Rajoy avisa del daño electoral provocado por la "falta de unidad" y pide "un esfuerzo integrador"

No es casualidad que Rajoy, hasta este momento en silencio, lance justamente ahora este mensaje ante la cúpula del partido. El ruido de sables de Cantabria ha llegado hasta Génova, donde la dirección nacional, más pendiente de los daños a la marca provocados por los casos de corrupción, no está acostumbrada a que la región le dé tantos dolores de cabeza.

María José Sáenz de Buruaga escuchó en directo las palabras de Rajoy. La presidenta del PP cántabro asistió a ese encuentro del comité ejecutivo nacional en Madrid y hoy se enfrenta a uno de los momentos más delicados desde que derrotó a Ignacio Diego por sólo cuatro votos en el congreso. Las decisiones que se tomen hoy en la reunión de la dirección autonómica serán claves para el futuro del partido. Y todo parece indicar que la vía del diálogo dejará paso a la del castigo.

Comité de Garantías

Nueve de los trece diputados del PP en el Parlamento contestaron el pasado viernes al ultimátum de Buruaga con una negativa a acatar las órdenes de la Ejecutiva. Ignacio Diego, Eduardo Van den Eynde, Luis Carlos Albalá, Francisco Rodríguez Argüeso, José Manuel Igual, Cristina Mazas, Santiago Recio, Mercedes Toribio y Ruth Beitia firmaron un escrito en el que no aceptan el cambio de portavoz en el hemiciclo. Durante toda la semana pasada ya se negaron a recoger el certificado y a darse por enterados del mandato, pero el viernes reconocieron expresamente que no lo aceptan al considerarlo "nulo".

Serán los 57 miembros del comité ejecutivo autonómico, entre los que se encuentran dos de los que han rechazado la orden, José Manuel Igual y Eduardo Van den Eynde, y los tres senadores nacionales que forman parte del núcleo duro de Diego, los que hoy voten las medidas contra esta decisión. Aunque desde la sede de Joaquín Costa no quieren adelantar acontecimientos, lo más probable es que se decida elevar el caso al comité de derechos y garantías que, por cierto, todavía no está formado. Sólo está nombrado su presidente: Javier Noriega.

Será este órgano el que decida abrir una investigación y, si procede, abrir expedientes disciplinarios. El caso de Van den Eynde e Igual es peculiar, porque al ser miembros de la junta directiva nacional sólo deben responder ante el órgano estatal. Es decir, sería directamente Génova la que debería tomar una decisión directamente. Y en Madrid ya han avisado de que no les temblará la mano para expedientar a los nueve diputados, después de haberles llamado para que "entraran en razón" y recordarles que la decisión de cambiar al portavoz era "legítima".

Este proceso disciplinario podría demorarse durante meses, ya que los afectados pueden presentar recursos y alegaciones tanto a nivel regional como nacional. Pero no tiene vuelta atrás. Si el partido decide sancionar a los diputados cántabros por desobediencia, como se recoge en los artículos 16 y 17 de los estatutos, se enfrentarían a una suspensión mínima de un año y, en el caso más radical, a la expulsión del Partido Popular.

Mientras tanto, Ignacio Diego no rompe el silencio que mantiene desde hace casi dos meses, pese a la petición expresa de la dirección a que revele públicamente su postura en este conflicto. En el núcleo duro de María José Sáenz de Buruaga nadie duda de que el expresidente está detrás de la campaña de acoso y derribo a la nueva dirección. Y por eso, le han señalado como pieza clave para poner freno a la contienda.

"Si no da explicaciones, si no se posiciona claramente, los militantes pueden llegar a pensar que está detrás de esta estrategia de difamación y de la escala de agresiones contra la presidenta y contra el PP", señaló la semana pasada el vicesecretario de Estrategia y Acción Política de la formación y diputado nacional por Cantabria, Diego Movellán.