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Teodoro San José
Domingo, 25 de junio 2017, 07:58
«Preocupación» y «pesimismo» son dos palabras, expuestas en un comunicado, que vienen a definir el estado de ánimo y, sobre todo, el cansancio y la desesperanza por el que atraviesan los afectados por las sentencias de derribo, agrupados en torno a las siglas AMA ( ... Asociación de Maltratados por la Administración). Este colectivo, que se reunió ayer en Argoños para conocer el resultado de los encuentros de sus representantes con el Gobierno de Cantabria, emitió una nota en la que afirman que ven el futuro «muy negro» y que no comprenden cómo las administraciones «siguen sin poner los medios» para alcanzar una solución definitiva a su problema, que afecta a unas seiscientas viviendas condenadas a la piqueta. Porque su propósito es que la solución se alcance en esta legislatura.
Y es que tras la reunión del miércoles con la vicepresidenta y competente en materia de urbanismo, Eva Díaz Tezanos, y con los consejeros de Presidencia y de Medio Rural, Rafael de la Sierra y Jesús Oria, los representantes de AMA consideran que «se ha realizado muy poco y quedan muchos temas pendientes». Lo decían respecto al desarrollo de la declaración institucional del Parlamento que solicitaba una solución definitiva en la presente legislatura. Yasí se lo explicaron ayer Antonio Vilela y Ciriaco García, presidente y vicepresidente del colectivo, a los más de doscientos afectados que acudieron al Centro Cultural de Argoños.
Tras dar cuenta de sus gestiones elaboraron una nota pública, que encabezaron con un elocuente AMA ve muy negro su futuro. Y cuando hablan de «preocupación», dicen, es «por el retraso en los presupuestos de los ayuntamientos con fallos de sentencias de derribo». Invocan a la responsabilidad de las corporaciones locales para «cumplir con sus obligaciones urbanísticas y con cientos de familias».
«En situación penosa»
Si hablan de «pesimismo» es porque la asociación apunta «a las aportaciones extraordinarias» del Estado con Cantabria para afrontar los efectos derivados de las sentencias de derribo, solicitando al Ejecutivo regional «que aumente de forma considerable las partidas presupuestarias» para 2018 y 2019. De no ser así, dicen en su escrito, «nos encontraremos en una situación penosa, y se habrá defraudado, otra vez, a las familias afectadas».
AMA no comprende que todos estén «de acuerdo en la necesidad de dar una solución a los afectados» y que luego, «cuando el tiempo pasa, las instituciones condenadas siguen sin poner los medios para dar esas soluciones». Por último, reclaman a los tribunales que «se aplique la ley con toda agilidad contra los que están haciendo tanto daño a los ciudadanos y a las familias afectadas por las sentencias de derribo». Yrematan:«No puede ser que pasen 20 años sin reparar el daño causado».
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