Gobierno de Cantabria. Tanto por las particularidades propias de una adjudicación minera como por la normativa nacional de 1973 a la que está sometido. En primer lugar, el yacimiento se divide en 650 cuadrículas imaginarias repartidas por doce municipios, desde Comillas hasta Miengo en ambos extremos. Cada una de esas casillas es completamente distinta a las demás en tamaño y forma. Algunas no llegan a la hectárea y otras sobrepasan las 830. Y lo más enrevesado: las empresas pueden optar a las licencias de las que quieran, de una sola de las cuadrículas, de veinte o de todas.

Para evitar el caos de múltiples contratos, el Ejecutivo ha dividido la veta en dos grandes zonas que animen a una o dos empresas a quedarse con las licencias completas. El área occidental corresponde a los municipios de Udias, Alfoz de Lloredo y Comillas, entre otros, en los que la densidad de zinc se supone que es similar a la oriental Torrelavega, Reocín... pero cuenta con muchos menos sondeos realizados y, por tanto, la información sobre lo que hay realmente bajo el suelo es inferior.

Tasas por casilla

La legislación preconstitucional que rige la minería en España dejará la elección de las empresas a la subjetividad de un grupo de funcionarios del Gobierno regional. El Estado intentó modificar la normativa en 2015, con cambios fiscales y en los plazos de las concesiones, pero se encontró con la oposición del sector. Serán dos funcionarios de Hacienda, otro del servicio jurídico, un secretario técnico y el director general de Industria, Raúl Pelayo, los que elijan los mejores proyectos, guiándose únicamente por el despliegue técnico, la inversión prevista y el impacto social, laboral y económico en la comarca del Besaya.

No se valorarán las ofertas económicas porque no existirán. No se contemplan en la ley. El único dinero que las empresas tendrán que poner sobre la mesa es el de la tasa por cuadrícula. Una cantidad que es igual para todas: 1.502 euros por la primera casilla y 12 euros por cada una de la siguientes. Pero no todas las compañías empiezan la carrera desde la misma línea de salida. Hay alguna, como el fondo de inversiones canadiense Emerita Resource, que viene de la mano del grupo mexicano Aldesa, el principal constructor del país centroamericano, que ya se reunió con todos los grupos parlamentarios cántabros para acelerar la aprobación de la ley regional y que ya cuenta con un proyecto muy avanzado.

De hecho, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confirmó que ya presentaron "un plan concreto", con una inversión de casi 400 millones de euros, que reactivaría el sector industrial y garantizaría el empleo directo e indirecto de unas 2.000 personas en un horizonte de más de diez años. Además, añadió Revilla, sería "importante" para el puerto de Santander, puesto que un millón de toneladas de zinc se exportarían a través de esta infraestructura, cuyo tráfico se incrementaría en casi el 25%.

Por esta razón, el Ejecutivo ha sido especialmente presto en aprobar el soporte legislativo. Sin esperar a que la nueva Ley del Suelo llegue al Parlamento optó por modificar la actual con aportaciones del resto de partidos enfocadas, sobre todo, a no permitir la entrada del fracking a través de esta herramienta. Algunos grupos, como Podemos, se han quejado, precisamente, de que la nueva legislación "se ha hecho a la carta" de estas empresas que ya tienen el proyecto redactado. La formación morada fue la única que se opuso el lunes pasado a la aprobación de la normativa en el Parlamento.

"Ni ruidos ni vertidos"

El proyecto de Emerita Resources, al que ha tenido acceso este periódico repite hasta en cuatro ocasiones que la explotación será totalmente subterránea y que, en ningún caso, se trata de una mina a cielo abierto, como lo fue durante 150 años la antigua instalación de Reocín. Es decir, no emitirá gases ni ruidos ni vertidos al agua.

La empresa canadiense asegura que el proyecto "no afectará al terreno natural ni a ninguna superficie, no habrá ninguna sustancia que entre en contacto con el suelo, no emitirá ningún gas al exterior, no se generarán ruidos al medio ambiente, no aportará ninguna partícula sólida al medio natural y el agua utilizada se depurará y no entrará en contacto con posibles contaminantes", dice en el proyecto.

Los métodos de extracción no tendrán nada que ver con los utilizados por Asturiana de Zinc en los últimos tiempos de la explotación de Reocín. En las páginas mostradas por Emerita Resource se habla de una "minería sostenible" que no afecta a la atmósfera ni a las aguas ni a los suelos. Y tampoco produce residuos. Sólo queda por ver si es esta empresa la que gana el concurso o si las que lo hacen comparten el mismo proyecto.