El PP camina hacia su ruptura

Santander. La crisis interna del PP cántabro, lejos de amainar, se encamina hacia una ruptura total con consecuencias imprevisibles para el futuro inmediato del partido. El detonante final ha sido la rebelión de la mayoría de diputados contra la decisión del comité ejecutivo de cambiar de portavoz en la Cámara. Mientras dos de cada tres alcaldes se alinean con Ignacio Diego y el resultado del congreso regional se dirime en los tribunales, los parlamentarios agravaron ayer una escisión que ya afecta a todos los niveles del partido. El ruido de sables ha llegado incluso hasta Génova, donde la dirección nacional no está acostumbrada a que Cantabria le dé tantos dolores de cabeza.

El punto de inflexión hacia un divorcio irreversible se produjo al mediodía de ayer. Nueve de los trece diputados del PP en el Parlamento contestaron al ultimátum de María José Sáenz de Buruaga con una negativa a acatar las órdenes de la Ejecutiva. Ignacio Diego, Eduardo Van den Eynde, Carlos Albalá, Francisco Rodríguez Argüeso, José Manuel Igual, Cristina Mazas, Santiago Recio, Mercedes Toribio y Ruth Beitia firmaron un escrito en el que no aceptan el cambio de portavoz en el hemiciclo. Durante toda la semana ya se negaron a recoger el certificado y a darse por enterados del mandato, pero ayer reconocieron expresamente que no lo aceptan al considerarlo «nulo».

Buruaga y su equipo se amparan en el artículo 40 de los estatutos aprobados en el congreso nacional para defender su derecho a relevar al portavoz. Una de las competencias de los comités ejecutivos, dice el documento, es «nombrar y cesar a los portavoces». Los diputados, sin embargo, opinan que solo el grupo popular puede tomar esa decisión.

Por eso mismo, algunos de ellos no consideran que estén siendo indisciplinados. «El acuerdo del comité está mal redactado y no va a favor de los Estatutos del partido. La decisión es por razones estrictamente reglamentarias y no por buscar un enfrentamiento con la dirección regional», aseguraron. Otros son más críticos, como Santiago Recio, firmante de la demanda judicial para intentar anular el resultado del congreso; creen que se han cometido irregularidades en el proceso y no reconocen la autoridad de la nueva Ejecutiva.

Primera repercusión

«Se han agotado todas las vías, se han hecho todos los esfuerzos hasta la extenuación. Esto es un desafío, un pulso a la nueva dirección que no tiene precedentes. En otras comunidades autónomas, el cambio de portavoz se ha hecho sin problemas», señalaron fuentes de la dirección, que reaccionaron al escrito de los diputados convocando al comité ejecutivo a una reunión urgente el próximo martes.

Fue la primera repercusión del golpe de efecto que llegó desde el Parlamento. Ahora serán sus 57 miembros, entre los que se encuentran dos de los que han rechazado la orden, José Manuel Igual y Eduardo Van den Eynde, y los tres senadores nacionales que forman parte del núcleo duro de Diego, voten las medidas contra los parlamentarios díscolos.

Aunque desde la sede de Joaquín Costa no quieren adelantar acontecimientos, lo más probable es que se decida elevar el caso al comité de derechos y garantías que, por cierto, todavía no está formado. Sólo está nombrado su presidente: Javier Noriega. Será este órgano el que decida abrir una investigación y, si procede, abrir expedientes disciplinarios. El caso de Van den Eynde e Igual es peculiar, porque al ser miembros de la junta directiva nacional sólo deben responder ante el órgano estatal. Es decir, sería directamente Génova la que debería tomar una decisión directamente.

Suspensiones y expulsiones

Este proceso podría demorarse durante meses, ya que los afectados pueden presentar recursos y alegaciones tanto a nivel regional como nacional. Pero no tiene vuelta atrás. Si el partido decide sancionar a los diputados cántabros por desobediencia, como se recoge en los artículos 16 y 17 de los estatutos, se enfrentarían a una suspensión mínima de un año y, en el caso más radical, a la expulsión del Partido Popular.

En ese escenario extremo, el grupo popular en el Parlamento cántabro quedaría reducido a cuatro diputados -Buruaga, Isabel Urrutia, Íñigo Fernández e Ildefonso Calderón-, mientras que el resto pasarían a ser no adscritos dentro del Grupo Mixto, en el que ahora sólo se encuentran los dos diputados de Ciudadanos por no tener suficiente fuerza para formar grupo propio (son necesarios tres escaños).

Tras más de veinte años de paz interna, esta situación desempolvaría los recuerdos de los peores años del PP cántabro, cuando Juan Hormaechea abanderó una escisión a comienzos de los años noventa del pasado siglo y formó su propio partido (UPCA). De hecho, la posibilidad de que la escisión actual desemboque en la creación de unas nuevas siglas ya no se considera una locura en las filas 'dieguistas' y cada vez cobra más fuerza.

En Madrid no esconden la gravedad de los hechos. De hecho, el día anterior llamaron uno por uno a los nueve diputados para «llamarles al sentido común» y asegurarles que la decisión de la Ejecutiva es «legítima». Pero ahora que su implicación en la crisis regional no ha surgido efecto, la dirección nacional deja abiertas todas las puertas a posibles sanciones, según explicaron fuentes de Génova a este periódico.

Pieza clave

Mientras tanto, Ignacio Diego no rompe el silencio que mantiene desde hace casi dos meses, pese a la petición expresa de la dirección a que revele públicamente su postura en este conflicto. En el núcleo duro de María José Sáenz de Buruaga nadie duda de que el expresidente está detrás de la campaña de acoso y derribo a la nueva dirección. Y por eso, le han señalado como pieza clave para poner freno a la contienda.

«Si no da explicaciones, si no se posiciona claramente, los militantes pueden llegar a pensar que está detrás de esta estrategia de difamación y de la escala de agresiones contra la presidenta y contra el PP», señala el vicesecretario de Estrategia y Acción Política de la formación y diputado nacional por Cantabria, Diego Movellán. «Si no da la cara, todos aquellos militantes, simpatizantes, votantes y cargos públicos pueden pensar que no ha sabido ni ha querido aceptar y acatar el resultado del Congreso y que detrás de cada agresión, detrás de cada insulto, de cada deslealtad, se encuentra un Ignacio Diego incapaz de ser parte activa de un nuevo proyecto del partido para Cantabria», aseguró Movellán.

En el partido ya hay quien empieza a mirar de reojo a las elecciones de 2019. A pesar de que aún quedan dos años para la cita con las urnas, tapar todas las vías de agua puede llevar al PP a presentarse a los comicios dividido y plagado de dudas. Ante esta incertidumbre, empiezan a aparecer los primeros alcaldes y líderes locales populares que guiñan el ojo a más de un consejero del PRC cuando visitan su municipio.