El PP abre expediente al exdiputado Carlos Bedia y al movimiento ‘Lealtad Popular’

Los estatutos tipifican como infracción grave "propagar por cualquier medio noticias que desprestigien al partido y descalifiquen a cualquiera de sus órganos de gobierno o representación, además de cualquier manifestación pública oral o escrita que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado". Pero no se van a abrir de inmediato expedientes disciplinarios, sólo informativos para estudiar si se han violado las normas internas del partido. Será el Comité de Derechos y Garantías el que deba decidir, en su caso, los castigos. Las sanciones van desde la suspensión de militancia entre uno y cuatro años hasta la inhabilitación para desempeñar cargos, tanto dentro del partido como en representación suya.

Las medidas contra los diputados, por su lado, quedaron aplazadas después de que el comité ejecutivo decidiera repetir el proceso de relevo del portavoz para tener "mayor seguridad jurídica". Un paso que se dio después de que Eduardo Van den Eynde impugnara la decisión por no haber sido incluida en el orden del día.

"Ante la constatación de que todos los acuerdos se recurren, se cuestionan y se ponen en solfa, hemos optado por un criterio de prudencia, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener para un diputado del Partido Popular desobedecer una orden del Partido Popular", señaló ayer mismo la secretaria general, María José González Revuelta.

Meses y recursos

Como ya pasó la semana anterior, los parlamentarios tienen un límite de tiempo para contestar, en este caso el viernes, como muy tarde. Está previsto que el jueves mismo se produzca una reunión informal de los nueve diputados díscolos para estudiar en detalle la resolución de la ejecutiva. "Si es igual que la anterior, palabra por palabra y en el mismo tono, supongo que haremos exactamente lo mismo: rechazarla. Pero antes de adelantar nada, vamos a reunirnos y decidirlo de forma colegiada, como siempre", explicó a este periódico el todavía portavoz del PP.

Si no acatan la orden según ellos no se le puede imponer al grupo una decisión así, González Revuelta ya avisó este miércoles que se les aplicarán los estatutos "con todas sus consecuencias". Esto significa la apertura de expedientes disciplinarios, directamente resueltos por la dirección nacional, que podrían suponer incluso la expulsión de partido. De todos modos, será un proceso largo en el tiempo, ya que los afectados podrán presentar recursos llegado ese extremo.

La secretaria general confía en que este "nuevo trámite formal" llevado a cabo para ratificar el cambio de portavoz sirva de "oportunidad para el sentido común" y los diputados "recapaciten" en su postura. También cree que puede servir para que los parlamentarios "digieran y se apliquen" el mensaje lanzado esta misma semana por el presidente nacional del partido. Mariano Rajoy avisó del daño electoral que puede provocar la "falta de unidad" y pidió "un esfuerzo integrador" en los territorios divididos tras los congresos regionales.

Defiende el cambio

González Revuelta defendió la decisión del relevo de portavoz cuando, a su juicio, es el Parlamento el "primer sitio donde se tiene que visibilizar el cambio en la manera de estar y de hacer" que, a su juicio, se decidió en el congreso regional del partido que designó a Sáenz de Buruaga como presidenta tras ganar a Diego por cuatro votos, proceso que está impugnado en los tribunales.

"Nadie entiende que la presidenta de un partido no pueda ser su portavoz en un pilar tan fundamental para la acción política como es el Parlamento", señaló su número 2, que volvió a advertir que "si alguien no lo acepta y quiere que las cosas se hagan de una manera distinta se está colocando fuera del Partido Popular".