Educación elimina las vacaciones de Semana Santa del calendario escolar

Vayamos por partes. Ayer, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y los sindicatos de la Junta de Personal Docente STEC, CC OO, UGT y ANPE aprobaron el calendario escolar del próximo curso. El modelo implantado este año no cambia, ya que los 175 días lectivos se reparten en cinco bimestres separados por cuatro periodos de vacaciones, pero sí su distribución. Tal y como se había acordado en las reuniones previas, se eliminan las vacaciones vinculadas a la Semana Santa, obviando así una festividad religiosa de gran calado en España y que las familias suelen aprovechar para tomar unos días de descanso. Así, los escolares sólo disfrutarán de los festivos, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, pero no tendrán más vacaciones ni por delante como sucede en muchas comunidades autónomas ni por detrás, durante la Semana de Pascua, como ha sido práctica habitual en Cantabria. En su lugar, se establece una semana de descanso en torno al puente del 1 de mayo.

El calendario elimina también las vacaciones vinculadas a una festividad laica como el Carnaval, también habituales. De esta manera, los periodos de descanso del próximo curso serán definitivamente del 30 de octubre al 5 de noviembre; del 23 de diciembre al 7 de enero (Navidades); del 22 al 27 de febrero; y del 30 de abril al 6 de mayo. Con esta modificación, los cinco periodos de clase se estructuran todos en torno a 32-35 días lectivos. «Esta distribución introduce una racionalización de los tiempos escolares más adecuada para procurar un mayor bienestar físico y emocional a los alumnos y una mejora del aprendizaje y los resultados académicos», defendió el consejero Ramón Ruiz.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA), mayoritaria en la enseñanza pública, no ve con malos ojos la decisión de suprimir las vacaciones ya que «es una medida acorde a los planteamientos que defendemos desde hace años de que no es lógico que la programación del curso escolar tenga que depender del calendario religioso». Sin embargo, como no es una opinión unánime dentro de su colectivo, la FAPA destaca que no es una decisión en la que haya participado, «por lo que la responsabilidad de explicarla a los sectores reacios a ella corresponde a quienes sí han estado en las negociaciones».

Mucho más crítica se mostró la Concapa, asociación de padres referencia en la enseñanza concertada, que a través de su presidenta, Mónica Haro, mostró su disgusto por la eliminación de unas vacaciones como las de Semana Santa «muy unidas a la tradición y a las creencias de este país», además de los problemas de conciliación que supone trasladarlas a otras fechas.

Cansados de no ser escuchados

En los que sí unieron sus quejas la FAPAy la Concapa fue en el rechazo a otra de las medidas adoptadas ayer en la Mesa Sectorial:la Consejería y los sindicatos acordaron mantener la jornada reducida en septiembre y junio en la Educación Infantil y Primaria, desoyendo así la petición de ambas asociaciones de padres, que reivindicaban implantar en estos dos meses el mismo horario que el resto del curso para así contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Ni siquiera se aumentará media hora la jornada reducida de tres horas y media a cuatro, tal y como había planteado la Administración como solución intermedia. Los sindicatos se negaron a esta opción y Educación ha terminado cediendo. «El consejero está rendido a los sindicatos; siempre nos ha dicho que estaba de acuerdo en eliminar la jornada reducida en septiembre y junio... ¡Y aprueba todo lo contrario!», criticaba Leticia Cardenal, presidenta de la FAPAy próxima máxima responsable de la Ceapa.

«Los únicos que parece que tienen algo que decir en la Educación son los sindicatos; la opinión de los demás está claro que no vale», asegura por su parte Mónica Haro. La presidenta de la Concapa justifica que el calendario escolar «no debe salir de una mesa de negociación en la que sólo están representados la Consejería de Educación y los sindicatos, sino del Consejo Escolar, donde está presente toda la comunidad educativa y de donde hubiera salido una propuesta de consenso. Es increíble que no se escuche a las familias, que son a quienes más afecta los horarios de sus hijos».

Ruiz confía en que las asociaciones de padres «comprendan» las razones pedagógicas y de organización que sustentan la decisión de mantener la jornada reducida de tres horas y media al principio y al final del curso. «En septiembre los niños tienen otros ritmos vitales tras la desconexión de las vacaciones largas del verano, por lo que se deben incorporan de forma progresiva, para acostumbrarse poco a poco a las clases y tareas escolares. Y en junio, están ya muy cansados y hay que reducir la carga lectiva», defendió el consejero tras la reunión de la Mesa Sectorial en una reflexión que fue compartida punto por punto por José Ramón Merino, Rus Trueba, Conchi Sánchez y Laura Guate, representantes de STEC, ANPE, CC OO y UGT.

Los sindicatos antepusieron los criterios pedagógicos a los laborales para justificar la resolución, que ha vuelto a poner a los profesores en el centro de las críticas sociales. Por ello, insistieron en que la jornada reducida «es para los alumnos, no para los profesores», recordando que son horas que los docentes utilizan para trabajar en «otras tareas más allá de dar clases», como son la coordinación, la programación, la reflexión conjunta o la homogeneización de criterios.

Pero no. Las asociaciones de padres no comprenden las razones para no suprimir la jornada reducida. «¿Cómo no van a poder los niños estar cinco horas en clase en septiembre después de todas las vacaciones del verano? Si es cuando más descansados están... La primera semana todavía se puede entender el tema de la aclimatación, pero después ya no», razona Haro.

Los asociaciones de padres están muy molestas y no descartan desenterrar el hacha de guerra. Están cansadas, hartas. Ayer los teléfonos ardían con llamadas de padres y madres indignados. El pasado año, la Mesa Sectorial aprobó un nuevo modelo de calendario sin contar con las familias, que se enteraron por los medios de comunicación. Y este año la Administración educativa no ha tenido en cuenta la petición común de la FAPA y la Concapa de establecer el mismo horario todo el curso, que la FAPA había respaldado hasta con una recogida de firmas. Ni una sola concesión.

Ambos colectivos no descartan «medidas de protesta y presión», aunque prefieren esperar a las reuniones que mantendrán este próximo lunes, por separado, con Ramón Ruiz. «Nos van a oír», avisa Leticia Cardenal. La proporción de esas medidas es hoy en día imprevisible ante el cariz que están tomando los acontecimientos.

Las evaluaciones se reducen

En la Mesa Sectorial se aprobó además reduir de cinco a cuatro las evaluaciones a las que se tendrán que enfrentar los alumnos el próximo curso, ya que se elimina la de febrero. Los sindicatos habían pedido que, manteniendo los cinco bimestres lectivos, se suprimiera el sistema de cinco evaluaciones que implantó la Consejería de Educación el pasado año «sin contar con nadie» una vez ya había sido aprobado el nuevo modelo de calendario y exigía volver a las tres evaluaciones clásicas para evitar la «sobrecarga» de trabajo que han sufrido los alumnos y profesores.

Finalmente, se ha adoptado una solución intermedia y el próximo curso habrá cuatro evaluaciones: tres cuantitativas, las que cuentan para nota, antes de Navidades, Semana Santa y en junio; y una cualitativa, que se realizará antes de las vacaciones de principios de noviembre, un momento «muy apropiado», tras un mes y medio de clase, para realizar un «primer informe o diagnóstico» de los puntos positivos y dificultades que presentan los alumnos, y tomar a tiempo las medidas correctoras en caso de que sea necesario.

Otro de los puntos aprobados, por unanimidad, ha sido una nueva orden reguladora de la provisión de empleo docente interino en la enseñanza pública no universitaria. Así, se establece un sistema más flexible, menos encorsetado que el regulado en la orden 80, de 2013 que ahora se deroga, otorgando a los aspirantes a nombramientos interinos una mayor libertad a la hora de participar en las correspondientes convocatorias y solicitar los puestos que más se adecúen a sus circunstancias personales, familiares y laborales.