PP: el acuerdo imposible

Diego estaba dispuesto a ceder el testigo de la presidencia a su número dos, pero se reservaba importantes privilegios para seguir manejando los hilos del partido. La idea era representar con una foto en amor y compaña la transición pactada entre los dos principales dirigentes del PP. Buruaga y su gente valoraron la opción, finalmente rechazada con el argumento de que no se podía aceptar un relevo tan visiblemente tutelado cuando lo que se perseguía era un cambio radical en la política del partido. En síntesis: pasar del a suerte o a muerte del PP en soledad frente a todos los adversarios que había practicado Diego a la apertura al diálogo con otras fuerzas que postulaba Buruaga para poder gobernar las instituciones en tiempos de mayorías absolutas remotas o imposibles.

No faltan los dirigentes populares de una u otra adscripción que lamentan la oportunidad perdida de un pacífico cambio de ciclo. Opinan, incluso, que el tiempo y el cargo habrían operado a favor de la nueva presidenta hasta hacerse con todos los resortes del poder interno. Otros, más escépticos, conjeturan que el apaño sólo habría servido para mantener el partido en el estado de postración en el que se encuentra inmerso desde el fracaso electoral de 2015 y para que el conflicto estallara en cuanto la nueva líder intentara cambiar la estrategia política y el estatus dirigente.

En aquella negociación fallida, que incluyó la llamada a capítulo de Génova a los dos dirigentes cántabros en busca de la integración, Sáénz de Buruaga tuvo la percepción de que Diego llevaría su lucha por la supervivencia política y el control del partido hasta las últimas consecuencias. Ahora ya está bien claro. Lo asombroso es que tanta gente se haya embarcado en esa travesía hacia el abismo que tiene como principal beneficiario, y todos lo saben, al PRC de Revilla al que tanto han combatido los últimos 14 años.

Los bienintencionados llamamientos al diálogo y la generosidad por las dos partes, como la combinación de mano tendida y amenazas disciplinarias de la nueva ejecutiva, suenan ya estériles. En realidad, desde el día siguiente del congreso decidido por sólo cuatro votos, el bando perdedor ya tenía trazado el despliegue de su ofensiva: la protesta ante Génova, la demanda ante los tribunales por el pago masivo de cuotas en Laredo, la rebelión del Grupo Parlamentario mayoritariamente afín a Diego.

Es en la Cámara donde tiene lugar el conflicto más notorio y doloroso. En el objetivo de que Sáenz de Buruaga sustituya como portavoz a Eduardo Van den Eynde, el diputado más hostil a la nueva presidenta desde el principio de la crisis, la dirección del partido invoca los relevos producidos en los parlamentos de Castilla-León o La Rioja después de los congresos regionales y hasta pone como ejemplo la renuncia fulminante del socialista Antonio Hernando en el Congreso tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias, pero de momento no logra imponer la obediencia. A un mes del Debate sobre el Estado de la Región, el PP discute a voz en grito quién ha de ser su portavoz parlamentario. Un espectáculo lamentable que desactiva cualquier propósito de oposición solvente y creíble al Gobierno bipartito.

Ningún avance hacia la paz, sino todo lo contrario. Ignacio Diego ya no disimula su implicación con el bando rebelde y se fotografía en Castro Urdiales con diputados regionales y dirigentes locales de su cuerda, con el exconsejero Miguel Ángel Serna y el exparlamentario Carlos Bedia, ya expedientado por sus críticas a la ejecutiva de Buruaga.

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero y diputado regional, uno de los dirigentes con mayor predicamento, ha abandonado ruidosamente el perfil bajo que mantenía el equipo de Buruaga nunca creyó en su neutralidad para librar la batalla del Parlamento en las filas de Diego. Su hermana Gema, la alcaldesa de Santander, está alineada con Buruaga, pero él ha tomado el otro camino y no teme la expulsión del partido, que se cierne sobre todos los diputados insumisos, 9 de los 13 que tiene el PP en el Parlamento.

El senador Javier Fernández, que era nada menos que el secretario general, el número dos que Diego llevaba en su candidatura, ha tomado distancia en el conflicto para asumir formalmente que Buruaga es ahora la nueva presidenta del PP. La condición de parlamentario nacional sugiere el toque de atención desde Génova, pero ahí están sus compañeras en la Cámara alta Esther Merino y Blanca Martínez que siguen en el bando disidente.

La resolución de la demanda que reclama la nulidad del congreso, que ha sido admitida a trámite, será un hito en esta crisis, para dar amparo a la denuncia de los críticos o para reforzar la legitimidad de Buruaga y su equipo. Pero el proceso judicial llevará su tiempo. Puede que antes se sustancie la catarata de expulsiones que promueve la nueva dirección del PP de Cantabria y se compruebe entonces si los seguidores de Diego están dispuestos de verdad a seguir en la batalla bajo otras siglas. En todo caso, el daño al PP ya es irreparable.