Absuelven a tres socios de un club de cannabis porque creyeron que era una actividad lícita

No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cantabria, tribunal que el pasado mes de junio confirmó la condena de diez meses de prisión y pago de una multa de 10.000 euros a dos hombres, miembros de otra asociación cannábica, a quienes intervinieron 93 plantas de marihuana cultivadas en una nave abandonada de Santillana del Mar. Los destinatarios de la marihuana cultivada eran los miembros de la Asociación Terapéutica de Ayuda Cannábica Cántabra, de la que forman parte. Sin embargo, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5, que dictó la sentencia en primera instancia, consideró que no se había acreditado este hecho, argumento que ratificó el tribunal.

El presidente, secretario y tesorero de la ACBB de Torrelavega fueron juzgados el pasado mes de octubre. En aquel acto recibieron el apoyo de más de setenta miembros del club cannábico, entre los que se encontraba el portavoz del PP en el Parlamento, Eduardo Van den Eynde, que es la cara visible de la lucha en Cantabria por la legalización del cannabis medicinal, una sustancia que utiliza por prescripción médica para sobrellevar el cáncer que padece.

Ahora, la sentencia les absuelve porque aunque la juez sostiene que la actividad que desarrollan los club cannábicos es ilegal los encausados creían todo lo contrario. Subraya la sentencia que los acusados, que organizaban y dirigían la estructura asociativa de Bolera Besaya, distribuyeron, al menos entre los meses de diciembre de 2013 a septiembre de 2014, marihuana entre diversos socios a razón de 5 euros el gramo como aportación al club. Para el consumo de los asociados cultivaban una plantación en Vioño de Piélagos, que fue descubierta por la Guardia Civil en septiembre de 2014. Los agentes incautaron 56 plantas de marihuana y después montaron una serie de vigilancias en el local que tenía la asociación en Campuzano. En esos controles llegaron a intervenir pequeñas cantidades de cannabis a diferentes personas, pero para su propio consumo.

Todo este operativo dio lugar a unas diligencias judiciales que desembocaron en el juicio celebrado en octubre. Pero meses antes de la intervención policial, en enero de 2014, otro juzgado de Torrelavega archivó una investigación abierta contra el tesorero tras haber sido interceptado en su vehículo transportando 400 gramos de cannabis, más dinero en metálico, procedentes de la asociación. Este hecho ha sido decisivo en la absolución. La juez Merchán sostiene que ese auto de sobreseimiento libre implica que los acusados «racionalmente pudieron entender que su actividad era lícita» y que la distribución de la droga entre los socios, «compartiendo los gastos de cultivo e infraestructura, con la convicción de que todos eran consumidores y asumían el compromiso de destinar lo recibido a su exclusivo personal consumo, estaba tolerado por el ordenamiento jurídico».