PP abre expediente a dos militantes por un incidente en el proceso congresual

Durante la consulta, se produjo una discusión entre las dos empleadas del partido y las dos afiliadas porque estas últimas estaban grabando lo que estaba ocurriendo, vídeo que difundieron públicamente y que es el motivo por el que se abierto ese expediente.

«Los expedientes responden a la grabación de unos hechos y su posterior difusión pública», ha asegurado en un comunicado la secretaria general de los 'populares', María José González Revuelta, que ha detallado que esos expedientes responde a «la utilización, manipulación y difusión pública de una grabación, y no a los hechos que se produjeron en jornadas previas al Congreso Regional».

En cuanto al Comité de Derechos y Garantías, ha explicado que se trata de un «órgano especializado, autónomo e independiente de la dirección», designado y elegido por la Junta Directiva Regional, en este caso por unanimidad, que puede actuar de oficio o por denuncia de un afiliado.

Según la secretaria autonómica del PP, «la dirección del partido no tiene, por lo tanto, nada que ver con las decisiones que adopta».

González Revuelta ha añadido que el expediente abierto a dos militantes tiene carácter informativo y, por lo tanto, de sus conclusiones no tiene que deducirse necesariamente una sanción.

En cuanto al inicio del citado expediente, ha indicado que «el Comité de Derechos y Garantías no lo abrió de oficio, sino a raíz de una denuncia y petición de amparo de la gerente de la sede y de una trabajadora por la difusión pública de la grabación».

La secretaria autonómica ha subrayado que el Comité de Derechos y Garantías ha citado a las dos afiliadas para que pongan a disposición del instructor la información que tengan sobre lo ocurrido, «con el fin de darles las mayores garantías».

Por último, ha indicado que el PP es «un partido democrático que tiene sus normas, sus estatutos y sus procedimientos establecidos democráticamente por los propios afiliados, que hay que cumplir y respetar como se ha hecho en los últimos 40 años». «Son unas normas que afectan tanto a cargos públicos como a afiliados», ha añadido.