"La demolición ahora provocará un daño ambiental sin precedentes"

Según la vicepresidenta, el Partido Popular es el responsable de la situación actual de la planta, y también lo será del "irreparable daño ambiental" que supondría demoler Vuelta Ostrera sin tener construida una nueva depuradora. "Es culpable de haber construido en su momento esta depuradora", que incumplía la Ley de Costas, y también de "retrasar los plazos que le han dado los tribunales para ejecutar la sentencia de 2005. El PP de Cantabria y el PP nacional son culpables por engañar a los cántabros y decir que lo iban a legalizar. Todo este asunto lleva la marca del Partido Popular", concluyó.

Disgusto

Los alcaldes de los municipios a los que da servicio Vuelta Ostrera tampoco pudieron ocultar su disgusto tras conocer la noticia, que parece acercar el momento de la demolición de las instalaciones. "Soy respetuoso con la Justicia, pero me parece una verdadera pena tirar algo que está funcionando y que costó tanto dinero para hacer una cosa parecida. Siento pena y tristeza ante tanto derroche", reconoció Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances. "La noticia me ha sorprendido, a pesar de que todos somos conscientes de que algún día habrá que demoler: la última referencia que tenía era que el Gobierno de Cantabria había pedido una moratoria mientras se buscaba una nueva ubicación".

En Torrelavega, su regidor, José Manuel Cruz Viadero, aún mantiene cierta esperanza de que se pueda evitar echar abajo la planta. "Sería importante que las administraciones traten de llegar a un acuerdo, con diálogo y consenso, para evitar el derribo y evitar una cuantiosa inversión que ya está hecha".

Una preocupación"

Cruz Viadero dijo que la situación constituye "un problema relacionado con el medio ambiente tanto para Torrelavega como para el resto de la comarca, que vierte al Besaya y se depura ahí. Es una preocupación para todos los alcaldes".

Rosa Díaz, alcaldesa del vecino Polanco, coincidió con sus homólogos en considerar algo absurdo tirar algo ya construido para volver a levantarlo. "Desde el punto de vista económico, son evidentes las consecuencias de una demolición, después de lo que se invirtió, para volver a construir la depuradora en otro sitio. Pero las sentencias están para cumplirse, y aunque nos afecta a varios municipios, la postura no puede ser otra".

Díaz analizó la providencia del Tribunal Supremo y consideró que la decisión tiene por objetivo "que se den pasos efectivos para ejecutar la sentencia nombrando responsable a la ministra. Se trata de asegurar el cumplimiento de la sentencia después de todo el tiempo que lleva sin cumplirse". Ése es el mismo significado que da la asociación ecologista ARCA al paso dado por el Tribunal Supremo. Según Carlos García, su portavoz, "si la ministra interviene parece que hay un nivel de responsabilidad más comprometido, que da una cierta garantía de que pudieran desarrollarse con más celeridad los siguientes pasos y tomar más en serio la sentencia, pero habrá que ver".

El responsable de ARCA explicó que "por la experiencia que tenemos en Cantabria con otras sentencias, observamos que hay una estrategia de dilación de tiempo, de ir dejando pasar las legislaturas. Es algo que han hecho todos los gobiernos, de uno y otro color: dilatar los cumplimientos con todo tipo de informes, requerimientos y disculpas. Sabemos que hay esa inercia, pero no lo que va a pasar, ni podemos decir que tengamos una gran confianza. Solo parece que esto tiene un cariz de mayor seriedad".

"Que pague el que lo hizo"

García aprovechó para recordar que, ante el derribo de Vuelta Ostrera, la responsabilidad "no es de quien denuncia, sino de quien lo hace mal".

"Claro que sabemos que cuesta mucho dinero tirarlo: que lo pague el que lo construyó. Las denuncias empezaron en 1998, pero era una cabezonada de José Luis Gil, el consejero de Medio Ambiente, y con las cabezonadas de los políticos ya sabemos lo que pasa: que hay aeropuertos sin aviones e infraestructuras ruinosas", señala García