AIReF propone «fusiones» de empresas públicas y subir tarifas en servicios de Cantur o MARE

El informe considera que el volumen empresarial público, con 25 entidades, «no es excesivo» pero plantea la necesidad de «fusiones» de entidades y propone, para incrementar ingresos y mejorar resultados, esa subida de tarifas de algunas instalaciones de Cantur, como Cabárceno o Alto Campoo, externalizar algunos de sus servicios, y elevar un 17% lo que MARE cobra a los ayuntamientos por recogida de basura o cerrar las cuevas en temporada baja.

Estas son algunas de las medidas propuestas en el estudio que el Ejecutivo regional encargó a mediados del año pasado a la AIReF en cumplimiento de una disposición recogida en la ley de presupuestos de 2017, para analizar la situación de las empresas y fundaciones públicas y proponer medidas que mejoren su gestión.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha presentado hoy, en rueda de prensa, las conclusiones y las medidas propuestas en este informe, que se ha enviado a los grupos parlamentarios para que lo analicen, y que ha valorado como «una hoja de ruta». Sin embargo, ha puntualizado que habrá que ver cuáles se pueden implantar y en qué plazos, porque, según ha argumentado, muchas dependen de «decisiones políticas» que no solo competen al Gobierno de Cantabria, sino que tienen que ser aprobadas en el Parlamento regional.

Entre las conclusiones del informe, Sota ha señalado que el informe de la AIReF revela que Cantabria es ser la tercera comunidad autónoma que menos empresas públicas tiene, por debajo de Castilla-La Mancha y La Rioja. También ha detectado «solapamientos» en las actividades de esas entidades, que según el consejero «no son graves», así como la realización de actividades externas a sus objetivos, una gestión de tesorería descentralizada y la realización de procesos de seguimiento y control a un nivel de análisis «básico».

Además, según datos de 2016, la AIReF detalla que las empresas y fundaciones públicas del Gobierno de Cantabria tuvieron una diferencia entre ingresos y gastos de más de 72 millones de euros, aunque Sota ha aclarado que la deuda consolidada de estas entidades se redujo un 29% el año pasado, hasta los 4,4 millones de euros.

Frente a esto, y para mejorar la gestión del sector público y fundacional de Cantabria, en el estudio se propone, según ha explicado Sota, medidas a tres niveles, el primero centrado en la reducción de gastos y el incremento de los ingresos, con una implementación «menos compleja» y a más corto plazo.

En el segundo nivel estarían los cambios estructurales, con la propuesta como la de agrupar todas las entidades relacionadas con la gestión del suelo, mientras que las últimas medidas estarían relacionadas con la centralización de la gestión de servicios a través de una oficina central, en un horizonte de 3 a 8 años.

«Todo este conjunto de medidas proporcionarían unos mayores ingresos de 44,7 millones de euros», ha resumido Sota, quien ha señalado que en el informe se hace «especial hincapié» en la necesidad de ajustar los costes a los ingresos en el sector público de la región.

Según ha explicado, en el mencionado primer nivel estarían medidas como el aumento de las tarifas de servicios turísticos como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en el entorno de un 30%, o de la estación de esquí de Alto Campoo, lo que ha opinado que podría hacer a estas instalaciones «menos competitivas», después de haber registrado una subida este año.

También se propone el incremento en un 17% de las tasas que la empresa pública Mare cobra a los ayuntamientos, lo que el consejero ha advertido de que acabaría repercutiendo en los ciudadanos.

Y se plantean otras medidas como la instalación en Cabárceno de un hotel en régimen de concesión, el cierre de algunas recursos turísticos, como las cuevas, en temporada baja, o la privatización de parte de la oferta de restauración deficitaria de Cantur.

Además, la AIReF plantea que exista una selección de directivos para estas entidades »centralizada y transparente», lo que, según Sota, el Gobierno regional ya está haciendo, y que se cree una oficina central de gestión y centro de servicios compartidos, en dos fases.

En una primera fase, que sería «más rápida de implementar», se trataría de unificar los servicios de contabilidad o de asesoría jurídica, mientras que en la segunda etapa se implantarían medidas estructurales, para lo que el consejero ha hablado de un plazo de 8 años.

Sota ha incidido en que se trata de un estudio «muy interesante» desde el punto de vista de la proyección, con un análisis, a su juicio, «muy pormenorizado», en el que se propone actuar de una manera que, según ha concluido, «no está muy alejado de la austeridad» que el Gobierno de Cantabria ha impuesto a su sector público en esta legislatura, con una «importante» reducción de sus pérdidas.