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Gonzalo Sellers
Martes, 23 de mayo 2017, 13:32
Ayer iba a ser un día decisivo en la crisis interna del PP cántabro. El comité ejecutivo, reunido de forma extraordinaria, tenía previsto tratar las medidas disciplinarias contra los diputados que no acataron la orden de relevo del portavoz en la Cámara. Pero ni fue ... una jornada clave para el futuro del partido ni la dirección tomó ninguna decisión contra los parlamentarios díscolos. Más bien al contrario.
El cambio que María José Sáenz de Buruaga quiere hacer en el hemiciclo se atascó aún más tras la impugnación del acuerdo presentada por Eduardo Van den Eynde. La amenaza de una posible nulidad, con opciones incluso de llegar a los tribunales, hizo recular a la dirección, que decidió repetir todo el proceso para «mayor seguridad jurídica».
sanciones
Si los diputados vuelven a rechazar el acuerdo de cambio de portavoz y el comité ejecutivo decide denunciarlo, como todo apunta que ocurrirá en los próximos días, el órgano encargado de investigarlo y decidir los castigos será el Comité de Garantías nacional y no el regional.
En un primer momento se pensó que sólo Eduardo Van den Eynde y José Manuel Igual, por formar parte de la junta directiva estatal, tendrían que responder ante Génova sin pasar por el comité disciplinario de Santander. Pero no será así.
Como ha dejado claro la propia dirección nacional, serán ellos directamente los que decidan las sanciones a los nueve diputados que ya han mostrado su rechazo al acuerdo adoptado por el PP cántabro.
El acuerdo volvió a ser ratificado ayer por «una mayoría incontestable»: 43 votos a favor y dos en contra. Un resultado muy similar al que se produjo hace casi dos semanas, cuando sólo hubo una abstención y un voto en contra más.
Después de unos días especialmente dañinos para el PP cántabro, con la mayoría de los diputados en contra de la decisión de Buruaga de ocupar el puesto de Van den Eynde, el reinicio de esta fase alargará la agonía del partido al menos otra semana más. Justo el mismo tiempo que el sector crítico, afín a Ignacio Diego, ha dado a la presidenta para dimitir y convocar un nuevo congreso.
La dirección, lejos de tomar en serio el órdago de los dieguistas, volverá a informar de su decisión a los parlamentarios sabiendo que ya la rechazaron dos veces y que mandaron un escrito mostrando su oposición al relevo en la Portavocía. Y, de nuevo, la presidenta tendrá que volver a convocar al comité ejecutivo para, esta vez sí, decidir las medidas disciplinarias contra ellos.
«Debemos ver este nuevo tramite formal como una oportunidad para el sentido común, para que los diputados recapaciten. Llevamos dos meses con la mano tendida y podemos esperar unos días más. Las puertas de la nueva dirección del Partido Popular siguen abiertas», señaló al termino de la reunión la secretaria general, María José González Revuelta.
Todo esto ocurre, precisamente, la misma semana en que Mariano Rajoy avisó del daño electoral que puede provocar la «falta de unidad» y de que pidiese «un esfuerzo integrador» en los territorios divididos tras el congreso.
No salía en el orden del día
El cambio en la hoja de ruta prevista por la dirección se produjo la tarde del lunes, cuando Van den Eynde remitió a la sede del partido la impugnación del acuerdo del comité ejecutivo del pasado 11 de mayo. Su argumento principal es que se debatió, votó y aprobó sin que en ningún momento se incluyera el cambio de portavoz como un punto del orden del día de la reunión.
«Es todo un cúmulo de irregularidades que, además, son reincidentes», destaca el diputado en el documento, en el que también llama la atención sobre los cambios en el orden del día de la reunión celebrada ayer. «En la nueva convocatoria se produce la misma chapuza, al no hacer referencia a que se vaya a tratar tema alguno relacionado con el grupo parlamentario. Y se intenta arreglar con otra chapuza, al remitir una nueva convocatoria en la que, esta vez sí, se hace referencia a que se van a tratar tales asuntos, pero, como todo se hace mal, improvisando y deprisa, se remite la modificación una vez superado el plazo de obligatorio de 24 horas con antelación a la sesión», denunció Van den Eynde.
El portavoz, que registró su escrito para que sea estudiado por el Comité de Derechos y Garantías del partido, fue especialmente crítico con la gestión de Buruaga en los dos meses que han pasado desde su victoria en el congreso regional: «Nuestros derechos como afiliados y diputados se están vulnerando con una perseverancia que sólo demuestra torpeza, falta de visión política y un déficit democrático a nivel interno absolutamente preocupante».
Una vez estudiada la denuncia y ante la previsión de que todos los acuerdos se cuestionen y puedan acabar en los tribunales, la dirección optó ayer por «un criterio de prudencia» y decidió repetir la votación del relevo de portavoz.
Desde el comité ejecutivo esperan que una vez subsanada esta cuestión formal «no exista ya ningún impedimento» para que todos los diputados cumplan la resolución adoptada por el órgano de dirección del partido.
Para Revuelta el problema de fondo no es el cambio de portavoz ni los reparos legales que puedan poner a los acuerdos del comité ejecutivo, sino «un desafío a la nueva dirección de quienes se niegan a aceptar el resultado del congreso, de quienes se niegan a perder el control del partido». «Ya nadie tiene ninguna duda de quién está liderando este motín. No son los portavoces ocasionales en el Parlamento de Cantabria y en el autobús de Génova, sino Ignacio Diego», denunció la secretaria general.
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