Seis empresas pugnan por los derechos de la mina de zinc

El Ejecutivo dividió el área y publicó dos convocatorias distintas. Una para la zona occidental y otra para la oriental de una docena de municipios que, según las previsiones, esconden una de las vetas de zinc más importantes del mundo, capaz de generar un millón de toneladas de mineral cada año.

Los dos permisos de investigación, que el Gobierno espera adjudicar "rapidísimo", en un mes como máximo, caducarán dentro de un año. Antes de que acabe ese tiempo, las compañías deberán presentar los resultados y solicitar un nuevo permiso, esta vez de explotación, acompañado por un estudio de impacto ambiental muy estricto que, además, fue endurecido en el Parlamento. Es decir, en un plazo de uno o dos años deberían estar en marcha las excavaciones para construir la mina a 500 metros de profundidad.

Una de las firmas más importantes que pugnará por el contrato es la norteamericana Louis Berger, matriz de la cántabra Apia XXI desde hace cuatro años. Esta compañía es un referente mundial en proyectos de ingeniería. Suyos son el One World Trade Center -el rascacielos más alto de New York construido sobre el suelo de las Torres Gemelas- o la piscina reflectante del monumento a Lincoln de Washington. Con más de 6.000 ingenieros en su plantilla y oficinas en 157 países, Louis Berger trabaja en la gestión ambiental de dos minas: Greens Creek (Alaska) e Inco (Canadá).

De Australia a Unquera

Ésta es la única empresa que aspira a quedarse con la gestión de las dos zonas. La del área occidental corresponde a los municipios de Udias, Alfoz de Lloredo y Comillas, entre otros, en los que la densidad de zinc se supone que es similar a la oriental -Torrelavega, Reocín...- pero cuenta con muchos menos sondeos realizados y, por tanto, la información sobre lo que hay realmente bajo el suelo es inferior. El resto de competidores sólo se ha presentado a una de las áreas.

La australiana Slipstream Resources y el Grupo Candesa, de Cantabria, pugnarán por los derechos del yacimiento occidental. La primera es un fondo de inversiones que se dedica a rastrear el mercado mundial en busca de oportunidades en el sector minero donde lograr la máxima rentabilidad. En verano del año pasado, la compañía pidió autorización para operar en Portugal, en una prospección de cuarzo, feldespato, litio y otros minerales en la ribera del río Miño. En caso de adjudicarse el contrato de la mina de la Comarca del Besaya, se asociaría con una empresa española.

Candesa, por su lado, se presenta al concurso a través de su filial Áridos y Hormigones del Deva, con sede en Unquera. Este grupo es uno de los principales del país dedicados a la minería a cielo abierto no metálica y sus derivados. Cuenta en la actualidad con nueve canteras activas -Las Caldas, La Robla o Herrera de Camargo, entre otras- y ocho centros de producción de hormigón propios en Cantabria, Asturias y Castilla-León.

En la zona occidental, Apia XXI se enfrentará con la canadiense Emerita Resources, una de las empresas que más interés ha puesto en la mina de zinc. Hasta el punto de promover el cambio de legislación en Cantabria y reunirse con los partidos políticos para exponerles su proyecto económico y ambiental. Con sedes en Toronto y Sevilla, se dedica a la adquisición y desarrollo de propiedades mineras en España y Brasil. Actualmente es titular de los proyectos mineros de investigación 'Las Morras' y 'Peña Encina', ambos situados en Extremadura, y 'Sierra Alta', en Asturias, dedicados a la minería de oro. Emerita Resources forma parte de Forbes & Manhattan, un banco de negocios que crea empresas en torno a iniciativas de interés económico.

Las últimas dos firmas son españolas: Atalaya Mining y Hormisa, una filial del Grupo Sadisa. La primera tiene su sede en Huelva y opera a través de su filial Atalaya Riotinto, creada en 2007 para reabrir la mina de ese mismo nombre. Se ha encontrado con multitud de problemas judiciales y administrativos, entre ellos una denuncia de la Fiscalía el mes pasado por contaminación atmosférica. La segunda, propiedad de Santiago Díaz, gestiona canteras en Lerma (Burgos), Llanes (Asturias) y Barros, Carranceja y Escobedo. Es una de las compañías que aparecen en la causa contra el empresario cántabro por defraudar presuntamente a Hacienda 800.000 euros.

Elección de las ganadoras

La legislación preconstitucional que rige la minería en España dejará la elección de las empresas a la subjetividad de un grupo de funcionarios del Gobierno regional. El Estado intentó modificar la normativa en 2015, con cambios fiscales y en los plazos de las concesiones, pero se encontró con la oposición del sector. Serán dos funcionarios de Hacienda, otro del servicio jurídico, un secretario técnico y el director general de Industria, Raúl Pelayo, los que elijan los mejores proyectos, guiándose únicamente por el despliegue técnico, la inversión prevista y el impacto social, laboral y económico en la comarca del Besaya.

No se valorarán las ofertas económicas porque no existirán. No se contemplan en la ley. El único dinero que las empresas han tenido que poner sobre la mesa es el de la tasa por cuadrícula. Una cantidad que es igual para todas: 1.502 euros por la primera casilla y 12 euros por cada una de la siguientes.